HACIA UNA DICTADURA

Tomás Oropeza Berumen

México, 20.02.010.- Todo parece indicar que el proceso de derechización y endurecimiento autoritario del gobierno de Felipe Calderón no tiene obstáculos serios, capaces de impedir su avance. Y que la tendencia hacia el establecimiento de una dictadura, de apariencia tripartidista y “democrática”, apoyada por los militares avanzará en los próximos años.

El discurso del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, en la celebración del Día del Ejército, demandando un marco jurídico que garantice la impunidad para las acciones del ejército en la supuesta guerra contra la delincuencia organizada, es indicio de que se avecinan tiempos de mayor represión contra los movimientos populares y persecución de quienes no creen en las fábulas gubernamentales.

La supuesta guerra contra los carteles del narcotráfico, que deja intactas las finanzas y riquezas de los traficantes, se ha convertido en un gran negocio, no solo para los delincuentes, sino también para quienes se supone que los combaten. Y está sirviendo como el pretexto para militarizar el país.

En su alocución, urgiendo la aprobación de leyes que le den “certidumbre” a las acciones castrenses, Galván sentenció que no debe prolongarse demasiado el combate militar contra el narco. Pasando por alto que conforme a la Constitución Mexicana el ejército no puede asumir el papel de la policía, conminó a discutir las reformas jurídicas que regulen la participación del ejército en tareas de seguridad interior; a reformar la Constitución para ponerla a modo de los intereses del estamento castrense.

O dicho en otros términos: si se quiere acabar cuanto antes con la delincuencia organizada, es indispensable reformar la constitución y aprobar las leyes que pongan a salvo a los militares de futuros juicios por su actuación pasada, presente y futura. Que no les vaya a pasar lo que les sucedió al ex general brigadier Arturo Acosta Chaparro (por cierto, acusado de narcotráfico y proteger al cartel de Juárez) y al también general Francisco Quiroz Hermosillo. Ambos responsables durante la guerra sucia contra la guerrilla del asesinato, tortura y muerte de cientos de campesinos.

Calderón, en la misma frecuencia, insistió por enésima ocasión en la urgencia de hacer los cambios que le permitirán arrebatarle al pueblo mexicano sus derechos democráticos, como el de manifestación, la libertad (tan restringida) de expresión, el derecho de huelga, de organización, etc.

Por lo pronto les otorgó un incremento del 40 por ciento a los militares para tenerlos contentos, mientras a los profesores y demás asalariados les impuso un tope del 4 por ciento.
Cuando Galván Galván advierte que “estarán atentos a las manifestaciones con dudosos patrocinios, cuyo objetivo es la calumnia y el desprestigio, buscando que los delincuentes obtengan una ventaja circunstancial y momentánea en el seno de la opinión pública (…)” (La Jornada, 20 de febrero 2010) esta insinuando que todos los que critican la estrategia militarista de Calderón en el combate al narcotráfico y en su política económica, son cómplices de los criminales.
Y uno se pregunta: ¿Acaso los juarenses que cansados de tres años de violaciones a los derechos humanos, asesinatos, etc. que se elevaron en mil por ciento con la llegada del ejército a CD. Juárez sirven a los capos de la droga porque exigen airadamente la salida de los soldados y la renuncia de Calderón? ¡Qué fácil es calumniar al pueblo, descalificarlo!
Otras señales ominosas: la liquidación de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, la destrucción del contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el despido masivo de más de 44 mil trabajadores en octubre pasado.
La declaración de inexistencia de la huelga minera de Cananea y el despido de sus mil 200 trabajadores por el Grupo Minero México; la cancelación del Contrato Colectivo de Trabajo que el Sindicato Minero había pactado con la citada compañía concesionada a Germán Larrea, al que Javier Lozano Alarcón, titular de la secretaría del Trabajo dio instrucciones para que reanude las operaciones de la empresa contratando a nuevo personal.
Esto ocurre en al cumplirse cuatro años de la muerte de 65 trabajadores de la mina Pasta de Conchos, Coahuila, también propiedad del Grupo Minero México, sin que el gobierno haya movido un dedo para rescatar los cuerpos de las víctimas de ese crimen industrial.
Todo ello al tiempo que se envió a miles de policías federales y soldados para intimidar en Cananea , a los mineros que están recibiendo apoyo moral de electricistas del SME, estudiantes y decenas de organizaciones sindicales y campesinas que participaron en el XI Foro Nacional Minero y presenciaron cómo los trabajadores en huelga desde hace dos años y siete meses, pusieron en marcha la maquinaria del socavón, demostrando de esta manera la falacia de los pretextos que sirvieron a las autoridades del trabajo (el Tribunal Colegiado en materia de Trabajo) para determinar el fin de la relación laboral.

