TIEMPOS DE CAMBIO

Tomás Oropeza Berumen

No sólo el modelo económico impuesto al mundo por las grandes potencias imperialistas a través de sus organismos financieros internacionales, el neoliberalismo, está haciendo agua a raíz del estallido de la crisis económica en 2008. Es, en última instancia, el modo de producción capitalista el que se halla en un callejón sin salida.

El reconocimiento por parte de los directivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de la gravedad de la crisis económica en curso no alcanza a expresar la profundidad del desbarajuste que vive el mundo. Se queda en el lamento y a lo sumo apunta hacia la necesidad de hacer algunos cambios cosméticos en las orientaciones de las políticas económicas de los principales motores del mundo. No puede ser de otro modo. Ambas agencias expresan los intereses del gran capital.

Pero el hecho de que señalen en voz del Director gerente del FMI, Dominique Strauss Kahn, el riesgo de que los jóvenes de hoy sean una generación perdida, porque en las condiciones actuales les sea imposible encontrar empleo, al tiempo que advierte sobre el peligro para la paz social que eso implica, debería encender un foco rojo para que los adoradores del neoliberalismo comiencen a buscar alternativas al modelo económico hoy evidentemente quebrado por la realidad.

Según datos de esos organismos cuyas directrices económicas se han impuesto en casi todo el mundo, provocando el desmantelamiento del Estado Benefactor (terminar con los aranceles aduaneros; desregular sus economías en beneficio del capital financiero; abrir sus mercados; privatizar empresas paraestatales; reformar sus legislaciones laborales, etc.) la crisis iniciada hace dos años destruyó 30 millones de empleos y el crecimiento económico del mundo no generará en el corto plazo los 450 millones de plazas que hacen falta para incorporar a los jóvenes a la economía.

A lo anterior hay que agregar el hecho de que hoy existen, según el FMI, 210 millones de personas sin empleo en el mundo. En cuanto a la calidad de los empleos existentes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) punta que el 50 % de los ocupados tiene un empleo precario, es decir inestable y sin ningún tipo de prestaciones y que 8 de cada diez personas en el mundo no cuenta con ninguna cobertura de seguridad social.

En México

Según los pronósticos del FMI en la segunda mitad de este año y el primer semestre del 2011 la economía mundial se desacelerará.
Para México el Grupo Financiero Invex calcula que este año su PIB será de 4%, sin lograr aún recuperar lo perdido el año pasado, cuando cayó cerca del 7% y que en 2011 descenderá el PIB a 3.2 %. El FMI tiene otro pronóstico, un poco menos negativo: para 2010 calcula un crecimiento de 5% y de 3.9 en el año próximo.

Según el INEGI en julio pasado la tasa de desempleo era de 5.7% y de subocupación de 8.5% . De los desempleados el 74.7 % contaba con estudios superiores.
Una cuestión medular que los economistas oficiales pierden de vista cuando hablan del crecimiento de la población sin empleo es que dentro del modo de producción capitalista el desarrollo de la ciencia y la técnica aplicado a la producción, se traduce en un desplazamiento de fuerza de trabajo, pues al aumentar la productividad de éste, aumenta la masa de medios de producción, materias primas, etc. , que puede poner en movimiento una cantidad decreciente de obreros.

Dice El Capital, la obra cumbre de Marx y Engels, que la existencia de una sobre población relativa, de un ejército industrial de reserva, es consustancial al sistema socioeconómico capitalista.

Hoy es claro que los desarrollos científicos y tecnológicos han incrementado la productividad en el mundo. Qué una cantidad menor de trabajadores puede producir mucho más de lo que antes producía una masa mayor de fuerza de trabajo. Y eso se traduce, dentro de las actuales relaciones de producción basadas en la propiedad privada de los medios de producción, en una desgracia para millones de hombres y mujeres que resultan ser una sobrepoblación que no encontrará quien le compre su fuerza de trabajo.

Seguramente los cálculos del desempleo que hacen el FMI, BM y OIT se quedan cortos, pues su metodología esta lejos de buscar la verdad, como ocurre con la del INEGI y en general con las estadísticas gubernamentales. Por lo cual la situación de los trabajadores del mundo es mucho más grave de lo que dicen quienes trabajan noche y día para que continúe el desorden mundial capitalista.

