lunes, marzo 29, 2010


LOS VENDEPATRIAS

Tomás Oropeza Berumen


México.- En los hechos el gobierno de facto de Felipe Calderón ha convertido a México en un protectorado de Estados Unidos al reconocer que no tiene la capacidad para derrotar a la “minoría ridícula” que según él constituye la delincuencia organizada a la que declaró la guerra en diciembre del 2006, a pesar de haber militarizado el país e impuesto un virtual e ilegal estado de excepción en varias regiones.

Ya antes el general brigadier Benito Medina, director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, había expresado lo mismo al sostener: “No podemos decir que el Ejército no puede, no, es que no solamente no es el Ejército, todo México no puede solo, necesitamos de la colaboración de la comunidad internacional”, aseveración que aparte de mostrar la baja moral de quienes deben velar por la soberanía nacional, es un franco llamado a la intervención de otros países en México para apoyar al gobierno panista en la misión de evitar que lleguen a suelo de Estados Unidos las sustancias que consumen los hijos del Tío Sam.

Más aún: Calderón se niega a discutir la legalización de las drogas arguyendo que mientras en Estados Unidos no se debata el tema, aquí tampoco se hará. Reconociendo con ello el papel subordinado de su gobierno al del vecino del Norte, donde se decide lo que aquí se tiene que hacer.

Y a pesar de que para su guerrita contra el narco esta violentando la Constitución mexicana y los derechos humanos de miles de mexicanos, sostuvo en entrevista para un medio estadounidense que lo único que pretende es “hacer que se respete la ley” aceptando que es “imposible acabar con las drogas y su consumo”

En una entrevista hecha por Fareed Zakaria, conductor del programa GPS de la cadena CNN, Fecal de plano dio muestras de extravío mental al sostener, contradiciendo el discursito que ha sostenido desde diciembre del 2006: “Mi objetivo principal no es acabar con las drogas ni eliminar su consumo. Eso es imposible. Mi objetivo es fortalecer la ley mexicana. Quiero hacer de México un país donde se respete la ley, porque ése es el primer paso para el desarrollo.”

Más allá de los galimatías presidenciales, la inusitada reunión de Alto Nivel para la Iniciativa Mérida realizada el martes pasado entre el gabinete de seguridad del gobierno norteamericano y el de Calderón, unos días después del asesinato de tres personas vinculadas al consulado norteamericano en Cd. Juárez, indudablemente tuvo por objeto dejar claro quién manda al sur del Río Bravo en el Estado fallido mexicano.

La visita de los enviados del continuador de la política del ex presidente George Bush, Barak Obama, encabezados por la secretaria de Estado Hillary Clinton; de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior; el secretario de Defensa, Robert Gates; el director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Michael Mullen constituye una intimidante señal para quienes se niegan a admitir la anexión silenciosa de México a USA, acelerada desde 1994 en que el gobierno de Carlos Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Según la poca información que ha trascendido sobre lo que se trató en esa reunión, se reconoció la necesidad de añadir al Plan Mérida el aspecto de la política social, en vista de que hasta ahora no ha tenido éxito la pura acción policiaco- militar. Por lo que en adelante el gobierno gringo podrá meter las manos en la relación del gobierno mexicano con la sociedad, dizque para regenerar el tejido social siguiendo el modelo inventado para Ciudad Juárez, Chih., impuesto sin consenso con la sociedad fronteriza en donde continúa la presencia castrense a pesar del repudio popular.

Aunque según la versión oficial del resultado de la reunión la representación norteamericana reconoció la parte de responsabilidad que le corresponde, el escenario de la guerra seguirá siendo nuestro país, en donde a todas luces el gobierno y el ejército no han logrado el control de la situación, como lo demuestra la situación en Monterrey, NL, con los bloqueos de calles supuestamente realizados por las bandas de delincuentes y donde - al parecer por error- el ejército mató a dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), tratando luego de ocultar su responsabilidad, primero tachándolos de sicarios y luego ocultando su identidad despojándolos de sus identificaciones que “desaparecieron”. Además sospechosamente los jóvenes estudiantes de postgrado Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, tenían los rostros desfigurados por golpes, según denuncia de sus familiares.

Otro caso que ha llamado la atención y puesto en evidencia la brutalidad de la Marina y/o de la policía regiomontana -corporaciones que se echan mutuamente la culpa- es el asesinato de un presunto narco menudista, José Humberto Martínez Campean de 26 años, quien fue levantado por los marinos ante las cámaras de televisión y más tarde apareció muerto y con huellas de tortura.