Irónicamente, mientras el PRD hace alianzas con el gubernamental PAN y desaparecen la falsa alternativa del “menos peor” que representaban para muchos en los procesos electorales, debilitando de paso el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, quien se ha desdibujado por su oportunismo, en el país resisten a la política neoliberal desarticuladamente cientos de movimientos sociales, miles de individuos y colectivos que defienden los derechos laborales, educativos y agrarios.
Las contradicciones sociales siguen existiendo, a pesar de que arriba los señores del dinero y las armas lo ignoren. Y hasta en el seno mismo del grupo oligárquico en el poder se libra una lucha sorda por apropiarse de timón del Estado y esta no tardará en volverse cruenta. Ya lo veremos.

QUE SE VAYA CALDERON

Tomás Oropeza Berumen

México, 13.02.010.- A cien años del estallido revolucionario de 1910 el gobierno de facto de Felipe Calderón ha fracasado en su intento de legitimarse mediante la guerra contra su demencial versión del enemigo interno: las bandas de narcotraficantes. Y ante el creciente desprestigio de su régimen, hoy más que nunca aislado y repudiado, ha comenzado a dar pasos hacia el establecimiento de una dictadura facistoide apoyada por un ejército sometido a tratados y acuerdos con Estados Unidos que lo convierten en policía e instrumento del imperio estadunidense, en una fuerza de ocupación.

Para reforzar la militarización del país y garantizar impunidad al ejército y la armada los panistas están cabildeando la Ley de Seguridad Nacional enviada por el ejecutivo al senado en abril del 2009.

Por ello no debe extrañarnos el respaldo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional General Guillermo Galván (9 de febrero), regañando a los partidos políticos por no aprobar la reforma política enviada al Congreso por Calderón mediante la cual será posible la reelección inmediata de presidentes municipales, legisladores, jefes delegacionales (¿y por qué no, de gobernadores y del mismo ejecutivo?) olvida que la revolución del 10-17 se levantó bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección.

Igualmente la banda de Los Pinos y su gabinete de “científicos” neoliberales al instrumentar una guerra del capital contra los trabajadores (como la que están practicando contra los electricistas del SME y los mineros de Cananea, Sonora, a quienes el fallo de un tribunal colegiado en materia laboral declaró nulo su derecho de huelga y dio por terminada su relación laboral con el Grupo Minero México, del cual es abogado patronal el todavía secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont) están cometiendo los errores del dictador Porfirio Díaz en su tiempo. Y creando las condiciones para que se incendie la pradera de un país devastado por el capitalismo salvaje donde crece el desempleo y la carestía todos los días.

El discurso de Calderón pronunciado en el foro Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad, en un centro social vigilado por unos nueve mil soldados y policías, donde fue increpado por las madres de los estudiantes asesinados el 31 de enero, sirvió para que por enésima ocasión reiterara, en lo fundamental, la estrategia que ha mantenido desde hace tres años, a la que ahora maquillará con una serie de medidas sociales para, según él, reconstruir el tejido social juarense.

No quiso ver ni escuchar a los estudiantes, madres y familiares de jóvenes y mujeres asesinados por sicarios y militares que reclamaban el retiro del ejército y el cambio de su estrategia para combatir la inseguridad y la delincuencia. No puede hacerlo, porque sus compromisos con el estamento castrense y sobre todo con el gobierno estadounidense se lo impiden.

Pero abajo, en el pueblo de aquella ciudad fronteriza que una vez fue próspera y alegre, las solitarias organizaciones que luchaban por el castigo a los asesinos seriales de mujeres trabajadoras, ahora están acompañadas por la indignación de miles de hombres y mujeres de todas las edades y condiciones sociales agrupadas en el Frente Plural Ciudadano que exigen la renuncia de Calderón y el retiro del ejército.

Aunque el michoacano regresará a Juárez para dar seguimiento a las medidas que dictó y se intensificó el patrullaje en las calles de la frontera, los asesinatos han continuado.

Tampoco la “amenaza” del gobernador chihuahuense de trasladar a Juárez la sede del gobierno estatal, que no contó con el respaldo del Congreso estatal, les quitó el sueño a los delincuentes.