Contra los efectos de la política neoliberal se está levantando la clase obrera de varios países. En España recientemente más de 10 millones de obreros paralizaron al país repudiando la reforma laboral impuesta por la derecha, incluyendo al PSOE.
En Francia continúan las movilizaciones proletarias contra el despojo de los fondos de retiro y el incremento de la edad para jubilarse.

Grecia ha vivido paros y manifestaciones masivas contra el plan económico que les impuso la Unión Europea y el FMI, mismo que perjudica a la clase trabajadora.
A unas semanas de cumplirse un siglo del estallido de la revolución de 1910, los trabajadores mexicanos y amplias capas de la población viven la traición de la izquierda electorera y buscan una salida a la miseria que casi 30 años de capitalismo salvaje ha generado.
Dentro del capitalismo no hay salida, a lo sumo puede haber paliativos, soluciones parciales y temporales, aún cambiando el modelo neoliberal por uno de inspiración keynesiana, las leyes del sistema terminan por imponerse y desembocar en crisis como la que atraviesa el mundo hoy.

1968 - 2010

Tomás Oropeza Berumen

A 42 años del movimiento estudiantil - popular de 1968 y de la matanza del 2 de octubre, México padece un régimen antidemocrático y autoritario. Bajo un modelo económico donde el capital tiene patente de corso para explotar al pueblo y los recursos naturales sin ninguna clase de restricción.Y las demandas enarboladas en aquel entonces por decenas de miles de estudiantes de todo el país continúan siendo vigentes.

El cuerpo de granaderos, cuya desaparición se exigía, hoy es más numeroso y junto con agrupaciones paramilitares, escuadrones de la muerte, la policía, el ejército y la marina, sigue siendo un instrumento de represión de los gobernantes de todo signo.
Hay decenas de presos políticos en las cárceles del país. Se ha criminalizado a los luchadores sociales y muchos andan a salto de mata para evitar ser detenidos.

Las libertades democráticas son letra muerta. En los hechos varias entidades viven bajo el control castrense.

El ejército y la marina violan las garantías individuales de los mexicanos. Ambos cuerpos represivos realizan aprehensiones, torturan a los detenidos y violan campesinas y estudiantes. También han cometido asesinatos contra familias enteras.
Lejos de avanzar a la democracia el país ha sufrido la imposición de dos ejecutivos. Uno en 1988, cuando la oligarquía burló el resultado de las elecciones e impuso a Carlos Salinas de Gortari. En 2006 nuevamente mediante un golpe de Estado técnico se impuso al actual ejecutivo de facto, Felipe Calderón.

Con la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2000, no se produjo una transición a la democracia, como esperaban los que votaron por Vicente Fox. La ultraderecha llegó al poder por un acuerdo de la cúpula que gobierna al país.

Se impuso el bipartidismo del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) por un acuerdo en el seno de la mafia política forzado desde la Casa Blanca, para crear la apariencia de democracia en el país y cerrarle el paso a la polarización social y a la izquierda electorera.

En aquél entonces, bajo un gobierno represivo y sanguinario como lo fue el de Gustavo Díaz Ordaz, el país vivía bajo una política económica implementada por un Estado de Bienestar (a la mexicana), sin democracia, con grandes problemas económicos, terribles desigualdades sociales y dependencia respecto a Estados Unidos. Esto en un contexto de guerra fría contra la supuesta amenaza del comunismo soviético.

Había lucha de clases en el campo y la ciudad. En el Norte del país, en Chihuahua, tuvieron lugar dos alzamientos armados. El encabezado por el maestro rural Arturo Gámiz (23 de septiembre de 1965) y en 1968 el de Oscar González. Ambos aniquilados por el ejército en cuestión de meses.

Luego de la matanza de Tlatelolco, habría de estallar la lucha guerrillera en el país durante varios años, para desaparecer bajo la represión de los gobierno de Luis Echeverría y José López Portillo y la reforma política que encauzó la inconformidad social por el cauce de la lucha electoral que atrajo a un sector de la izquierda radical que pronto fue domesticada.

