sábado, mayo 07, 2011



ELVIRA, UNA TRABAJADORA ELECTRICISTA
(entrevista)

Tomás Oropeza Berumen

Bajo el sol que cae a plomo, el zócalo de la capital mexicana esta cubierto de decenas de tiendas de campaña y grandes carpas de lona bajo los cuales se desarrolla la vida de cientos de electricistas que siguen resistiendo el autoritarismo de Felipe Calderón a 19 meses de que la compañía de Luz y Fuerza del Centro (CL y F) fuera liquidada por un decreto anticonstitucional dado a conocer horas después de que el ejército tomara las instalaciones, oficinas y plantas eléctricas donde laboraban más de 45 mil trabajadores que fueron lanzados a la calle.

Venta de raspados, tacos de carnitas y suadero, aguas frescas, playeras con estampados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cachuchas, cds, artesanías, sirve para que los electricistas obtengan algunos centavos para llevar a sus familias.

Hoy el zócalo es un muestrario de los empleos inventados por los trabajadores para sobrevivir la política económica del presidente de facto, quien hizo su campaña electoral prometiendo la creación de plazas laborales y seguridad. Pero en sus cuatro años de mal gobierno el país se ha convertido en un sangriento escenario donde la delincuencia y los militares han matado a cerca de 40 mil mexicanos y desaparecido a diez mil.

A unos cuantos metros del Palacio Nacional desde donde emanan las directrices del gobierno panista que han convertido al país en un polvorín, trabajadores altamente calificados que proveían del fluido eléctrico a la capital y varias entidades del centro de la República mexicana, viven -por ahora- con un pie en la economía informal y otro en la resistencia social.

También bajo la vigilancia de los soldados que desde la azotea del Palacio vigilan todo lo que se mueve en esa gigantesca plancha, se organiza la marcha anual por la legalización de la mariguana. Decenas de jóvenes se preparan para exigir el fin de la prohibición, piedra angular que da sustento al negocio de la narcoguerra.

Aturdidos por el sol y el ensordecedor ruido del repique de las campanas de la Catedral, encontramos a Elvira Huerta Hernández, una trabajadora electricista. Morena y menudita, ha comerciado con gorras, playeras, agua fresca, llaveros. Desde hace casi dos meses vende alitas adobadas, papas a la francesa y refrescos en su tienda de campaña.

Así, además de mantenerse en lucha puede ganarse un dinerito para los pasajes y la comida diaria. La acompaña una jovencita, hija de un trabajador que hace guardia sustituyendo a su padre y ayudando también en la vendimia.

Esto fue lo que nos contó Elvira quien trabajó catorce años y medio comisionada en el SME y tres como oficinista en el centro de Marina Nacional. Casi 18 años de trabajo que se fueron por el caño y tuvo que cambiar la computadora por el anafre. Pero mucho ha aprendido de lo que es la política y el gobierno mexicano. Ha estado en todas las manifestaciones electricistas y asambleas. Escuchado cientos de discursos en los mítines obreros. Ya no ve televisión, le da asco.

Afirma con orgullo: “Yo estoy luchando desde le misma noche en que el gobierno liquidó la CLF. Mi papá fue electricista y toda mi familia también lo era. Ahora estamos divididos, como muchas familias de ex trabajadores, porque algunos renunciaron a la lucha y aceptaron la liquidación.

- ¿Cómo cambió su vida al quedar desempleada?

- Totalmente. Yo pensaba que me aguardaba una vejez tranquila, con jubilación, porque al tener un sindicato tan fuerte como el SME, me sentía segura de mi futuro. Pero desde el 10 de octubre del 2009 mi vida dio un giro de 90 grados. Por ejemplo yo tenía asegurada a mi mamá, que tiene 86 años y ahora ya no tiene servicio médico. Yo pensaba en jubilarme y tener una seguridad. Pero todo mi proyecto de vida cambió por culpa de Calderón. Me perjudicó no sólo a mí, sino a toda mi familia, pues todos trabajábamos en CLyF. Hay hasta distanciamientos. Un hermano aceptó la liquidación porque tuvo un problema económico muy fuerte, pero otros parientes no creyeron en la lucha y aceptaron las migajas que les dio el gobierno.

