2030
México, 11.04.2010.- Al cumplirse 91 años del asesinato del líder agrarista y jefe guerrillero revolucionario Emiliano Zapata, México vive bajo una dictadura empresarial-militar que cumple puntualmente el plan anexionista del imperio norteamericano para llevar a cabo la destrucción del Estado Nación, apropiarse de las riquezas del país aún en poder de los pueblos originarios y la sociedad mexicana.

Con la firma del TLC en 1994, bajo el régimen de Carlos Salinas de Gortari surgido del fraude electoral de 1988 y la traición de Cuauhtémoc Cárdenas al pueblo que creyó en sus promesas, se inició un proceso de anexión acelerado en los tres años de la presidencia de facto del panista Felipe Calderón, quien con su guerra contra la delincuencia organizada (fachada de la guerra de baja intensidad que lleva a cabo contra el pueblo) ha puesto al Ejército mexicano bajo las órdenes del gobierno estadunidense, conforme a lo establecido en el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte (ASPAN) firmado por los presidentes de USA, Canadá y México el 23 de marzo de 2005 y el Plan Mérida activado el 30 de junio del 2008.

La participación de más de 45 mil soldados en el combate a las bandas de la delincuencia organizada y su fracaso contundente en esa tarea; la supuesta pérdida del control territorial en regiones de México; atentados contra el personal diplomático del consulado estadounidense en Cd. Juárez hace unas semanas y el más reciente en Nuevo Laredo Tamaulipas, mediante la detonación de un artefacto explosivo el viernes, son algunos elementos que han servido como pretexto al Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, para recomendar al Pentágono una mayor participación norteamericana en la lucha contra la delincuencia en México (Proceso, Núm. 1745).
La justificación: Riesgo creciente de que la violencia traspase la frontera y peligro de que por la corrupción que caracteriza al gobierno de Calderón, la infiltración en la policía y las fuerzas armadas, etc., continúe la violencia en el país y contagie a Estados Unidos. Posición que no hace más que confirmar la tendencia hacia un mayor intervencionismo norteamericano pretextando situaciones que en realidad podrían ser “incidentes” montados desde Washington, tal como sucedió en la historia reciente de naciones como Viet Nam, Cuba, Nicaragua, Guatemala, etc., y que sirvieron como pretexto para apoyar golpes de Estado o llevar a cabo la intervención militar yanqui.

Esta hipótesis se reafirma al leer el análisis realizado por el antropólogo Gilberto López y Rivas del transexenal Proyecto México, Gran Visión 2030, de Felipe Calderón que consta de 14 documentos recién desclasificados por la presidencia de la República.
Entre los autores del proyecto destacan grandes empresarios, políticos del PRI y del PAN, académicos e intelectuales del sistema. Algunos son: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje, cofundador de Bimbo.
También, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA. Además, Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Pro-yectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre muchos otros. (Contralinea).
Las metas del Proyecto 2030 persiguen la privatización del petróleo, energía eléctrica, agua, zonas de reserva de la biósfera, sector salud y educativo, tierras comunales de los pueblos indios y ejidos, mine-rales, playas, etc., los llamados monopolios públicos.
También se contempla impulsar las inversiones público-privadas, como la construcción de la superca-rretera que, atravesando el D.F. comunicará a Querétaro con Cuernavaca.
Desaparecer la secretaría de Energía para dar paso a la creación de la secretaría de Infraestructura. La desaparición de la CLyF es parte de esto junto con la privatización del sector eléctrico, la fibra óptica y la inversión privada en la explotación, exploración, distribución y venta del petróleo.
En la privatización del agua se ha comenzado ya con la limpieza de las cuencas por parte de entes pri-vadas y en cuanto a los recursos de la biósfera que han estado en manos de los pueblos indios durante siglos, las Unidades para la Conservación de la Vida Silvestre y el Ecoturismo las están tomando en sus manos.
Según la Secretaría de Hacienda desde 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias.
Estas son algunas de las características del plan calderonista que se está abriendo paso detrás y median-te la cortina de humo de la guerra al narco, que es también una guerra de baja intensidad que criminaliza las luchas sociales, que reprime y busca coptar a las oposiciones.
Una demostración del poder corruptor del dinero son la declaraciones del senador Carlos Navarrete, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, llamando a la “unidad nacional” “para llevar a cabo las reformas que México necesita” apoyando de este modo a Calderón, quien durante el homenaje a Zapata, expresó la urgencia de llevar a cabo las reformas estructurales para terminar de privatizar Pe-mex y la electricidad; reformar la Ley Federal Trabajo, aprobar la reforma política y reformar la Cons-titución para dar impunidad al ejército: La mejor manera de honrar la memoria de Emiliano Zapata expuso Calderón- es “poniendo bases nuevas y duraderas al desarrollo del país y pasar de los cambios posibles a la lógica de los cambios profundos y empresarios”.
En esta misma fecha miles de campesinos agrupados en el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros concluyeron en el Zócalo de la capital mexicana una marcha que partió el 1 de abril de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reclamando la libertad de los presos políticos campesinos y de los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, cambio en la política económica y restablecer en la Constitución la propiedad social y el derecho a la propiedad de la tierra para quienes la trabajan.
Por su parte los electricistas del SME anunciaron que en breve realizarán una huelga de hambre masiva reclamando su recontratación por la Comisión Federal de Electricidad conforme al contrato colectivo de trabajo que detentaban en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, desparecida ilegalmente por un decreto del ejecutivo emitido tras la ocupación militar de las instalaciones hace medio año.
Por su parte miembros de La Otra Campaña intentaron expresar su repudio a la política represiva gu-bernamental y la exigencia de cese a la represión y hostigamiento contra los pueblos zapatistas, pero la policía capitalina se los impidió a toletazos y despojándolos de equipo y material gráfico, con el pretexto de que “no tenían permiso para manifestarse”, como si el zócalo no fuera un espacio público./ Tomás Oropeza Berumen