Una cosa es cierta: en la supuesta guerra de Calderón contra los carteles de la droga, han muerto más hombres y mujeres que en la intervención norteamericana en Irak, donde desde 2003 a la fecha han perecido 4 mil 386 soldados invasores norteamericanos, desconociéndose el número de iraquíes victimados, mientras que en México han muerto más de 18 mil hombres y mujeres, principalmente jóvenes en las vendetas entre las mafias y enfrentamientos con los cuerpos policíacos y castrences.

lunes, marzo 22, 2010


LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO

Tomás Oropeza Berumen

México, 22.03.010.- En esta primavera el gobierno que encabeza Felipe Calderón a nombre del gran capital, esta empeñado en lograr las reformas laboral, petrolera, política y de seguridad nacional. Se trata de imponer a la clase trabajadora y al pueblo todo, un modelo económico caracterizado por mayores ventajas para la explotación de la fuerza laboral; así como de obstruir -más aún- las vías legales para la lucha por las reivindicaciones laborales y populares.

Consciente de que el malestar popular sigue creciendo en un país con más de siete millones de jóvenes sin acceso a la educación ni al trabajo formal y donde el 70 por ciento de la población económicamente activa subsiste en la economía informal, Calderón sigue militarizando el territorio nacional, a pesar de las protestas populares, como ocurre en Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Tamaulípas, sin mayor éxito en la erradicación del fenómeno que dice combatir, pero generando un miedo paralizante en la población que se ha vuelto rehén de los cárteles del narco y los militares.

Pese a esto, y de manera ejemplar, en Cd. Juárez, Chih. las organizaciones populares y estudiantiles se expresaron con energía el 16 de marzo durante la tercera visita de Calderón a esa frontera, donde nuevamente fue repudiado por los familiares de los estudiantes muertos el 31 de enero, las madres de las mujeres desaparecidas y/o asesinadas y estudiantes universitarios.

En la capital del país y cundo menos diez entidades, ese mismo día se realizó una huelga política nacional convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y decenas de organizaciones populares entre las que destacaron por su combatividad la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la República Mexicana, sectores de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, la Otra Campaña, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, estudiantes de la UNAM y el Politécnico.

Y en medio de la extraña huelga del SME, consistente en colocar las banderas rojinegras en las entradas de 400 centros laborales de la “extinta” Compañía de Luz y Fuerza del Centro (ClyFC), hoy en poder de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se produjo la represión de la Policía Federal, que disparó bombas lacrimógenas contra los trabajadores y afectó severamente a los bebés de una guardería, así como a niños de una escuela en el centro del D.F. También las fuerzas del orden calderonista macanearon e hirieron a varios electricistas en Necaxa, Puebla y Juandhó, Hidalgo.

Podría decirse que el gobierno de FC se ha propuesto doblegar aún más a los trabajadores para cumplir los compromisos con el empresariado que lo colocó en la silla presidencial con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el ejército, después de un proceso electoral fraudulento en 2006.
Ese es el objetivo que se pretende con la reforma a la Ley Federal del Trabajo cuyo proyecto fue entregado la semana pasada al Congreso para su discusión y aprobació.

A decir de los diputados del gubernamental Partido Acción Nacional (PAN) mediante los cambios a la legislación laboral se crearán más empleos, estimulará la inversión nacional y extranjera, incrementará la productividad, México será más atractivo para los inversionistas, etc., etc.
Pero desde la perspectiva de los trabajadores se pretende: cancelar el derecho de huelga; legalizar: los despidos sin indemnización; el establecimiento de los periodos de prueba; legalizar la subcontratación (outsourcing); las funciones polivalentes; hacer imposible el establecimiento de los contratos colectivos y la organización sindical, en fin se trata de crear empleos chatarra, incapaces de permitir a los trabajadores la obtención de un ingreso digno y suficiente.


Ante las críticas a esta ley cien por ciento pro patronal, el secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón ha respondido que es preferible al desempleo.

Otro tema que ha saltado a la palestra en el 72 aniversario de la expropiación petrolera es la pretensión gubernamental de reformar la ley para privatizar Pemex y de plano entregar lo que aún permanece en manos del Estado de esa empresa paraestatal al capital privado. Ahora, como en 2008 -y siempre- el PAN intenta reformar la ley para que el capital “mexicano fortalezca” a Pemex.