- ¿ Y les dieron el trabajo que les prometió el secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón?

- No, a ninguno se los dieron. Algunos pusieron un negocio o trabajan por su cuenta. Y con el distanciamiento se perdió la comunicación con ellos, con hermanos, sobrinos.

- Y usted porqué no se liquida?

- ¡Híjole! En primera porque yo no soy lo que dijo Calderón, que eramos unos flojos. Indignada agrega: si yo me liquidara sería aceptar lo que ese señor dice. Pero al estar aquí en este plantón, día y noche bajo la lluvia y el sol le estamos diciendo que con nosotros no funcionaron sus cálculos. Si fuéramos lo que él y la prensa decían, que eramos flojos, privilegiados e irresponsables, no estaríamos todavía luchando. Y yo estoy segura de que vamos a triunfar.

- ¿Qué hace falta para triunfar?

- Más unión entre todos nosotros, los trabajadores del país. El apoyo de más organizaciones, de todas, porque hay veces que sí nos dan el apoyo, pero nomas vienen, se presentan y se van.

- Mañana (domingo) llegará a este lugar la caravana que viene de Cuernavaca, Morelos, exigiendo Paz con dignidad y el retorno del ejército a los cuarteles. ¿Qué piensa usted de la guerra de Calderón contra lo que él llama la delincuencia organizada?

Elvira medita un poco y con una sonrisa dice: “Ese señor es como caprichoso. Todo lo que hace lo hace por capricho y tiene que ser como él dice. No se comporta como un presidente. Parece un rey. No sé como llamarlo. No tiene sentimientos. Pero con nosotros se equivocó. Pero sigue tratando de derrotarnos. Hasta han detenido a compañeros, ya son doce presos políticos electricistas. A Miguel Marquez Ríos lo acusan de secuestro de varios federales. ¡ El solíto!!

- ¿Usted y sus compañeros han sido hostigados?

- Sí. La sección de oficinistas estamos promoviendo que la gente no pague la luz. Ponemos mesas de quejas y tenemos una mesa en la sucursal Anáhuac (en Marina Nacional) y ahí estamos dos compañeras y un compañero, comisionados de Oficinistas Varios, ahí nos ponemos los martes y jueves y para amedrentarnos nos mandan a un policía a amenazarnos conque nos van a echar a los federales, porque acude mucha gente a pedirnos apoyo para poner su queja por las altas tarifas que les cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero como no estamos haciendo nada malo no le hacemos caso. La gente va con nosotros en busca de apoyo y nos apoyamos mutuamente”

- ¿Cómo hace para mantener alto el ánimo, el espíritu de lucha?

- Elvira me mira, como sorprendida, pues al parecer nadie le había hecho antes esa pregunta. Se le llenan los ojos de lágrimas y nos cuenta que al principio se deprimió mucho. Que su mamá también se puso muy triste. Que varios compas, tanto de la resistencia como de los que se liquidaron, se han suicidado . Que muchos se han enfermado de diabetes, de cáncer, etc. Yo le pregunto si tuvieron algún apoyo sicológico profesional para recuperar el ánimo y me lo dice: Se nos quita la depresión luchando aquí con nuestros compañeros y compañeras! Yo tomo nota. Por si acaso.

La dirección sindical ha dicho que la lucha por la recontratación por un patrón sustituto se libra en tres frentes: el legal, la movilización y en el político, buscando convencer a los legisladores de crear una empresa eléctrica para el Distrito Federal.

A unos metros de donde estamos platicando esta ubicada una mesa de quejas y un electricista jubilado recolecta firmas a los transeúntes para repudiar la instalación de medidores de prepago, presentados por la CFE como una maravilla moderna. Se escucha una canción de Eugenia León, El Barzón.

lunes, mayo 02, 2011


EL PELIGRO SIGUE

Tomás Oropeza Berumen

La amenaza de las reformas estructurales sigue pendiendo sobre la cabeza del pueblo mexicano. No se ha conjurado el peligro de que sean aprobadas.