GUERRA Y TRAICIÓN
Tomás Oropeza Berumen
México, 5,04,010.- En poco más de tres años Felipe Calderón ha convertido a la semicolonia que era México en un protectorado de Estados Unidos, perdiendo la escasa autonomía relativa que tenían los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que desde la firma del TLCAN en 1994 comenzó a esfumarse, conforme a la estrategia de la potencia imperial del Norte.
Como si México fuera parte del territorio estadunidense hoy un extranjero puede entrar al país sólo exhibiendo su visa para Estados Unidos. Ya no será la SRE mexicana la que decida quienes entran al país, sino el gobierno gringo. Según confesión de Calderón el visado se exige para velar por la seguridad de Estados Unidos y para detener el flujo de emigrantes hacia ese país.
Con esta medida los ciudadanos de los 93 países que podían ingresar a México sin visado seguirán gozando de ese privilegio. Para los viajeros procedentes de 135 países pobres y en conflicto será el Tío Sam quien otorgue o niegue su visto bueno.

Por otro lado la militarización y la generalización de la violencia que la “guerra a la delincuencia organizada” ha provocado desde que se declaró la batalla contra algunos carteles del narcotráfico, con la muerte de cerca de 19 mil supuestos delincuentes (hasta el mes pasado) parece importar poco tanto para el gobierno mexicano como para el del principal consumidor de las sustancias prohibidas, pues según los planes del gobierno de Barak Obama, expresados por el jefe del Comando Norte de USA Gene Renaut, la guerra podría durar otros diez años. Y para sostenerla se está entrenando a miles de soldados mexicanos en los principios de la guerra contrainsurgente con los que el ejército norteamericano combate a la resistencia de Irak y Afganistán, porque según el Pentágono los narcos usan los mismo métodos que los “terroristas” como ellos llaman a la resistencia de esos países.

Esto es grave pues según la doctrina militar de los norteamericanos, quienes se oponen a la invasión de su país por una potencia extranjera son terroristas. Y si según ellos los narcos usan métodos similares a los terroristas, podría extenderse esa caracterización a los luchadores sociales que se oponen a la militarización del país o que organizan luchas por demandas obreras, campesinas, estudiantiles, o resisten los proyectos económicos que despojan de sus tierras a campesinos e indígenas. Serían elementos subversivos, terroristas, o parte del “enemigo interno”.

Otra muestra del papel subordinado del ejército mexicano a los proyectos de seguridad extranjeros es la noticia publicada en Milenio: de que la Guardia Civil española capacitó a diez mil policías federales en tácticas de combate al terrorismo, fenómeno que no existe en el país, a menos que caprichosamente se quiera asimilar el combate a la delincuencia con ese concepto.

