NO FUE LA LUNA LLENA

Tomás Oropeza Berumen, 18.11.08.- Para evitar que reventara la presa Peñitas, administrada por la CFE en las proximidades de Villahermosa, la capital de Tabasco ¿quién dio la orden de vaciar 2 millones de litros de agua por segundo durante varios días hasta llegar a casi 500 billones que agua que cubrieron más del 70% del territorio tabasqueño y parte del chiapaneco, hundiendo en la miseria a más de un millón de personas ya de por sí miserables?

No fue la luna llena ni el cambio climático, como dijo Felipe Calderón. Esa fue una decisión que alguien tomó en algún alto nivel donde se decide el futuro de los habitantes del país. Y donde se había venido decidiendo que empresarios privados, principalmente españoles, se beneficiaran con contratos anticonstitucionales para llegar hoy a ser los productores del 31% de la electricidad del país, marginando a la CFE.

En la demanda que la semana pasada interpuso Andrés Manuel López Obrador ante la PGR, contra el gobierno de Felipe Calderón y el ejecutivo actual de Tabasco, Andrés Granier, los tres últimos ex presidentes y ex gobernadores, así como contra los titulares de la Comisión del Agua y de la CFE, se fundamenta la hipótesis de que todos los mencionados son corresponsables de la destrucción de miles de empresas y campos de cultivo grandes, medianas y pequeñas y de la desolación en que hoy sobreviven cientos de miles de familias de las entidades mencionadas.

López Obrador acusó a Mr. FC de “manejo irresponsable de la operación del Sistema Hidroeléctrico del Grijalva, en particular de la presa Peñitas”, para fomentar la participación del sector privado, principalmente español en la prestación de este servicio público, gracias a la aprobación de reformas y adiciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, desde 1992.

Es claro desde nuestra perspectiva que en esencia se trata de un crimen de Estado, resultado de la aplicación de la política económica que padecemos, misma que sólo ha servido para aumentar la riqueza de la oligarquía en el poder, de los amos de México y del imperialismo español y por supuesto del esadunidense.

Y por ello mismo, no debería diluirse la responsabilidad culpando al “sistema socio- económico”, pues a fin de cuentas, este tiene sus personeros, sus ejecutores que al mismo tiempo son beneficiarios de la existencia del régimen socio económico dominante. Por lo que, esperar a que los tribunales de la justicia mexicana realicen una investigación objetiva y castiguen a los responsables es una necedad. Pero ni modo, algo debe hacerse y para el llamado presidente legítimo, el todavía perredista Sr. López, el primer paso fue realizar la demanda, a sabiendas de qué lado está el aparato de la justicia en este país.

Y en esta película espantosa en que se ha convertido la vida de los mexicanos, no sólo el PRI y el PAN cometen atrocidades. También el PRD hace lo suyo en materia de represión contra la lucha de indígenas, estudiantes, obreros y campesinos, como sucede en Chiapas, con los indígenas zapatistas; Michoacán con los obreros de SICARTSA; y Guerrero, donde los estudiantes normalistas fueron brutalmente reprimidos hace unos días nomás por demandar 75 plazas magisteriales y la preservación de la licenciatura en educación primaria de un estado donde el 40% de la población es analfabeta.

En la capital de Guerrero, Chilpancingo, el gobierno del perredista Zeferino Torre Blanca ordenó que más de mil granaderos bajo el mando del general Heriberto Salinas Altés, reprimiera con bombas lacrimógenas, disparos y helicópteros a unos 800 estudiantes de la normal rural de Ayootzinapa. El saldo de heridos fue de 250, diez de ellos de gravedad y varios desaparecidos.

Esa fue una buena lección, ni duda cabe, de las bondades del perredismo en el poder, para los futuros maestros provenientes de 16 estados que acudieron en apoyo solidario a la tierra de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, también profesores rurales que abrazaron la lucha armada en la década del 70 y en cuyo ejemplo se inspira el EPR, que hace 4 meses demandó la presentación de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, secuestrados por el ejército el 25 de mayo en Oaxaca, con varias detonaciones en instalaciones de Pemex, empresa que también se halla en la mira de las ambiciones empresariales y del complaciente gobierno de Calderón.