A 42 años del 68 México vive bajo un régimen anti democrático de derechas que gobierna en beneficio exclusivo de la gran oligarquía y del capital trasnacional.
Desde hace cuatro años el país vive envuelto en la violencia propiciada por la guerra contra el narcotráfico del régimen calderonista. Hoy el enemigo interno creado por los estrategas del Pentágono es el narcotráfico y últimamente la narco insurgencia, concepto inventado en USA para justificar su creciente ingerencisimo. A la vez que desata una campaña confusionista.

Hoy la izquierda electorera prácticamente ha desaparecido como opción debido a las alianzas del PRD con la derecha panista. El control de los mecanismos electorales por la misma camarilla que cometió el fraude electoral del 2006 se mantiene y cancela las posibilidades de un juego limpio en las elecciones federales del 2012.

La situación de la clase trabajadora ahora es peor que en 1968, pues al creciente desempleo, los salarios raquíticos y el control sindical charro, hay que sumarle la quiebra de miles de empresas por la crisis económica y el Tratado de Libre Comercio, que como dijo Noam Chomsky, ha resultado más destructivo que la conquista española.
La flexibilización laboral, la subcontratación, los topes salariales, etc., no se conocían en 1968 y hoy son práctica común que la patronal utiliza para aumentar sus ganancias.

Parece no haber perspectivas de cambio en el país. Pero a pesar de la intimidante vigilancia policiaca del gobierno de “izquierda” en la capital mexicana, el pasado 2 de octubre marcharon miles de hombres y mujeres de todas las edades rememorando a los mártires de Tlatelolco y haciendo un llamado a luchar contra el genocidio neoliberal.

En Europa también los obreros salieron a las calles. En España hicieron una huelga general exigiendo la abrogación de la reforma laboral aprobada hace unos meses. Y en Francia con manifestaciones de millones que se oponen al despojo de las pensiones.

Los electricistas del SME, mineros, profesores y trabajadores universitarios, junto al estudiantado demostraron, una vez más en todos estos años, que el 2 de octubre no se olvida y exigieron la libertad para los presos políticos, entre los que se encuentra el estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, Víctor Herrera Govea, encarcelado desde hace un año en el reclusorio Sur del Distrito Federal.

EL NEGOCIO DE LA NARCOGUERRA

Tomás Oropeza Berumen

México, 28.09.2010.- La ola de violencia generalizada que vive México desde finales del 2006, podría disminuir hasta casi extinguirse si la producción, venta y consumo de las drogas se legalizara.

No es una panacea. Esa medida tendría que ir acompañada de muchas otras de carácter económico, político y cultural que atacaran las causas del fenómeno narco y no sólo sus manifestaciones.

A estas alturas el número de victimas en la disputa por el control del mercado por los varios cárteles de la droga y por la narcoguerra del gobierno calderonista, habrá costado más de 30 mil muertes. Y todos los días ocurren enfrentamientos, ejecuciones y acciones macabras y sorprendentes de la delincuencia, como el incruento robo de decenas de armas al bunker de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, esta semana. O el asesinato de presidentes municipales.

En medios gubernamentales de Estados Unidos se habla del peligro que representa para ese país lo que está pasando en México. El Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense sostiene en su informe Guerras criminales, pandillas, cárteles y la seguridad nacional de Estados Unidos, que los narcotraficantes mexicanos son una muestra de la insurgencia criminal del siglo XXI.

A toda costa el gobierno gringo busca confundir las los fenómenos en busca de un pretexto para aumentar su intervensionismo. En este caso mediante el uso de la palabra insurgencia, que significa rebelión contra el gobierno, para lograr un cambio de estructuras socio económicas.

Muy lejos de lo que pretende el sector de capitalistas dedicados al negocio de las drogas, quienes conviven con los empresarios “honrados” y banqueros que les lavan el dinero a cambio de una cuota.

Con la legalización de las drogas, o de algunas de ellas, como la marihuana, desaparecería el delito y los prósperos narcotraficantes se transformarían en respetables empresarios y quizás hasta pagarían impuestos.

Sus enormes ingresos anuales, calculados por la Cámara de Diputados en 25 mil millones de dólares, de los que utilizan, según un estudio realizado por los legisladores, 350 millones de dólares para corromper jefes policíacos, jueces, militares y gobernadores, podrían servir para financiar programas de prevención contra las drogas y centros de rehabilitación, así como para crear escuelas, empleos, etc.