Más aún: Desde hace más de un año que funciona en algún lugar secreto de la capital mexicana la Oficina Binacional de Inteligencia donde operan agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en “colaboración” con diversas corporaciones policiacas de México, sostiene el articulista Carlos Fazio (La Jornada, 05.04.010)

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos Janet Napolitano respondió a la pregunta de si el ejército de su país está interviniendo en México, hecha por el periodista Robert Siegel del noticiario All Things Considered, de National Public Radio (NPR): “Sí. Déjeme ser clara, porque este es un asunto muy delicado: en forma limitada nuestro Ejército ha estado trabajando con el de México en su lucha contra los cárteles de la droga, pero a pedido del Gobierno de México, en consulta con el Gobierno de México; es solamente una parte de nuestros esfuerzos generales con México, que ante todo son de naturaleza civil.”

Sería ridículo pensar que los militares gringos son simples instructores técnicos. La realidad es que la orientación y la doctrina de la guerra ellos son quienes las determinan conforme con a los convenios de seguridad hemisférica que le han sido impuestos a México por Estados Unidos.
Y esa orientación es la doctrina de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) aplicada hoy en todo el mundo por las potencias imperialistas para someter a los pueblos y en la “guerra antinarco” que sirve como pretexto para lograr el primer objetivo generando terror y parálisis en la población en su conjunto.

Según sus directrices combinan labores de inteligencia, acción cívica (como la que recomendó la secretaria de Estado de USA, Hillary Clinton en la visita que realizó el pasado 23 de marzo encabezando el gabinete de seguridad de EU para reunirse con sus “homólogos” mexicanos); guerra psicológica y control de la población.
Recursos todos que se están aplicando puntualmente en el país no tanto para terminar con el fenómeno narco, lo cual, como lo reconoció Calderón, es imposible, sino contra la población porque lo que en realidad se persigue en la agenda oculta acordada por el gobierno de facto panista y el Pentágono, es la destrucción del Estado mexicano y el desmembramiento del país para la apropiación de los recursos naturales mexicanos por el imperio del norte y sus socios internacionales.
Calderón reiteradamente ha cometido el delito de traición a la patria al intentar –y lograrlo hasta cierto punto- la entrega del petróleo, la electricidad y otros recursos a las empresas multinacionales.
Como sostiene el jurista Luis Javier Garrido con su petición para que el ejército norteamericanos intervenga en México “apoyando” al mexicano en el combate a los carteles de la droga: “ La demanda expresada por Calderón al presidente estadunidense constituye desde el plano político no nada más una imbecilidad que lo relega al papel de comparsa de los halcones del Pentágono, comprometiendo a la clase política en su conjunto, sino que es, desde el plano constitucional, una felonía que configura el delito de traición a la patria tipificado en el Código Penal Federal, cuya comisión, de acuerdo con el segundo párrafo del 108 constitucional, constituye una de las dos gravísimas causales por las que el titular del Ejecutivo puede durante el tiempo de su encargo ser acusado, destituido y procesado conforme a las leyes penales mexicanas, todavía en vigor.” (LJ02.04.010)

LOS VENDEPATRIAS

Tomás Oropeza Berumen


México.- En los hechos el gobierno de facto de Felipe Calderón ha convertido a México en un protectorado de Estados Unidos al reconocer que no tiene la capacidad para derrotar a la “minoría ridícula” que según él constituye la delincuencia organizada a la que declaró la guerra en diciembre del 2006, a pesar de haber militarizado el país e impuesto un virtual e ilegal estado de excepción en varias regiones.

Ya antes el general brigadier Benito Medina, director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, había expresado lo mismo al sostener: “No podemos decir que el Ejército no puede, no, es que no solamente no es el Ejército, todo México no puede solo, necesitamos de la colaboración de la comunidad internacional”, aseveración que aparte de mostrar la baja moral de quienes deben velar por la soberanía nacional, es un franco llamado a la intervención de otros países en México para apoyar al gobierno panista en la misión de evitar que lleguen a suelo de Estados Unidos las sustancias que consumen los hijos del Tío Sam.

Más aún: Calderón se niega a discutir la legalización de las drogas arguyendo que mientras en Estados Unidos no se debata el tema, aquí tampoco se hará. Reconociendo con ello el papel subordinado de su gobierno al del vecino del Norte, donde se decide lo que aquí se tiene que hacer.

