¿QUIEN PAGA LA CRISIS EN MÉXICO?

Tomás Oropeza Berumen

“La tasa de ganancia es la fuerza impulsora en la producción capitalista, y sólo se produce lo que puede producir con ganancia y en la medida en que puede producírselo con ganancia”

Karl Marx, El Capital, vol. 6, tomo III, p. 332, ed. Siglo XXI

Para Marx la crisis económica se manifiesta mediante la caída de la tasa de ganancia y la generalizada interrupción del proceso de circulación de mercancías. O para decirlo de otro modo, para el capitalista es imposible realizar sus mercancías y obtener la ganancia apetecida. Produciéndose la interrupción en el ciclo del capital.
Hechos que expresan la existencia de una sobreproducción relativa de capitales y mercancías que al no encontrar compradores, provocan que se interrumpa momentáneamente el ciclo del capital.
Las ganancias dejan de fluir a las manos de los capitalistas. Se ha perdido el móvil de la producción capitalista.
Quiebran miles de empresas y millones de trabajadores son lanzados a la calle.
Se produce un círculo vicioso que debe ser superado mediante la destrucción de las fuerzas productivas excedentes para lograr el incremento de la tasa de ganancia.
La crisis económica es el momento en que se revela la agudización de las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción - basadas en la propiedad privada de los medios de producción e intercambio- sobre las que le levantan las clases sociales.
En el capitalismo el desarrollo de las fuerzas productivas tiene efectos contradictorios: es un medio para elevar la explotación de la fuerza de trabajo obrera y al mismo tiempo provoca el incremento del capital constante, a costa del variable. Incrementa la parte del trabajo muerto disminuyendo el trabajo vivo, ocasionando la disminución de la masa de plusvalía respecto al capital total. Existe la tendencia a la disminución de la tasa de ganancia.
Las grandes crisis históricamente se han resuelto mediante la guerra que destruye enormes masas de fuerzas productivas (materiales y humanas) o la revolución.
Mediante la guerra del capital contra el trabajo y entre los mismos capitalistas se trata de imponer condiciones de mayor explotación a los trabajadores y de concentrar y centralizar el capital a costa de la quiebra de miles de pequeños y medianos capitalistas.
En el México actual en el que un pequeño grupo de grandes empresarios tiene bajo su control el Estado, este sirve como un instrumento para acelerar la privatización de los bienes propiedad de la nación, para impulsar la tendencia “natural” del capital a la concentración y centralización del capital y para romper la resistencia de las clases explotadas.
La crisis en México

México es un país capitalista cuya economía está íntimamente vinculada de manera subordinada a la de Estados Unidos, rasgo acentuado desde el establecimiento del modelo económico neoliberal hace tres décadas y la aplicación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en 1994.
La economía mexicana está inmersa en la economía mundial y en ella se desempeña como productor y exportador de materias primas, productos manufacturados en la industria maquiladora de exportación (IME) y mano de obra barata.
La crisis de sobreproducción relativa estalló en 2008 en Estados Unidos y en Europa, manifestándose como crisis financiera y se extendió a casi todos los países del mundo con economías vinculadas a esas potencias.
En México el gabinete económico de Felipe Cadlerón negó que la crisis estadounidense fuera a repercutir en el país, fanfarroneando con la existencia de una fortaleza económica y un blindaje que no existía más que en la febril imaginación de los Chicago Boys encabezados por el entonces secretario de Hacienda, Agustín Cartens.
En el proceso de superación de la crisis en curso, millones de personas en el campo y la ciudad están padeciendo las consecuencias de la pérdida del propio empleo o de sus familiares, Cifras oficiales sostienen que hay en el país 80 millones de pobres (77%) sobre una población de 104 millones de mexicanos.
Y también miles de pequeños y medianos capitalistas al sufrir la bancarrota son lanzados a las filas de los desposeídos de medios de producción y de consumo. De 2004 a la fecha han quebrado 75 mil empresas, a decir del Sistema de Información Empresarial Mexicano y el 60 por ciento de las empresas desaparece en los primeros dos años de existencia.