Economía

Y mientras millones de mexicanos tratan de escapar de la pobreza emigrando a Estados Unidos, de donde se ha expulsado a más de un millón de personas que son regresadas de nuevo a la miseria de sus pueblos y hogares en México, un reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) da cuenta del reverso de la moneda al informar que en septiembre pasado 188 mil 424 inversionistas (0.17 por ciento de la población) concentró en sus manos valores inscritos en el mercado accionario por un monto de 4 billones 282 mil 460 millones de pesos, cantidad que equivale a 44.38 por ciento del PIB.

La vieja ley descubierta por Carlos Marx, según la cual el capital se concentra y se centraliza a costa de la miseria de la mayoría se ilustra en México con el hecho de que en el año transcurrido de septiembre de 2006 al mismo mes de este año, el valor de los activos de inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) creció en un billón 134 mil 483 millones de pesos. Una cantidad equivalente a 44 % del tan cacareado “gasto social más alto en la historia de México” del gobierno federal en 2008, que asciende a 2 billones 569 mil 450.2 millones.

Y para empeorar el triste futuro inmediato de millones de mexicanos, Centro de Estudios del Sector Privado (CEESP) informó que “siguen las presiones inflacionarias”, principalmente por el alza en los precios de los alimentos y que se prevé que en al próximo año la inflación será mayor al 3 por ciento previsto por el Banco de México (BdeM).

Por su parte el secretario de Hacienda, Guillermo Carstens aseguró que los ingresos de la reforma fiscal y los elevados precios del petróleo permitirán aplicar políticas anti cíclicas en 2008, para contrarrestar los efectos de la desaceleración económica prevista en Estados Unidos.

Desbordante de optimismo este peso completo del neoliberalismo dijo que el elevado precio del petróleo y la reforma fiscal, “nos permite llegar a 2008 con el mayor presupuesto de gasto en la historia, lo cual ciertamente va a contribuir a inducir una mayor actividad económica en el país”.

Pero mientras que la militarización del país esta resultando un fiasco para garantizar la seguridad pública y la derrota del crimen organizado dos hechos aumentaron la certeza de que el país se halla ya en un torbellino de violencia del que no se sabe cuando y como se saldrá: el primero es el “rescate” por un comando de medio centenar de matones, del cadáver del Abulón, un capo del cartel de Tijuana que murió en un accidente en Ensenada, BC, al caerse el helicóptero desde el que presenciaba una carrera de autos.

Y en el estado de Michoacán otro comando de encapuchados de filiación desconocida atacó la sede del Consejo Electoral Municipal de Zamora, Michoacán, para quemar la papelería de las elecciones que en ese momento era contabilizada. Todo ello en estados en los que la PFP y elementos del ejército tienen fuerte presencia.

REPÚBLICA BANANERA

Tomás Oropeza B., 10.11.07.- México se centroamericanizó y pasó de ser la “dictadura perfecta” del PRI para convertirse en una república bananera del PAN donde el gobierno surgido del fraude electoral, es incapaz de cumplir con la obligación de garantizar la seguridad de la población. Donde un hombrecito disfrazado de militar quiere aparentar que combate “con todo el peso de la ley” y del ejército a la delincuencia organizada y cada día se producen ejecuciones y emboscadas a las fuerzas del orden por parte de los malos de la película, los narcos.

País situado al norte del Río Bravo, pero cuyas fronteras se han recorrido hasta el Suchiate en virtud de un proyecto norteamericano donde se le asigna al ejercito mexicano el papel de guardián de los intereses del capital, el Plan Mérida.

En donde la concentración de la riqueza ha producido a varios de los que encabezan la lista de los más ricos del mundo, pero donde el gobierno ha fracasado estrepitosamente en su tarea de reducir la pobreza y hasta el FMI, cuyas recetas han sido aplicadas puntualmente desde hace un cuarto de siglo, señala que Argentina y Brasil han tenido más éxito que sus discípulos del PRI y del PAN.

Un país en donde una tormenta, sumada a décadas de corrupción, negligencia e irresponsabilidad de los gobernantes estatales y federales es capaz de provocar una catástrofe que hunde en la mayor de la pobreza a más de un millón de personas, como ha sucedido en Tabasco y Chiapas.

Un país en donde la clase trabajadora, junto a los campesinos e indígenas están siendo víctimas de una verdadera guerra por el gobierno del cambio unido a los empresarios de insaciable apetito por mayores ganancias.