Todo esto en un contexto de fracasos reiterados en materia económica, demostrando que los economistas del ITAM y su religión neoliberal deben ser removidos urgentemente junto con su dizque jefe, el señor Calderón pues han elevado el desempleo hasta grados que aún con las maquilladas cifras del INEGI son alarmantes: 2 millones y medio (5.3 por ciento) y casi 600 mil personas más perdieron la chamba durante el año pasado.

EL FRACASO

Tomás Oropeza Beruemen

México, 07.02.10.- La ininterrumpida matanza de jóvenes -hombres y mujeres- que tiene lugar en el estado de Chihuahua desde que hace más de una década, pero que se incrementó desde diciembre del 2006, cuando para lograr legitimase en la presidencia el presidente de facto, Felipe Calderón, inicio su guerra contra la delincuencia organizada, alcanzó la madrugada del domingo 31 de enero un grado aterradoramente escandaloso en Ciudad Juárez, con la masacre de 16 adolescentes y dos adultos en la Colonia Villas de Salvarcar, a manos de un comando integrado por unos 20 sicarios, sin que hasta el momento se conozca, a ciencia cierta, a los autores intelectuales ni el móvil que estos perseguían.
Esta tragedia ocurrida en la llamada ciudad más violenta del mundo donde desde hace años miles de soldados y policías patrullan las calles día y noche, provocó tal indignación y repudio social que ha hecho evidente el fracaso de la estrategia anticrimen del gobierno panista. Hasta Calderón ha tenido que reconocer la imposibilidad de someter las bandas de narcotraficantes con el puro empleo de acciones policiaco-militares y anunció que “propondrá” a los juarenses una nueva estrategia para reconstruir el tejido social en aquella frontera.
En el estado de Chihuahua han sido asesinadas más de 300 personas en lo que va del año; 230 en Cd. Juárez. El año pasado cayeron en supuestos ajustes de cuentas entre las pandillas y carteles del narco, 3, 500 personas.
La reciente matanza de 16 estudiantes bachilleres y universitarios mientras realzaban una fiesta casera, ha provocado que sectores de la sociedad juarense demanden la desaparición de poderes en Chihuahua; el establecimiento de un estado de excepción y hasta la intervención de los cascos azules de las Naciones Unidas.
El diputado Víctor Quintana, del PRD, demandó la renuncia de todo el gabinete de seguridad federal y estatal. Por su parte la sección Chihuahua del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) acusó a grupos paramilitares, de ser los autores de la matanza y asesinatos selectivos de luchadores sociales con el pretexto de la guerra antinarco, al estilo de los escuadrones de la muerte de El Salvador o Guatemala en la época de la guerrilla.
En tanto el gobernador del estado, José Reyes Baeza, anunció que los tres poderes del gobierno estatal se trasladarán a la frontera para “solidarizarse” con los juarenses. Medida que ha generado airadas críticas y que sin duda será inútil para restablecer la seguridad; apaciguar a las 900 pandillas que existen y a los poderosos carteles de Sinaloa y Juárez que pelean el control de la plaza y menos aún para eliminar las causas estructurales -económicas y sociales- que han originado la situación actual en el municipio más poblado del estado de Chihuahua con más de 1 millón y medio de habitantes y varios miles de personas que constituyen la población flotante, varada en su camino al sueño americano.
¿Qué se puede esperar del supuesto cambio de estrategia calderonista? Desde luego que nada. Sólo una profundización de la misma política que le es dictada al gobierno mexicano desde Estados Unidos, contenida en el Plan Mérida (versión del Plan Colombia) y los tratados de integración policiaco-militar como el Acuerdo para la Seguridad y el Progreso de América del Norte (ASPAN) en los que el gobierno renuncia a ejercer su soberanía en materia de seguridad nacional y se postra ante la Casa Blanca.
La propuesta del Gabinete de Seguridad del señor Calderón: designar un comisionado que ejerza el mando único sobre las fuerzas militares - policiacas y los programas sociales para “reconstruir el tejido social”, además de que equivale a imponer desde el centro a un super gobernador, sin duda se perderá como una gota de agua en el desierto que rodea aquella frontera que evidencia la quiebra total del modelo maquilador de exportación y la necesidad de que sea el pueblo quien tome en sus manos la construcción de su futuro.

SUEÑOS DE OPIO


Tomás Oropeza Berumen

México, 31.01.010.- Las eminencias del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) siguen causando daños irreparables a la economía mexicana para favorecer al capital (nativo y extranjero). Un día sí y otro también anuncian como realidades sus sueños de opio.