Por ahora eso depende de la conveniencia de los partidos políticos y sus legisladores. De los cálculos que habrán de tomar de cara a las elecciones de julio en el Estado de México y las federales del 2012 en las que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se considera como el más probable triunfador dada la debacle del régimen de facto del Partido Acción Nacional y los bandazos del Partido de la Revolución Democrática.

Por el momento la coyuntura preelectoral ha inhibido a la facción de politicastros del PRI que hasta hace unos días estaba decidida a “pagar los costos políticos” de aprobar las anticonstitucionales reformas laboral y de Seguridad Nacional promovidas por los diputados vinculados al gobernador del estado de México, aspirante presidencial del grupo Atlacomulco Enrique Peña Nieto, para hacer trizas las conquistas obreras y entregar el poder al ejército mexicano e imponer un régimen cívico - castrense en el país.

El PRI se dividió ante la amenaza del voto de castigo en las urnas donde los trabajadores podrían desquitarse dando sus votos al economista Alejando Encinas, candidato de los partidos del Trabajo (PT), Convergencia y de la Revolución Democrática (PRD) -luego de que se deshizo la alianza que el presidente nacional del sol azteca fraguara con Felipe Calderón.

Las dos reformas aludidas largamente esperadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el gran capital no se han descartado gracias a la movilización popular sino solo están suspendidas por consideraciones tácticas de los priístas, quienes se dividieron a la hora de asestar la puñalada contra la clase trabajadora y el país.

Los senadores priistas Francisco Labastida y Manlio Fabio Beltrones menos torpes que el grupo de diputados de Peña Nieto anunciaron que no dejarían pasar en el Senado las reformas en el Senado y eso detuvo la puñalada trapera contra el pueblo mexicano.

En el caso de la reforma laboral los diputados anunciaron que llevarán a cabo una consulta para decidir su destino, sin que quede claro a quienes se consultaría, de cuanto sería la muestra, etc. Y en cuanto a los cambios a la Ley de Seguridad, no hay que descartar que estos se aprueben en alguno de los dos periodos de sesiones que quedan por realizarse en lo que resta del año.

La gran cantidad de críticas a ambos proyectos desde la izquierda socialdemócrata y las débiles protestas del sindicalismo neocharro jugaron su papel, pero no contribuyen a crear una fuerza política independiente y opuesta al capital con capacidad para protagonizar un movimiento nacional de protesta que modifique la correlación de fuerzas.

La reforma laboral que pretenden llevar a cabo la alianza PRI-PAN además de promover la subcontratación (outsorcing), la inestabilidad laboral, disminuir los salarios y precarizar –aún más el empleo- está encaminada a destruir los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo (CCT) y con ello la base social de ese sector de la clase política, por lo cual se explica que el “sector obrero” del PRI se halla rebelado este primero de mayo contra la línea de Peña Nieto quien por lo que se está comenzando a observar podría dejar de ser el candidato priísta, dado que al interior de ese partido mafioso las contradicciones están al rojo vivo.

Por su lado el sindicalismo “independiente” y sus líderes, muchos de ellos con varias décadas en las dirigencias sindicales, como Francisco Hernández Juárez del sindicato de Teléfonos de México; Agustín Rodríguez Fuentes, del Stunam, etc. también se oponen a la reforma por razones similares. Pues los sindicatos les han servido como plataforma para llegar a cargos de elección popular y encaramarse en la clase política mexicana.

Los trabajadores desde luego que tienen muchas razones para rechazar la reforma laboral.
Saben que de aprobarse sufrirán una mayor explotación y dificultades infinitas para defenderse.

Dado el escándalo que produjo durante las últimas semanas el tema de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, este tema opacó al anterior pero no se encuentra desligado del mismo, pues lo que está en el fondo es una política para imponer un mayor control policiaco – militar y explotación capitalista sobre el pueblo mexicano.