Tabasco

En medio de la inundación del estado de Tabasco donde un millón de personas resultó gravemente perjudicada por el supuesto cambio climático que según el ejecutivo Felipe Calderón (FC) fue causante del desbordamiento de la presa Peñitas, el michoacano dijo rechazar el “protagonismo” de quienes pretenden lucrar la tragedia de esa entidad y la de Chiapas, al anunciar que se invertirán 7 mil millones de pesos en la reconstrucción mismo. Cantidad muy menor a los 5 mil millones de dólares de pérdidas calculados oficialmente cuando todavía faltan por cuantificar muchos de los daños.

Por su parte Andrés Manuel López Obrador, el llamado presidente legítimo, sostuvo que tiene elementos para demostrar que la catástrofe tabasqueña fue provocada por la pésima administración de la presa Peñitas por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la corrupción de varias administraciones estatales y el gobierno de FC, el problema es que el Peje esta pensando en presentar las pruebas de sus dichos y exigir justicia ante un aparato judicial completamente a la orden del poder.

Mundo laboral

Y en tanto que las aguas regresan a su cause en el sureste mexicano, en el resto del país a los trabajadores les llueve en su milpita, con despidos, cambios de facto a la ley laboral, mayor desempleo, cancelación de sus derechos, aumento de precios y nuevas traiciones de sus líderes venales, los charros sindicales.

En la UNAM los 25 mil trabajadores administrativos aceptaron sumisamente un incremento salarial menor al 5 %, porque según el comité ejecutivo del STUNAM, encabezado desde hace décadas por líderes charros como Agustín Rodríguez, con ese porcentaje se rompió el tope salarial, cuando la realidad es que la inflación real del año que termina les ha robado más de ese porcentaje a los chambeadores.

En el Colegio de Bachilleres a los trabajadores administrativos la patronal les rebajó la oferta salarial que les había hecho antes de que estallaran la huelga el pasado 30 de octubre, que era de 4. 66 a 5.66. Hace unos días les propuso aumentarles sólo el 3.8%. Además la dirección de esa institución pretende que las autoridades laborales declaren nula la huelga mediante un recuento amañado. Ante eso el sindicato expresó que mantendrán su movimiento, pero la realidad es que están solos en su lucha pues los sindicatos del sector educativo les han dado la espalda.

Los telefonistas, que llevan 31 años bajo el liderazgo de Francisco Hernández Juárez están bajo una consulta que terminará a finales de noviembre para decidir si aceptan una reforma al estatuto que permitiría la enésima reelección de su secretario general, aumento de cuotas y la ampliación del aparato burocrático sindical con la creación de un comité ejecutivo adjunto. Por lo pronto han comenzado las denuncias sobre el nepotismo de Hernández, quien tiene muy bien colocados a sus familiares y parientes políticos en lucrativos y estratégicos puestos sindicales.

Para variar en el IMSS, los trabajadores fueron traicionados por sus dirigentes sindicales, quienes a espaldas de los sindicalizados tomaron acuerdos con la patronal para modificar su régimen de pensiones y jubilaciones. Situación que provocó la renuncia de los abogados laborales Néstor de Buen y Arturo Alcalde, quienes denunciaron la gravedad de esos acuerdos en lo oscurito. El acuerdo contiene 4 puntos: 1) Que la dirección general del IMSS y el secretario general del SNTSS aceptan el arbitraje del secretario del Trabajo, cuyo resultado será inapelable, para determinar el número de plazas que falta por contratar en la institución.

2) Que la edad de jubilación para los nuevos trabajadores aumenta a 60 años y después de 35 años de servicio para los varones y 34 para las mujeres (en el régimen actual es de 30 y 28 años, respectivamente).

3) Que las cuentas de retiro se gestionarán de manera similar a la de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), que garantizan, actualmente, una pensión equivalente a 30 por ciento del último sueldo.

y 4) Que se instalará una comisión para revisar las condiciones de jubilación de los nuevos trabajadores de la institución, pero que en caso de que en 90 días no se llegue a un acuerdo, los empleados que sean contratados por el instituto recibirán como pensión los beneficios que marca la Ley del Seguro Social, que rige para todos los trabajadores del sector privado, en los que la pensión mínima garantizada es de un salario mínimo.

Los mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco que llevan ya más de tres meses en huelga fueron plantados por sus patrones del Grupo Minero México, con el pretexto de que no quería correr el riesgo de ser extorsionado y dejó plantados a los funcionarios, a los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y al enviado del gobernador Eduardo Bours.

De ese modo el grupo empresarial pretende quebrar la lucha de los trabajadores afiliados al sindicato dirigido por Napito Gómez Urrutia, líder charro que se ha convertido en perseguido político del gobierno del cambio, obsesionado por acabar con el sindicato minero mediante el recurso de crear secciones con líderes todavía más serviles.