Calderón y sus huestes sostienen que el Estado seguirá siendo rector en materia petrolera. La misma mentira con la que justificaron el decreto de extinción de L y FC cuyos bienes están siendo rematados a compañías extranjeras. Y la fibra óptica malbaratada a Televisa asociada ahora con las españolas Megacable y Telefónica.

Con lo que no cuentan Calderón, el PAN y El Yunque, es con la necia resistencia que durante tres décadas y a pesar de las traiciones de la izquierda domesticada, ha impedido la plena imposición de las reformas estructurales neoliberales.

El levantamiento de los pueblos zapatistas en 1994 contra el TLC, la huelga estudiantil de 1999-2000 en defensa de la gratuidad educativa en la UNAM; la oposición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra contra la construcción de un mega aeropuerto en tierras comunales, son demostración de que a un siglo del estallido de la revolución de 1910- 17 en el subsuelo del país sigue vivo el espíritu de rebelión.
Los electricistas del SME, los mineros de Cananea, el pueblo de Cd. Juárez y muchos otros contingentes están hoy en pie de lucha y convocando a un referendo a realizarse el 21, 22 y 23 de mayo para echar abajo, pacíficamente, al presidente del desempleo y la muerte.

domingo, marzo 14, 2010


La vorágine


Tomás Oropeza Berumen

México, 13.03.2010.- En un contexto de creciente inconformidad social, violencia y desprestigio del régimen policiaco militar mexicano, la clase capitalista ha redoblado su ofensiva contra los trabajadores para ver realizado su viejo proyecto de reformar la Ley Federal del Trabajo y aprobadas por un Congreso abyecto las reformas estructurales privatizadoras del petróleo, electricidad, educación, etc.

Al parecer los empresarios y su gobierno están muy seguros de que los asalariados y el pueblo mexicano son incapaces de defender sus derechos, controlados como están por los sindicatos del PRI y del PRD, amedrentados por el terror que ha generado la militarización y el miedo al desempleo.

Justo en estos días en que el Sindicato Mexicano de Electricistas y decenas de organizaciones laborales, campesinas, estudiantiles y populares de todo el país ultiman los preparativos para realizar el próximo martes 16 de marzo una huelga política nacional en la que colocarán las banderas rojinegras en las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ocupadas desde octubre por el ejército y ahora en poder de la Comisión Federal de Electricidad y en venta de garage a empresas extranjeras y a presta nombres.

En una asamblea masiva realizada en el estacionamiento del estadio Azteca los electricistas acordaron que se apostarán en las puertas de los 400 centros de trabajo de que consta la Comisión de Luz y Fuerza hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle sobre el amparo que interpuso su sindicato ante el decreto presidencial de extinción de esa empresa y el despido fulminante de 44 mil trabajadores.
Los trabajadores serán apoyados por ongs, organizaciones sociales, sindicatos, colectivos estudiantiles y populares todos conscientes del peligro de represión gubernamental, que en todo caso será responsabilidad del gobierno calderonista, responsable de esta situación.

Dentro de la ofensiva contra la clase trabajadora el viernes Calderón se comprometió a realizar la reforma a la ley laboral ante la petición que le hiciera la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, durante su Asamblea número 94. Este cártel patronal agrupa unos 650 mil empresarios. Su presidente Mario Sánchez Ruiz, exigió cambios en la ley laboral y reformas estructurales a cambio de la creación de un millón de empleos “dignos y bien remunerados”.
En el cónclave también estuvieron el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes; Claudio X González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) y el gánster sindical Joaquín Gamboa Patrón, presidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la priísta Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Y desde luego no podía faltar el empleado de todos los anteriores y secretario de Trabajo y Previsión Social Alfonso Lozano Alarcón, brazo ejecutor de la política antiobrera de Calderón, tachada de fascista por sindicatos de Estados Unidos, la India, Venezuela, Brasil, etc.

La realidad es que sin reforma laboral, varias empresas ya aplican sus propias reglas a los trabajadores que contratan. Wal Mart, Mac Donalds, Zara, Burguer King, Dominos Pizza, etc. obligan a sus empleados en el momento de contratarlos a firmar una carta en la que renuncian a organizarse. Y debido al enorme desempleo los trabajadores aceptan lo que sea con tal de tener un salario.
Pero también líderes venales del sindicalismo oficial están acordando con los organismos patronales la cancelación de los contratos colectivos para los nuevos trabajadores. Ese es el caso de la industria textil en los ramos de listones, elásticos, cintas y encajes, donde los líderes de la CTM y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), ambas pertenecientes al PRI, acordaron con los patrones que los nuevos empleados sólo tendrán derecho al salario y prestaciones de ley, pero no a los beneficios establecidos en los contratos colectivos. Renunciando de este modo a las conquistas en materias de tabulador, prestaciones y condiciones de trabajo según consta en el Diario Oficial de la Federación.