Es necesario oponerse enérgicamente a la pretensión de Felipe Calderón de, mediante una burda violación a la Constitución Mexicana, adquirir la facultad para declarar el estado de excepción nacional o regional arbitrariamente.

Igualmente no debemos permitir que el ejército logre la aprobación de un marco legal que le permita realizar detenciones arbitrarias, catear domicilios, realizar espionaje y detenciones, tomar la justicia en sus manos. Ello nos llevaría a un retroceso sin parangón en la historia del país. Un escenario peor que el de la guerra sucia de los setenta. Sólo comparable con lo ocurrido hace décadas en países sudamericanos.

Si bien en la capital mexicana los trabajadores tanto del sindicalismo corporativo del PRI como de la Unión Nacional de Trabajadores y sindicatos combativos como el electricistas (SME) y muchos otros llevaron a cabo dos grandes manifestaciones contra la reforma laboral y la estrategia gubernamental de combate al narco, la realidad es que la clase trabajadora sigue actuando puramente a la defensiva.

En otras partes del país, como en el estado norteño de Chihuahua, uno de los más golpeados por la violencia del narco y el ejército, la clase obrera esta tan inerme y carente de organizacion de clase que el reciente 1° de mayo, la marcha conmemorativa fue encabezada por el gobernador priista César Duarte y la policía municipal. Despojando a decenas de miles de obreras y obreros de las maquilas del derecho a expresar su descontento y levantar sus reivindicaciones de clase en esa entidad militarizada donde la población repudia la presencia de los federales.

domingo, abril 24, 2011



MILITARIZACION PARA IMPEDIR LA REBELION

Tomás Oropeza Berumen

Silenciosamente la ultraderecha, los empresarios, el ejército y casi todos los legisladores de los tres principales partidos políticos de México, todos bajo la tutela de la embajada norteamericana, han estado trabajando para llevar a cabo un golpe de Estado antes de que termine el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados el sábado 30 de abril.

Esta semana los supuestos representantes del pueblo mexicano podrían dar su visto bueno a varios cambios a la iniciativa de Reforma a la Ley de Seguridad Nacional aprobada hace un año en el Senado, para legalizar las violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales que desde hace cuatro años comete el ejército y la Marina en las entidades donde supuestamente combate al crimen organizado. Se trata de establecer un régimen de excepción en todo el país, donde en los hechos ya existe en varias regiones.

Sin duda se trata de una medida preventiva que busca aplacar cualquier síntoma de rebelión social en un país en crisis económica y política donde se realizarán elecciones dentro de catorce meses y la herida dejada por el fraude del 2006 sigue presente. Sólo que hoy el desempleo, la pobreza y la violencia son mayores.
El régimen tripartidista de derecha que prevalece en México en su afán por mantener el sistema socioeconómico vigente, en su modalidad de capitalismo neoliberal, desde hace varios años está implementando una estrategia encaminada a evitar la organización y desarrollo de la lucha de clases con un proyecto de transformación social.

En esa tarea se han unido el PAN, PRI y PRD, que tratarán de aprobar, antes de que termine el 61 periodo de sesiones de la Cámara de Diputados varias reformas a la Iniciativa de Reforma a Ley de Seguridad Nacional para que el ejército, la marina y fuerza aérea puedan llevar a cabo legalmente, tareas que desde hace varios años realizan violando la Constitución y que actualmente sólo lleva a cabo con una cubierta “legal” el Centro Nacional de Seguridad Nacional (Cisen).

De aprobarse la Nueva Ley de Seguridad Nacional el presidente en turno tendría facultades para utilizar a las fuerzas armadas para reprimir movimientos sociales que a su juicio pongan en riesgo la seguridad nacional, la seguridad interior o la seguridad exterior (según la nueva jerga). Para ello no sería necesario que se declarara el estado de excepción en una región o en el país previa consulta al Congreso.