Y como para dar otra vuelta a la turca de la ofensiva patronal y gubernamental contra la clase trabajadora se anuncia ya que antes de que termine el año se realizará la Reforma laboral.

Ante eso los autollamados líderes del sindicalismo independiente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) han expresado que no permitirán que se les excluya de la negociación que llevará a legalizar lo que ya la clase capitalista ha estado aplicando ante las narices de las autoridades del trabajo.

Economía

Y mientras todo esto sucede sin que se genere una reacción igual y en sentido contrario, se anuncia de nueva cuenta que la economía de los Estados Unidos va en declive y según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en 2008 los precios de alimentos y servicios aumentarán por “el comportamiento del mercado internacional y los efectos de la reforma fiscal” calderonista.

Tabasco, bajo el agua y el control militar

Tomás Oropeza Berumen, 03.11.07, México.- En el marco de la más grave catástrofe hidráulica ocurrida en el estado de Tabasco, el ejecutivo Felipe Calderón (FC) otorgó al ejército y la armada la facultad para ejercer el gobierno en esta entidad petrolera y agrícola donde cerca de un millón de habitantes ha sido evacuado de sus viviendas por la peor inundación en medio siglo.

Villahermosa, la capital del estado, se encuentra vigilada por más de 7 mil 500 militares y policías encargados de la seguridad de los centros comerciales. Pese a ello, este sábado un millar de tabasqueños desesperados por la falta de alimentos y agua llevó a cabo el saqueo de una tienda departamental. Ante esto el gobernador amenazó con encarcelar a todos los que fueran identificados en las cintas de las videocámaras.

También en el vecino estado de Chiapas el desbordamiento de varios ríos ha causado 4 muertes y 70 mil damnificados en los municipios de Reforma y Pichucalco cercanos a la presa Peñitas, administrada por la Comisión Federal de Electricidad, entidad a la que se señala como la responsable del súbito desfogue de una gran cantidad de agua que provocó el desbordamiento del río Grijalva en Tabasco.

Como es su costumbre, Calderón pontificó sobre las causas de lo sucedido y lo atribuyó al cambio climático. En las fotos publicadas por la prensa aparece posando, afanado en cargar paquetes de ayuda para damnificados que desde el lunes amarecieron con el agua hasta el cuello, luciendo una gorrita castrense con cinco estrellas, correspondiente al grado de jefe supremo de las fuerzas armadas del país, a las que en un virtual golpe de estado contra el gobernador del estado puso al mando, haciendo a un lado a Andrés Granier Melo, un priísta apodado El Químico quien ha reclamado apoyo efectivo y un plan hidráulico para Tabasco.

La tragedia pudo haberse evitado si los ex gobernadores Roberto Madrazo, Manuel Andrade y el actual ejecutivo estatal no se hubieran robado los recursos por 1, 970 millones de pesos que la paraestatal Pemex les entregó para realizar obras de infraestructura para prevenir inundaciones y construir viviendas en zonas seguras. O si se hubiera hecho uso correcto de los 2 mil 60 millones de pesos que la Comisión Nacional del Agua entregó al gobierno estatal dentro del programa Proyecto Integral de Control de Inundaciones (PICI) o -al manos- se hubieran aplicado las recomendaciones de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU que sostiene que lo más fácil de prevenir son las tormentas y aconseja adoptar “sistemas de alerta temprana, evaluación de riesgos, planes de desalojo, educación a la población vulnerable y planeación del uso de tierra.” Pero como sabemos, el hubiera no existe y las consecuencias están a la vista.

La inundación que a decir del gobernador tabasqueño es peor que la de Nuevo Orleáns, se fue fraguando a lo largo de muchos años en los que el Estado dejó de cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de la población y parte de esa irresponsabilidad la comparte el gobierno federal hoy en manos de FC.

Se dice que más del 70% de Tabasco se halla bajo el agua por el desbordamiento de los ríos Teapa, Puxcatán, La Sierra. Pichucalco, Grijalva, Viejo Mezcalapa, Carrizal y Sumaria y que se ha perdido el 100 % de su producción agrícola y parte de la ganadera. Por lo cual es previsible un incremento de los precios de productos como el cacao, caña de azúcar, plátano, coco, maíz, fríjol, arroz, aguacate y carne de bovinos. Según la Confederación Nacional Campesina (CNC) las pérdidas llegan a 5 mil millones de pesos tan solo en la agricultura. Lo cual en un contexto internacional de incremento en los precios alimentarios tendrá graves efectos para el pueblo mexicano.