Y a pesar de que para su guerrita contra el narco esta violentando la Constitución mexicana y los derechos humanos de miles de mexicanos, sostuvo en entrevista para un medio estadounidense que lo único que pretende es “hacer que se respete la ley” aceptando que es “imposible acabar con las drogas y su consumo”

En una entrevista hecha por Fareed Zakaria, conductor del programa GPS de la cadena CNN, Fecal de plano dio muestras de extravío mental al sostener, contradiciendo el discursito que ha sostenido desde diciembre del 2006: “Mi objetivo principal no es acabar con las drogas ni eliminar su consumo. Eso es imposible. Mi objetivo es fortalecer la ley mexicana. Quiero hacer de México un país donde se respete la ley, porque ése es el primer paso para el desarrollo.”

Más allá de los galimatías presidenciales, la inusitada reunión de Alto Nivel para la Iniciativa Mérida realizada el martes pasado entre el gabinete de seguridad del gobierno norteamericano y el de Calderón, unos días después del asesinato de tres personas vinculadas al consulado norteamericano en Cd. Juárez, indudablemente tuvo por objeto dejar claro quién manda al sur del Río Bravo en el Estado fallido mexicano.

La visita de los enviados del continuador de la política del ex presidente George Bush, Barak Obama, encabezados por la secretaria de Estado Hillary Clinton; de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior; el secretario de Defensa, Robert Gates; el director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Michael Mullen constituye una intimidante señal para quienes se niegan a admitir la anexión silenciosa de México a USA, acelerada desde 1994 en que el gobierno de Carlos Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Según la poca información que ha trascendido sobre lo que se trató en esa reunión, se reconoció la necesidad de añadir al Plan Mérida el aspecto de la política social, en vista de que hasta ahora no ha tenido éxito la pura acción policiaco- militar. Por lo que en adelante el gobierno gringo podrá meter las manos en la relación del gobierno mexicano con la sociedad, dizque para regenerar el tejido social siguiendo el modelo inventado para Ciudad Juárez, Chih., impuesto sin consenso con la sociedad fronteriza en donde continúa la presencia castrense a pesar del repudio popular.

Aunque según la versión oficial del resultado de la reunión la representación norteamericana reconoció la parte de responsabilidad que le corresponde, el escenario de la guerra seguirá siendo nuestro país, en donde a todas luces el gobierno y el ejército no han logrado el control de la situación, como lo demuestra la situación en Monterrey, NL, con los bloqueos de calles supuestamente realizados por las bandas de delincuentes y donde - al parecer por error- el ejército mató a dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), tratando luego de ocultar su responsabilidad, primero tachándolos de sicarios y luego ocultando su identidad despojándolos de sus identificaciones que “desaparecieron”. Además sospechosamente los jóvenes estudiantes de postgrado Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, tenían los rostros desfigurados por golpes, según denuncia de sus familiares.

Otro caso que ha llamado la atención y puesto en evidencia la brutalidad de la Marina y/o de la policía regiomontana -corporaciones que se echan mutuamente la culpa- es el asesinato de un presunto narco menudista, José Humberto Martínez Campean de 26 años, quien fue levantado por los marinos ante las cámaras de televisión y más tarde apareció muerto y con huellas de tortura.

Una cosa es cierta: en la supuesta guerra de Calderón contra los carteles de la droga, han muerto más hombres y mujeres que en la intervención norteamericana en Irak, donde desde 2003 a la fecha han perecido 4 mil 386 soldados invasores norteamericanos, desconociéndose el número de iraquíes victimados, mientras que en México han muerto más de 18 mil hombres y mujeres, principalmente jóvenes en las vendetas entre las mafias y enfrentamientos con los cuerpos policíacos y castrences.

LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO

Tomás Oropeza Berumen

México, 22.03.010.- En esta primavera el gobierno que encabeza Felipe Calderón a nombre del gran capital, esta empeñado en lograr las reformas laboral, petrolera, política y de seguridad nacional. Se trata de imponer a la clase trabajadora y al pueblo todo, un modelo económico caracterizado por mayores ventajas para la explotación de la fuerza laboral; así como de obstruir -más aún- las vías legales para la lucha por las reivindicaciones laborales y populares.