Esta es la verdadera guerra que el gobierno y la patronal están desarrollando contra el pueblo mexicano y en particular contra la clase trabajadora.

Otro frente que Calderón tiene que atender es el surgido la semana pasada a raíz del pleito entre el PRI y el PAN por las alianzas que el blanquiazul esta celebrando con el PRD. Descubriéndose que ambos partidos habían celebrado un pacto para que el PAN se abstuviera de aliarse con el sol azteca en el estado de México a cambio de que el tricolor apoyara la reforma fiscal de Calderón.

En la discusión salió a relucir lo que ya todos sabíamos: que Calderón fue impuesto en Los Pinos gracias al respaldo del PRI “para garantizar la estabilidad del país”, según palabras de la lidereza priísta Beatriz Paredes.

Pese a esta confesión el PRD mantendrá sus alianzas con el partido de Calderón, faltaba más, pues para el senador perredista Carlos Navarrete, “las alianzas no son cosa de principios, sino de táctica”. “No son un matrimonio” diría el coordinador panista en el Senado, Pablo Emilio Madero, a lo que el el lumpeneszco don Manlio Fabio Beltrones (Don Beltrone) replicaría “¿Se trata nomás de una acostadita, sin compromiso?”

Sin embargo el episodio que ahora se quiere minimizar a toda costa, es un buena muestra del grado de las contradicciones que existen arriba, entre la clase política, que está dispuesta a darse hasta con la cubeta por las parcelas de poder que detentan sus miembros o pretenden alcanzar.

De manera soterrada y a veces abierta se puede detectar que al interior de PAN, PRI y PRD hay una lucha intensa que podría resolverse de manera violenta, como ocurrió en 1994, cuando el candidato del PRI Luis Donaldo Colosio fue liquidado por un “tirador solitario” para poner a Ernesto Zedillo.


Hoy por hoy el país está atravesado por intensas contradicciones entre los dueños del dinero y los trabajadores. Entre el cartel de Los Pinos y el Chapo Guzmán y las otras bandas de narcotraficantes.
Entre el ejército y el pueblo que lo repudia y exige, como en Cd. Juárez, que regrese a los cuarteles.
Entre el pueblo y el gobierno de Calderón cuya renuncia ya es un clamor nacional.
Entre el pueblo y los delincuentes que no cesan su carnicería cotidiana. Entre el pueblo y los grupos paramilitares como el Ejército de dios, apoyado por el ejercito de Calderón para combatir a los pueblos zapatistas.
México vive hoy una vorágine, no cabe la menor duda. Y el pueblo tiene la palabra en la definición de su futuro.

domingo, marzo 07, 2010



YA COMENZÓ EL ESTALLIDO SOCIAL

Tomás Oropeza Berumen




México, 7 de marzo del 2010.- Cada día resulta más extendido y evidente el repudio popular al régimen de facto de Felipe Calderón, quien además se hace llamar "comandante supremo" de unas fuerzas armadas que lo tienen en sus manos desde que ayudaron a la mafia empresarial a imponerlo en la presidencia, transformándose en un importante factor de poder gracias al papel de fuerza policíaca que se le adjudicó para llevar a cabo una supuesta guerra contra el narcotráfico.

Una forma del descontento social con las instituciones del Estado han sido los enfrentamientos de pobladores con las fuerzas policíacas, como el ocurrido el lunes 21 de febrero en San Mateo Actopan, delegación de Milpa Alta, D.F., donde sólo con la negociación se logró evitar el linchamiento de tres policías federales que intentaron detener, sin orden de aprehensión a dos jóvenes de ese pueblo famoso por su mole.

Según las notas periodísticas miles de pobladores incendiaron patrullas y dieron una paliza a más de mil 500 policías y granaderos.