En 2009 el PIB tuvo una caída cercana al 7 por ciento, la más grave en 76 años.
El 86 por ciento de exportaciones y el 56 por ciento de sus importaciones las realiza México con Estados Unidos de donde proviene el 63 por ciento de la Inversión Extranjera Directa.
La recesión estadounidense provocó en México el desplome de sus exportaciones manufactureras y agrícolas, la disminución de la captación de la IED; disminución de las divisas del turismo y la baja de las remesas que envían los trabajadores migratorios. A lo cual hay que agregar el desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional. (http://uom.edu.mx/trabajadores/76_Laura.html)

De una Población Económicamente Activa cercana a 47 millones de hombres y mujeres, 6 de cada 10 se ganan la vida en el sector informal.
En Estados Unidos laboran (según cifras del Consejo Nacional de Población) 8.5 millones de mexicanos, de los cuales 3.5 millones carecen de papeles, fuerza de trabajo clandestina y víctima de super explotación. Caída de las remesas en 36 por ciento.
Calderón agudizó la crisis económica del país y la pobreza del pueblo.
EN 2009 se registró la peor caída del PIB en más de 70 años, al caer ese indicador casi 7 por ciento. Empeorando la situación del país que en casi tres décadas había registrado un crecimiento promedio menor al 3 por ciento. No obstante, el 14 de abril pasado Hacienda calculó que en 2010 el país crecerá 4.1 por ciento y en 2011, 4 por ciento. Lo que significa, que en caso de que no se equivoquen el país seguirá por debajo del nivel alcanzado en 2008.
Mientras que en Estados Unidos el gobierno de Barack Obama disminuyó los impuestos y abarató el crédito, el gobierno de Calderón creo nuevos impuestos e incrementó los que ya había y permitió que los banqueros restringieran y encarecieran el crédito.
Con el apoyo del PRI y parte del PRD el PAN consiguió la aprobación del paquete fiscal de Hacienda. Creandose el Ietu, aumentando el IVA, ISR, los gravámenes a las cuentas bancarias y servicios de telefonía.
Los precios de servicios y bienes producidos por el Estado se incrementaron y siguen subiendo: transporte foráneo y urbano, teléfono, agua, luz, diesel, azúcar etc. y productos de consumo durable.
En 2009 un sector de la burguesía retiró del país entre marzo y noviembre 21 mil 301 millones de dólares. Suma que superó 118 por ciento el ingreso de la Inversión Extranjera Directa (IED).
Al mismo tiempo el ingreso de divisas por remesas disminuyó 13.4 por ciento respecto al 2008.La creciente salida de capitales que llega a 30 mil 111 millones de dólares en los tres años del gobierno de facto.
Según el Banco de México en 2009 se perdieron 425 mil empleos.
Datos oficiales sostienen que 47.4 por ciento de los mexicanos padecen pobreza patrimonial (ingreso mensual menor a 1, 900 pesos en la ciudad y menos de 1, 200 pesos en áreas rurales). 63 pesos diarios en la ciudad y 40 pesos en el campo. 18 por ciento sufre de pobreza alimentaria.

La pérdida del poder de compra de los trabajadores


El desempleo, la precarización del trabajo y los bajos salarios típicos del capitalismo mexicano, han empeorado bajo el desgobierno de Calderón superando lo logrado en la década perdida del 80 del siglo pasado al perderse en los primeros tres años del presidente del empleo, señala el Centro de Análisis Interdisciplinario de la Facultad de Economía, UNAM.
El 1 de diciembre del 2006, sostiene, el salario mínimo era de 48.67 pesos diarios (área A) y el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) de 80.83, pudiéndose comprar el 60.21 por ciento de esa canasta (que no incluye gastos de transporte, renta, educación, diversión, etc.) En tanto que para el primero de abril de 2010 con el minisalario de 57.46 pesos al día y un precio de la CAR sólo se puede adquirir 36.65 por ciento.
Hoy, gracias a los gobiernos del cambio las familias obreras que quieran consumir una canasta como la descrita, deberán trabajar 21 horas 50 minutos (63% de incremento) en tanto que el 1 de diciembre, cuando Calderón estaba recién llegado a Los Pinos, los trabajadores laboraban 13 horas 17 minutos para comprar la CAR.