Consciente de que el malestar popular sigue creciendo en un país con más de siete millones de jóvenes sin acceso a la educación ni al trabajo formal y donde el 70 por ciento de la población económicamente activa subsiste en la economía informal, Calderón sigue militarizando el territorio nacional, a pesar de las protestas populares, como ocurre en Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Tamaulípas, sin mayor éxito en la erradicación del fenómeno que dice combatir, pero generando un miedo paralizante en la población que se ha vuelto rehén de los cárteles del narco y los militares.

Pese a esto, y de manera ejemplar, en Cd. Juárez, Chih. las organizaciones populares y estudiantiles se expresaron con energía el 16 de marzo durante la tercera visita de Calderón a esa frontera, donde nuevamente fue repudiado por los familiares de los estudiantes muertos el 31 de enero, las madres de las mujeres desaparecidas y/o asesinadas y estudiantes universitarios.

En la capital del país y cundo menos diez entidades, ese mismo día se realizó una huelga política nacional convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y decenas de organizaciones populares entre las que destacaron por su combatividad la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la República Mexicana, sectores de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, la Otra Campaña, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, estudiantes de la UNAM y el Politécnico.

Y en medio de la extraña huelga del SME, consistente en colocar las banderas rojinegras en las entradas de 400 centros laborales de la “extinta” Compañía de Luz y Fuerza del Centro (ClyFC), hoy en poder de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se produjo la represión de la Policía Federal, que disparó bombas lacrimógenas contra los trabajadores y afectó severamente a los bebés de una guardería, así como a niños de una escuela en el centro del D.F. También las fuerzas del orden calderonista macanearon e hirieron a varios electricistas en Necaxa, Puebla y Juandhó, Hidalgo.

Podría decirse que el gobierno de FC se ha propuesto doblegar aún más a los trabajadores para cumplir los compromisos con el empresariado que lo colocó en la silla presidencial con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el ejército, después de un proceso electoral fraudulento en 2006.
Ese es el objetivo que se pretende con la reforma a la Ley Federal del Trabajo cuyo proyecto fue entregado la semana pasada al Congreso para su discusión y aprobació.

A decir de los diputados del gubernamental Partido Acción Nacional (PAN) mediante los cambios a la legislación laboral se crearán más empleos, estimulará la inversión nacional y extranjera, incrementará la productividad, México será más atractivo para los inversionistas, etc., etc.
Pero desde la perspectiva de los trabajadores se pretende: cancelar el derecho de huelga; legalizar: los despidos sin indemnización; el establecimiento de los periodos de prueba; legalizar la subcontratación (outsourcing); las funciones polivalentes; hacer imposible el establecimiento de los contratos colectivos y la organización sindical, en fin se trata de crear empleos chatarra, incapaces de permitir a los trabajadores la obtención de un ingreso digno y suficiente.


Ante las críticas a esta ley cien por ciento pro patronal, el secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón ha respondido que es preferible al desempleo.

Otro tema que ha saltado a la palestra en el 72 aniversario de la expropiación petrolera es la pretensión gubernamental de reformar la ley para privatizar Pemex y de plano entregar lo que aún permanece en manos del Estado de esa empresa paraestatal al capital privado. Ahora, como en 2008 -y siempre- el PAN intenta reformar la ley para que el capital “mexicano fortalezca” a Pemex.

Calderón y sus huestes sostienen que el Estado seguirá siendo rector en materia petrolera. La misma mentira con la que justificaron el decreto de extinción de L y FC cuyos bienes están siendo rematados a compañías extranjeras. Y la fibra óptica malbaratada a Televisa asociada ahora con las españolas Megacable y Telefónica.

Con lo que no cuentan Calderón, el PAN y El Yunque, es con la necia resistencia que durante tres décadas y a pesar de las traiciones de la izquierda domesticada, ha impedido la plena imposición de las reformas estructurales neoliberales.

El levantamiento de los pueblos zapatistas en 1994 contra el TLC, la huelga estudiantil de 1999-2000 en defensa de la gratuidad educativa en la UNAM; la oposición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra contra la construcción de un mega aeropuerto en tierras comunales, son demostración de que a un siglo del estallido de la revolución de 1910- 17 en el subsuelo del país sigue vivo el espíritu de rebelión.
Los electricistas del SME, los mineros de Cananea, el pueblo de Cd. Juárez y muchos otros contingentes están hoy en pie de lucha y convocando a un referendo a realizarse el 21, 22 y 23 de mayo para echar abajo, pacíficamente, al presidente del desempleo y la muerte.