A principios de noviembre del 2009 en San Matías Cuijingo, municipio de Juchitepec, estado de México, hubo otro intento de ajusticiar a cuatro supuestos secuestradores. Decenas de habitantes se enfrentaron a la policía y destruyeron varias patrullas. La razón es que no creen en los jueces ni en la policía, como la mayoría de mexicanos.
El jueves 10 de diciembre, en un poblado de San Francisco Chimalpa, edomex, cientos de hombres y mujeres trataron de linchar a un sujeto que intentó violar a una niña. También enfrentaron a los uniformados e incineraron un vehículo policiaco.
Dentro de esta serie de actos bárbaros, de un país en donde la gente desconfía de las instituciones encargadas de administrar la justicia, en Juchitán, Oaxaca, se registró el 18 de febrero un crimen de la turba que quemó vivo a un chaval de 17 años, quien supuestamente había herido y asaltado a un taxista.

Otro antecedente macabro fue la incineración en vida y ante las cámaras de televisión de dos elementos de la Policía Federal Preventiva (hoy Policía Federal), hace 5 años (23 de noviembre de 2005) en Tláhuac, D.F. porque fueron confundidos con robachicos.

La relación de víctimas de la ira ciega y no siempre justa es larga y rebela la existencia de un México bronco que aflora a la menor provocación, descargando su coraje y frustración contra otros que han sido convertidos en delincuentes o polizontes por un sistema socio económico que hunde en la degradación a millones de seres todos los días.

Estos estallidos de furia parecen confirmar las tesis de quienes sostienen que el estallido social del siglo XXI mexicano ya esta en curso. Pero sin un programa revolucionario y gastando la pólvora en infiernitos. Rebelión desarticulada y sin rumbo que fácilmente puede ser reprimida y aislada por las "fuerzas del orden". Incuso instrumentalizada para el negocio de la guerra.

Hoy hasta las encuestas, siempre complacientes con el poder, dicen que cada día es menos la gente que confía en Calderón. En su más reciente ejercicio Consulta Mitofsky encontró que en un año la "popularidad" del michoacano se despomó 13 puntos porcentuales al llegar al 46.2 por ciento el nivel de desaprobación con su forma de gobernar. En tanto que la calificación a los 13 trimestres de su mal gobierno apenas alcanzó el 6.4. Pero en las entidades norteñas la popularidad del michoacano se desplomó casi 19 puntos.

Seguramente la inconformidad ha escalado con el escándalo que se ha producido al conocerse que PAN y PRI pactaron apoyar juntos al asesino con cara de muñeco: el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto al comprometerse Acción Nacional a no celebrar alianzas con otros partidos a cambio de que el tricolor aprobara la reforma fiscal calderonista: aumento al IVA y a productos y servicios del gobierno como la gasolina, petróleo, gas, Diesel, etc.

No olvidemos que Peña Nieto fue, junto con el ex presidente y empleado de la Coca Cola, Vicente Fox, responsable de la brutal represión contra los pobladores de San Salvador Atenco donde la policía violó a decenas de mujeres, mató a un niño y a un estudiante de la UNAM; apaleo y torturó a decenas, profanó hogares, robó y sembró el terror en un operativo de Estado para atemorizar al pueblo mexicano.

De este asunto tenebroso no sale tampoco bien parado el PRD porque decidió aliarse al partido de Calderón, el PAN, responsable junto con el PRI, del establecimiento de la política económica neoliberal.
En quíen podrá confiar el pueblo mexicano, cuando todas sus ilusiones se rompen y hasta los santones de barro quedan al desnudo, como el fundador de los legionarios de cristo, Marcial Maciel del que tantas historias infames se han sabido.

Hay que voltear hacia abajo, a pesar de lo que digan los escépticos profesionales. Hoy la clase obrera está en el escenario de las luchas sociales dando la batalla, mientras otros permanecen paralizados y mudos.

Los electricistas y los mineros, proletarios de carne y hueso, son en estos momentos los aglutinadores del descontento social y están convocando a preparar la huelga política nacional para el próximo 16 de marzo a las 12 horas y una consulta nacional para la revocación del mandato de Calderón a realizarse los días 22, 23 y 24 de mayo.

La lucha por el derrocamiento de Fecal apenas comienza. Y México habrá de pasar por episodios semejantes a los protagonizados por los pueblos sudamericanos que en unos cuantos años fueron capaces de derrocar a varios dictadores que hoy viven en su verdadera patria, los Estados Unidos.

Pero desde ahora habrá que discutir lo que se quiere construir, pues no se trata de quitar a un pésimo gobernante para poner otro igual o peor, que sólo administre el modelo neoliberal, como en Grecia están haciendo los socialistas al imponer una política de shock económico.