El optimismo del Carstens

Y mientras el Edén era cubierto por el agua, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, anunciaba la buena nueva: que este año se crearán 800 mil nuevos empleos (700 mil menos de los que se necesita cada año, más los rezagados), pero que se reducirán las esperanzas de que crezca la economía. Y además señaló lo que cualquier mexicano ya sabe: que la inflación va a galope y que será peor en 2008.

Por su lado Agustín Carstens, secretario de Hacienda, expuso una visión glamorosa de la economía mexicana en el marco de la 18 convención nacional del Mercado de Valores. Ahí presumió que en México la inflación bajó de 4.19% a 3.8%, mientras que en Chile y Brasil pasó de 2.1% a 5.8% y de 2.8% a 4.9%, respectivamente. Omitiendo informar que aquellos países sí han tendido un crecimiento del PIB superior al de México.

En este panorama FC aprovechó la ocasión y demandó mayor apoyo para llevar a cabo las reformas estructurales en materia energética, de telecomunicaciones y laboral.Y pese a lo turbio de todos los procesos electorales recientes sostuvo que con la reforma electoral se recupera la confianza en las elecciones.

Lo que es evidente son las contradicciones existentes en materia económica en el reino celestial, pues mientras el Banco de México (Guillermo Ortiz) recomienda mayores inversiones productivas e incrementar los créditos para los hogares y para las pequeñas y medianas empresas, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, anunció que habrá más aumentos en las tasas de interés para las tarjetas de crédito.

Se reactiva la lucha social en Oaxaca

Y como una demostración de que la voluntad de lucha del pueblo oaxaqueño es inquebrantable, a pesar de que en el país más de 900 personas han sido víctimas de la represión política, y 169 sufren de las mazmorras del gobierno del PRI-PAN y PRD, en calidad de presos políticos, algunos con sentencias de virtual cadena perpetua (67 años) como los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y el universitario Héctor Galindo), en Oaxaca se recordó con una marcha, el pasado 27 de octubre, al periodista de la agencia Indymedia Bradley Rolland Will y al profesor Emilio Alonso Fabián, asesinados por los matones del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, hace poco más de un año.

Y de nuevo el día de muertos, para recordar la derrota que la APPO le impuso a la soldadesca de la PFP, se intentó establecer una barricada en las calles cercanas a la Universidad, pero los cuerpos antimotines de URO arremetieron contra los manifestantes y encarcelaron a 20 de ellos durante unas horas. También se reportó la tortura de dos activistas por parte de la policía oaxaqueña.

CON CALDERON, MAYOR EXPLOTACIÓN LABORAL Y SOMETIMIENTO AL IMPERIO YANQUI

Tomás Oropeza, México, 27.10.07.- El sometimiento del gobierno de Felipe Calderón a los intereses de Washington, al aceptar que nuestro país sea considerado dentro del área de seguridad del imperio gringo, y que el ejército mexicano, sea un simple peón del capital de aquella nación, sigue afianzándose al mismo tiempo que la ambición de una clase empresarial sedienta de ganancias acaba con la vida de 21 trabajadores petroleros en la Sonda de Campeche.

Asegurados contra el “terrorismo”

La firma de un acuerdo con el Banco Mundial por parte del secretario de Hacienda Agustín Carstens, para asegurar las inversiones extranjeras, paraestatales y nacionales ante los daños que les pudieran generar huelgas, sabotajes, o actos de terrorismo, es indicativa de la decisión gubernamental de enfrentar las consecuencias que pudieran acarrear el descontento social generado por la injusticia imperante en el país o por la política imperialista de Estados Unidos, con cargo al patrimonio de los mexicanos, en vez de buscar disminuir el descontento popular con una política menos injusta y de menor inequidad en la distribución del ingreso.

No hay que olvidar que en las recientes reformas a la legislación se tipifica como delito de terrorismo a varias de las formas de lucha social que tienen por finalidad obligar al gobierno a solucionar las demandas de algún sector social insatisfecho con su situación actual. Consecuencia de esas reformas, es la tendencia a criminalizar o los luchadores sociales, tal como lo demuestra la creciente cifra de presos y desaparecidos políticos en el país.