En el Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, Felipe Calderón siguió con su cantaleta de que la crisis ya esta en vías de superación. Por su parte el ex secretario de Hacienda y ahora presidente del Banco de México, Agustín Carstens, nos habla de que “la recuperación de la economía mexicana es vigorosa” y Guillermo Ortiz Martínez, hasta hace unas semanas gobernador del Banco de México y hoy profesor del ITAM también pronostica un crecimiento del Producto Interno Bruto hasta el 4 por ciento, aunque advierte que ello dependerá de lo que suceda en Estados Unidos cuyo PIB descendió 2.5 por ciento el año pasado; más del 55 por ciento de los ciudadanos ya están hartos de Barack Obama y la ultraderecha republicana ha recuperado terreno en la cúpula imperial.

Lo que sí es cierto es que la caída de 7.1 por ciento de la economía mexicana ha sido la más pronunciada en 75 años y que es la que tuvo el mayor hundimiento en todo el continente Americano, en donde hasta países tan pobres como Haití (antes del terremoto) tuvieron un avance.

Ahora México está por debajo de la línea de flotación junto con Jamaica cuya economía cayó 3.7 puntos porcentuales y Paraguay, con menos 3.8 por ciento. Mientras que países donde se esta recuperando la soberanía popular como Bolivia y Uruguay, crecieron 2.6 por ciento y 1.3 por ciento, respectivamente.

Otra hazaña de Calderón y su gabinete económico de Chicago Boys es el crecimiento en 54.2 por ciento de la deuda pública que en los tres años de la presidencia de facto pasó de 1 billón 980 mil 247.7 millones de pesos a 3 billones 55 mil 177.5 millones de pesos.

Otros datos que hablan de cómo están las cosas son los problemas que 28.5 millones de personas y empresas están atravesando, el 15 por ciento de 190 millones de créditos personales y empresariales que se hayan registrados en el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito. Y la caída de las remesas en 2009 un 15.4 por ciento respecto al 2008, al pasar de 25 mil 137 millones de dólares a 21 mil 181.17 millones de dólares.

O que el precio de la canasta de los alimentos básicos que deberían consumir los trabajadores para mantenerse sanos junto con su prole se ha incrementado 75 por ciento en los tres años del fecalato; mientras que el salario sólo aumentó 17 por ciento, al pasar su costo diario de 48.67 (en diciembre del 2006) a 57.46 pesos en enero de este año, según reporte del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía (CAM).

¿Qué pueden decir los neoliberales o los “científicos” del régimen neoporfirista que padece el país, si viven lejos de lo que ocurre en las fábricas, campos agrícolas y barrios de obreros, de la chusma? Nada saben de los cambios moleculares e invisibles que se están produciendo y que apuntan hacia una rebelión social a la que por ahora le falta un programa revolucionario.

Tal vez por eso no les importa las consecuencias de incrementar más del 18 por ciento el costo de la energía eléctrica de uso industrial, medida que repercutirá en un aumento de los precios de todos los bienes y servicios, deprimiendo más aún el mercado interno mexicano y restándole competitividad a los capitalistas “mexicanos”.

Para el gobierno fascista de Calderón se trata de abatir costos rebajando áun más los salarios, destruyendo los contratos colectivos para cancelar las prestaciones a los trabajadores. Se busca a través de la reforma laboral anunciada por el secretario del Trabajo Javier Lozano, de crear las condiciones para una mayor explotación de los trabajadores.

Calderón fue a Davos a promover ese proyecto y a ofrecerle a las compañías trasnacionales petroleras el oro negro mexicano. En sus encerronas con los directivos de British Petroleum; Royal Deutch Shell, Statoil, Total y ENI, compañías que metieron las manos en la elaboración de la reforma a PEMEX aprobada por PRI, PAN y PRD en octubre del 2008.

Todo parece indicar que este año el pueblo mexicano tendrá que conmemorar la Independencia y la Revolución Mexicana con una nueva insurgencia. Esta ya comenzó con la gran manifestación obrera, campesina, estudiantil y popular del viernes 29 de enero que demandó la renuncia de Calderón; un cambio de la política económica neoliberal por una que sí atienda las necesidades populares. Una vez más se comienza a registrar en el país un ascenso de la lucha social por un cambio económico y político a pesar del oportunismo de la izquierda oficial que pronto será desbordada, no lo dudemos.