Según el Reporte Internacional sobre Control del Narcotráfico 2010 elaborado por el Departamento de Estados de Estados Unidos, los capos mexicanos tienen ingresos anuales de hasta 30 mil millones de dólares. Por su parte el Departamento de Justicia de aquél país estima que las operaciones del narco mexicano en suelo estadounidense tienen un costo de unos 250 mil millones de dólares. Es decir allá se queda la mayor parte de las ganancias. Mismas que descenderían estrepitosamente con la legalización de las drogas al disminuir su precio.

Expertos de la ONU estiman que anualmente entran a México de contrabando unas 20 mil armas de fuego con un costo de 20 millones de dólares. Ese comercio disminuiría también al cesar la persecución contra esa actividad.

A simple vista resulta evidente que quienes hoy dicen combatir la delincuencia organizada y al narcotráfico en particular, son los más interesados en que no se legalicen las drogas, como hace unos días propuso el escritor José Emilio Pacheco, en su conferencia magistral en el marco de la celebración del centenario de la UNAM.
No les conviene a los narcos porque los precios de la cocaína, marihuana, anfetaminas, heroína y éxtasis descenderían casi hasta su costo de producción, a menos que surgiera, como es casi seguro, un monopolio que artificialmente ponga los precios.

Felipe Calderón, se opone con vehemencia porque perdería su principal bandera, con la que vanamente ha intentado legitimar su mandato.

El Ejército apoya la prohibición porque si terminara tendría que regresar a los cuarteles y dejaría de ser el factor de poder en que se ha convertido y que muy grandes dividendos monetarios y políticos le aporta a la cúpula que lo encabeza.
Las corporaciones policíacas dejarían de embolsarse las altas cuotas que les pagan a cambio de su complicidad.

El gobierno estadounidense se opone rotundamente porque fue quien le impuso a Calderón esta guerra y la legalización frustraría su proyecto estratégico para intervenir en México. Perdería la razón de ser del Plan Mérida y la injerencia cada día más descarada de los militares norteamericanos en nuestro país.

No se puede tener éxito en disminuir el consumo de las drogas –suprimirlo es imposible- si no se cambian las condiciones que orillan a millones de personas a usarlas para escapar de una realidad insoportable o como medio lúdico.
¿Puede alguien creer que al gobierno de Calderón le preocupa la salud de los mexicanos y que por ello combate las drogas, cuando cualquiera puede comprar en la esquina -sin la menor restricción- cualquier cantidad de licor o cigarrilos. Drogas legales.

Si al gobierno le preocupara el bienestar de los mexicanos tendría que garantizarles una alimentación sana, vivienda, salud, educación y trabajo, cuando menos.
Es más, ni siquiera ha tenido capacidad para prohibir la venta de alimentos chatarra en las escuelas primarias porque los monopolios que venden esos productos nocivos para la salud son los que le llevaron a la silla presidencial.

Hoy México tiene, después de EE.UU. el segundo lugar a nivel mundial en obesidad y las enfermedades que se derivan de ella son una pandemia que provocará mayores pérdidas de vidas y gastos para la sociedad. Pero las empresas productoras de alimentos chatarra trabajan a todo vapor.

HACIA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Tomás Oropeza Berumen


El asesinato de un periodista en Cd. Juárez, el jueves pasado, y el escándalo desatado por la respuesta de los directivos de El Diario de Juárez, a los mafiosos, reconociéndolos como los verdaderos gobernantes de esa ciudad y preguntándoles ¿Qué quieren de nosotros? Y proponiéndoles una tregua, ha servido como pretexto para que legisladores de derecha e “izquierda” propongan establecer en aquella militarizada frontera de millón y medio de habitantes, un estado de excepción.

Luis Camargo Santiago Orozco, 22 años, es el nombre del fotógrafo de El Diario de Cd. Juárez, publicación local que ha sido blanco sistemático de atentados presuntamente vinculados a las bandas de delincuentes que hace dos años ejecutaron al reportero Armando Rodríguez Carreón sin que a la fecha se haya detenido a los autores.