El ejército es el mayor interesado en lograr los cambios a la Iniciativa de Ley de Seguridad Nacional aprobada hace un año (27.04.2010) que parece contar ya con el apoyo de legisladores de todos los partidos para que se legalicen prácticas como el espionaje, operaciones encubiertas, detenciones, cateos, allanamientos, revisiones de documentos personales, etc., de personas sospechosas de participar en actividades que vulneren la seguridad nacional.

De llevarse a efecto la aprobación de esta reforma por la Cámara de Diputados, primero, y luego por el Senado, las luchas de campesinos, estudiantes, obreros y desempleados podrían ser tachadas de terroristas y reprimidas sin mayor trámite.
Se trata de dar un golpe de estado incruento, pisoteando la Constitución Mexicana reformando una ley secundaria, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada.

Según declaraciones del diputado Mario Di Constanzo, del Partido del Trabajo, la única manera de evitar la reforma es que un sector del PRI se oponga. Lo cual es muy improbable dado que legisladores cercanos al gobernador del Estado de México y virtual candidato del tricolor a la presidencia, Enrique Peña Nieto ya negociaron con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y Felipe Calderón.

Otro recurso que se ha estado utilizando para infundir miedo y terror en el pueblo mexicano es la narcoguerra que ha colocado a la población civil entre dos bandos supuestamente irreconciliables: un gobierno que se dice empeñado en terminar con la delincuencia organizada y un sector de la clase dominante que en su afán por enriquecerse realiza negocios fuera de la legalidad. Bandos que en realidad se complementan para llevar a delante un jugoso negocio gracias a la prohibición de las sustancias sicotrópicas, mercancías que aportan a la economía mexicana “subterránea” sumas billonarias.

El resultado de esta manobra implementada por órdenes de Estados Unidos a cambio del apoyo que le dieron a Felipe Calderón para sostenerse en la presidencia luego del fraudulento y cuestionado proceso electoral del 2006, es hasta ahora de unos 40 mil muertos, miles de desaparecidos y huérfanos, además de decenas de miles de desplazados de estados como Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Guerrero.

La criminalización de las luchas sociales es la tónica seguida por el régimen tripartito. Lo mismo en la capital del país que en la provincia mexicana.
Ejemplos: En el estado de Chiapas, el gobierno perredista no ha cesado de atacar a las Juntas de Buen Gobierno zapatistas ni a los activistas de la Otra Campaña como sucede en Frontera Comalapa, Chiapas donde las autoridades locales junto con militantes del PAN, PRD y PV incendiaron las casas de los ejidatarios y además golpearon y vejaron a los integrantes de la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza.

En el DF las autoridades han reprimido al movimiento opositor a la Supervía.
Otra represión reciente es la que sufrieron unos cinco mil integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas que el once de abril - al cumplirse año y medio del decretazo con que Calderón terminó con su fuente de trabajo y lanzó al desempleo a 45 mil electricistas- llevaron a cabo una manifestación frente a las instalaciones de las antiguas oficinas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (L y FC), hoy en poder de la Policía Federal (PF) donde se les provocó y fueron reprimidos por esa corporación castrense reforzada por el cuerpo de granaderos del gobierno local.

A raíz de este incidente represivo fueron encarcelados once trabajadores, acusados de graves delitos, como pandillerismo y motín.

Otro obstáculo a la formación de un movimiento obrero clasista y revolucionario es el sindicalismo corporativo y economicista que sigue dominando en el país, aún en sectores en lucha como el SME, que nuevamente anunció la creación de una asociación política nacional para participar en las elecciones del 2012, lo cual no tendría nada de malo si en ese proceso levantara un programa de clase, pero dados sus recientes acercamientos con Peña Nieto, el pragmatismo de su dirección y la comprensible desesperación que embarga a los 16 mil trabajadores en resistencia, no es improbable que decidan vender su apoyo a cambio de la promesa de la creación de una empresa eléctrica que los recontrate. Pero eso habrá que verlo porque en México las promesas de campaña nunca se han cumplido.

lunes, abril 11, 2011



VIOLENCIA Y PROVOCACION CONTRA LA RESISTENCIA ELECTRICISTA

Tomás Oropeza Berumen

Al cumplirse 18 meses de la resistencia electricista a la política antiobrera de Felipe Calderón, quien el once de octubre del 2009 violó la Constitución Mexicana al decretar la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (ClyFC), despojando de sus empleos a 45 mil trabajadores que laboraban en esa para estatal, México vive una situación límite provocada por la política genocida del régimen de derechas tripartidista.