La “adhesión plena” al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), entidad del Banco Mundial responsable de asegurar a las compañías privadas “contra riesgos políticos” en los países donde opera deberá todavía pasar por una discusión en el congreso que es casi seguro que la aprobara, pues conforme a la información oficial el MIGA estimula la “inversión benéfica” para el desarrollo en mercados que inversionistas y aseguradores tradicionales ven con desconfianza, mediante seguros en contra de riesgos políticos y no comerciales.

El plan Mérida

Dentro de la línea de subordinar al país al área de intereses económicos, políticos y militares de Estados Unidos, el ahora bautizado como Plan Mérida mediante el cual supuestamente se llevará a cabo un programa de lucha conjunta contra el narcotráfico y el terrorismo, el gobierno del presidente G. Bush le entregará al de Calderón los primeros 500 millones de dólares de un total de 1, 400 que le serán entregados a México, en armamento, equipo, asesoría y entrenamiento. Todo dentro del paquete de recursos destinados a la guerra contra el pueblo de Irak.

Respecto a una aportación de 7000 millones de dólares por parte del gobierno de Calderón, anunciada por el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán surgió una polémica en la que el embajador fue regañado, pero no se despejaron las dudas.

Las consecuencias de un plan México o Mérida la podemos ver en el espejo de Colombia, donde hace varias décadas con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, se instrumentó el Plan Colombia y las consecuencias de ello ha sido que las actividades delictivas continúen envolviendo a toda la sociedad, que los grupos de paramilitares hayan adquirido mayor poderío con la complicidad del ejercito y el gobierno, que la presencia de militares norteamericanos sea un hecho cotidiano y que sea sobre todo el movimiento popular el enemigo a vencer por los esfuerzos del bloque mencionado.

En México es claro que se trata de establecer una nueva base militar de Estados Unidos, aunque supuestamente sin la presencia de soldados gringos, pero sí con un ejército entrenado y asesorado por el norteamericano, para cuidar los intereses estratégicos de aquél país. O sea, el petróleo, instalaciones estratégicas, minerales, agua, puertos, presas, electricidad, las fronteras, las costas. Además de regular la migración hacia el Norte y como dijo la canciller Patricia Espinosa, también "detectar terroristas".

Otro crimen industrial

La muerte de 21 petroleros en la Sonda de Campeche, casi todos empleados de la Compañía Perforadora Central, que realiza obras para PEMEX en el pozo Kab 101, constituye una nueva tragedia laboral que tiene su origen en la ambición desmedida de capitalistas asociados con el grupo político que actualmente detenta el poder en México y que afanados en obtener las mayores ganancias posibles violan la legislación laboral, pues saben que el Estado mexicano es su cómplice en el proceso de explotación salvaje que sufre la clase obrera mexicana.
Ya el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez había denunciado el nulo respeto por los derechos laborales por parte de Perforadora Central, empresa en la que hace medio año perecieron 5 obreros de Pemex y 5 contratados por ella resultaron heridos.
Al igual que la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila hace más de un año, este crimen industrial se ha producido en el contexto de la embestida empresarial para despojar al pueblo mexicano de las conquistas logradas durante décadas de abnegada y no pocas veces heroica lucha.
Las declaraciones del titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en el sentido de que a más tardar en diciembre serán entregadas al Congreso 184 iniciativas para reformar la Ley Federal del Trabajo, debería desencadenar desde ahora un movimiento defensivo del sindicalismo y el movimiento social mexicano para impedir que la LFT se modifique en beneficio exclusivo del capital, como sucedió recientemente con la nueva ley del ISSSTE y la reforma fiscal.

Sin embargo hasta ahora no se ven indicios de que eso vaya a suceder. Más bien lo que esta ocurriendo es que millones de mexicanos ya han escapado de la miseria cruzando el Río Bravo.

Hoy más de medio millón de hombres y mujeres se van del país cada año, tratando de encontrar empleo en Estados Unidos o en Canadá, que por ahora son los polos de atracción a pesar de la recesión que afecta al primero. Según datos de la Secretaría de Gobernación, en 2005 salieron del país 582, 612 paisanos y desde julio de 2006 a junio de 2007, se fueron 559 000 personas, principalmente jóvenes.

La consecuencia es que México se está despoblando, pues se ha reducido en medio punto porcentual la tasa natural de crecimiento poblacional. En el sexenio de Fox se marcharon del país 3.2 millones de mexicanos y con esto México ha perdido el 8% de la PEA.