Desde hace varias décadas Cd. Juárez es un campo de experimentación. Ahí se estableció hace casi medio siglo el modelo maquilador que después se extendió a todo el país. Allá comenzó la pesadilla de los asesinatos en serie de mujeres que a la fecha continúa. Fue uno de los primeros municipios gobernados por el PAN que desde hace diez años ocupa la presidencia del país. Fue también el primer municipio militarizado por el ejército que actúa como una fuerza de ocupación con el pretexto de combatir a la llamada delincuencia organizada sin el menor éxito. Se sospecha de que allá operan escuadrones de limpieza social, pues son muchas las masacres cometidas contra jóvenes marginados en centros rehabilitación o en fiestas juveniles como en la colonia Salvarcar que nunca se han aclarado.
Allí también estalló el primer auto bomba en la historia reciente del país. Y ahora se pretende imponerle un estado de excepción.

Igual ocurre ahora en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango o Guerrero, donde los que mandan son los militares, pero los narcos sigue siendo el poder real.
Y como van las cosas no es aventurado pensar que antes del 2012 México entero vea conculcadas sus libertades democráticas con el pretexto del combate a la delincuencia organizada.

En su editorial El Diario asienta una crítica que expresa el sentir no solo de los juarenses, sino de la inmensa mayoría de mexicanos:

“A la vuelta de estos años, la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada–, a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país. (…)


Ayer el senador Santiago Creel, un descendiente de la más reaccionaria y porfirista oligarquía chihuahuense combatida por el guerrillero revolucionario Pancho Villa, propuso que “se levanten (suspendieran) las garantías individuales en ese municipio mientras las fuerzas federales restauran el orden” idea que de inmediato fue apoyada por legislador René Arce del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en las pasadas elecciones -renunciando a su programa y principios- se alió al derechista partido gubernamental.

Arce enfatizó en la necesidad de aplicar el artículo 129 de la Constitución donde se establece la facultad del ejecutivo para suspender las garantías individuales cuando la paz sea perturbada (previa autorización del Congreso). La consecuencia de esto sería dar carta blanca a los militares para cancelar las libertades de expresión, reunión y manifestación. Así como arrestar y torturar a cualquier persona que consideren sospechosa. Violaciones que en la realidad se han venido cometiendo soterradamente en todo el país desde que Felipe Calderón inició su fracasada guerra contra los barones de las drogas.

El vocero del gobierno federal en materia de seguridad Alejandro Poiré acusó a El Diario de Cd. Juárez de negociar con la delincuencia y estableció que el gobierno de Calderón no recurrirá a ese expediente. Omitiendo que en el caso del secuestro del ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos, secuestrado hace más de cuatro meses, el gobierno ha respaldado la solicitud de su familia de mantenerse al margen para no obstaculizar el proceso de negociación con “Los misteriosos desaparecedores” banda que exige 50 millones de dólares a cambio de la libertad del poderoso político derechista miembro de un clan panista enemigo de Calderón.

Lo que esta sucediendo en Cd. Juárez, donde se experimentan las políticas que, como los hechos han demostrado, luego se implementan en todo el país, parece darle la razón a quienes sostienen que cada vez son mayores las franjas del país donde el Estado no puede cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad de los habitantes.

El gobierno pretende tapar el sol con un dedo y se desgarra las vestiduras por las palabras de El Diario que no hacen sino reconocer lo que todos allá y en muchas partes del país saben:

Dirigiéndose a alguna de las bandas que presuntamente cometió el crimen les dice:

“Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.

Después de sugerir a las bandas en pugna que digan que es lo que les molesta que se publique o se deje de decir advierte El Diario:

“Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar.

Curiosamente la PGJ del estado de Chihuahua al referirse al móvil del asesinato del periodista gráfico Luis Carlos Santiago Orozco, de 21 años, lo atribuyó a motivaciones personales, hipótesis compartida por el vocero de la secretaria de seguridad pública federal Alejandro Poiré, omitiéndose que el hecho de que el fotógrafo se encontraba en el estacionamiento de un concurrido centro comercial y a bordo del auto propiedad del Visitador estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson, quien ha investigado varios crímenes contra ciudadanos cometidos por militares y policías federales, motivo por el que reiteradamente ha sido amenazado de muerte por lo que el año pasado estuvo refugiado al otro lado del Río Bravo, en El Paso, Texas, durante varios meses.