Una muestra de la tensión social que atraviesa al país es el confuso incidente ocurrido la mañana de este lunes en que un numeroso grupo de electricistas del SME se vieron envueltos en un enfrentamiento con empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y supuestos miembros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), organismo apatronado que ha dado su apoyo incondicional al gobierno de Calderón y servido como esquirol para despojar al SME de su materia de trabajo.

Con un saldo de cuatro automóviles incendiados, decenas de golpeados y gaseados, varios detenidos por el cuerpo de granaderos del gobierno del DF, el SME inicio la jornada de lucha para recordarle a la sociedad que siguen en la calle sin que el gobierno, atienda sus demandas.

A lo largo de un año y medio los electricistas en resistencia se han caracterizado por mantener un movimiento pacífico a pesar de la injusticia que están sufriendo junto con sus familias. La violencia invariablemente ha partido del gobierno, desde el 11 de octubre del 2008, cuando mediante el uso del ejército fueron tomadas las instalaciones de la ClyF y lanzados al desempleo. Esa sí que es violencia de Estado.

Al momento de escribir esta nota hay once sindicalistas detenidos por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y se desarrolla una intensa campaña en los medios electrónicos criminalizando la resistencia electricista.

No cabe duda de que el triunfo de la lucha que sostienen los 16 mil 599 sindicalistas que se han negado a aceptar la liquidación ofrecida por el gobierno y sostienen en alto sus demandas (creación de una empresa que sustituya a la desaparecida Luz y Fuerza del Centro que los re contrate como patrón sustituto; el pago de salarios caídos y libertad para sus presos políticos) depende de lo que ocurra en la palestra de la lucha de clases en el país durante los meses que vienen, de cómo evolucione la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo.

Los acontecimientos ocurridos en los días recientes anuncian que el escenario político del país se complicará porque el gobierno de Calderón no parece cansarse de repetir la misma cantaleta: que continuará aplicando en los años que le quedan (y más allá) la misma estrategia de “combate” a la llamada delincuencia organizada -impuesta por Estados Unidos- a pesar de que según las cifras oficiales la narcoguerra ha provocado más de 35 mil muertes de supuestos delincuentes, aunque a ciencia cierta se ignore la identidad de miles de ellos.

Las inusitadas manifestaciones de protesta contra la violencia que ha generado la militarización del país efectuadas el miércoles pasado en 24 ciudades de México y 8 del extranjero, parecen no preocupar a Calderón y a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quienes en la XVIII Conferencia Internacional de Combate contra las Drogas celebrado la semana pasada en Cancún, Quintana Roo, anunciaron que se prolongará durante varios años la aplicación de la estrategia actual cuyos resultados están a la vista por estos días en que se han descubierto 72 cadáveres en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde en agosto del año pasado se encontró una fosa clandestina con igual numero de cuerpos de emigrantes centro y sudamericanos asesinados por traficantes de personas (polleros).

El próximo miércoles vencerá el plazo que el movimiento civil contra la narcoguerra (nucleado en torno al movimiento No + sangre y el poeta Javier Sicilia) le dieron al gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo y a Felipe Calderón para que presente a los culpables del asesinato de 7 personas ocurrido el 28 de marzo pasado, entre las que se encontró al joven Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor colaborador de La Jornada. De no hacerlo -se advirtió el miércoles pasado en las marchas y mítines- se realizar una marcha nacional en demandando la renuncia de Adame Castillo y de Calderón, así como la desmilitarización del país y el fin de la narcoguerra.