CONCLUSIONES

Es claro que son los obreros, los trabajadores informales, los campesinos pobres, los pequeño burgueses, la clase media, los pueblos indios, es decir, quienes contribuyen -de una u otra forma- a la producción de la riqueza social, quienes están cargando con la crisis económica a través de la cual la clase parasitaria capitalista se beneficia del proceso de concentración y centralización del capital.
La crisis se habrá de superar sobre la base de la re estructuración de las relaciones entre capital y trabajo a escala mundial o mediante la toma de los medios de producción y el poder por el proletariado y sus aliados.
En el primer caso, la recuperación será transitoria y se dará mientras se eleve la tasa de ganancia (la relación entre el capital total y la plusvalía) y servirá para sentar las bases de una nueva crisis, mas devastadora.
En el caso de una revolución social que permita a los productores directos hacerse cargo de la producción y la distribución planificada sobre la base de la apropiación colectiva de los medios de producción, podría comenzar a construirse de manera consciente el futuro de la humanidad.

2030
México, 11.04.2010.- Al cumplirse 91 años del asesinato del líder agrarista y jefe guerrillero revolucionario Emiliano Zapata, México vive bajo una dictadura empresarial-militar que cumple puntualmente el plan anexionista del imperio norteamericano para llevar a cabo la destrucción del Estado Nación, apropiarse de las riquezas del país aún en poder de los pueblos originarios y la sociedad mexicana.

Con la firma del TLC en 1994, bajo el régimen de Carlos Salinas de Gortari surgido del fraude electoral de 1988 y la traición de Cuauhtémoc Cárdenas al pueblo que creyó en sus promesas, se inició un proceso de anexión acelerado en los tres años de la presidencia de facto del panista Felipe Calderón, quien con su guerra contra la delincuencia organizada (fachada de la guerra de baja intensidad que lleva a cabo contra el pueblo) ha puesto al Ejército mexicano bajo las órdenes del gobierno estadunidense, conforme a lo establecido en el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte (ASPAN) firmado por los presidentes de USA, Canadá y México el 23 de marzo de 2005 y el Plan Mérida activado el 30 de junio del 2008.

La participación de más de 45 mil soldados en el combate a las bandas de la delincuencia organizada y su fracaso contundente en esa tarea; la supuesta pérdida del control territorial en regiones de México; atentados contra el personal diplomático del consulado estadounidense en Cd. Juárez hace unas semanas y el más reciente en Nuevo Laredo Tamaulipas, mediante la detonación de un artefacto explosivo el viernes, son algunos elementos que han servido como pretexto al Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, para recomendar al Pentágono una mayor participación norteamericana en la lucha contra la delincuencia en México (Proceso, Núm. 1745).
La justificación: Riesgo creciente de que la violencia traspase la frontera y peligro de que por la corrupción que caracteriza al gobierno de Calderón, la infiltración en la policía y las fuerzas armadas, etc., continúe la violencia en el país y contagie a Estados Unidos. Posición que no hace más que confirmar la tendencia hacia un mayor intervencionismo norteamericano pretextando situaciones que en realidad podrían ser “incidentes” montados desde Washington, tal como sucedió en la historia reciente de naciones como Viet Nam, Cuba, Nicaragua, Guatemala, etc., y que sirvieron como pretexto para apoyar golpes de Estado o llevar a cabo la intervención militar yanqui.

Esta hipótesis se reafirma al leer el análisis realizado por el antropólogo Gilberto López y Rivas del transexenal Proyecto México, Gran Visión 2030, de Felipe Calderón que consta de 14 documentos recién desclasificados por la presidencia de la República.
Entre los autores del proyecto destacan grandes empresarios, políticos del PRI y del PAN, académicos e intelectuales del sistema. Algunos son: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje, cofundador de Bimbo.
También, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA. Además, Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Pro-yectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre muchos otros. (Contralinea).
Las metas del Proyecto 2030 persiguen la privatización del petróleo, energía eléctrica, agua, zonas de reserva de la biósfera, sector salud y educativo, tierras comunales de los pueblos indios y ejidos, mine-rales, playas, etc., los llamados monopolios públicos.
También se contempla impulsar las inversiones público-privadas, como la construcción de la superca-rretera que, atravesando el D.F. comunicará a Querétaro con Cuernavaca.
Desaparecer la secretaría de Energía para dar paso a la creación de la secretaría de Infraestructura. La desaparición de la CLyF es parte de esto junto con la privatización del sector eléctrico, la fibra óptica y la inversión privada en la explotación, exploración, distribución y venta del petróleo.
En la privatización del agua se ha comenzado ya con la limpieza de las cuencas por parte de entes pri-vadas y en cuanto a los recursos de la biósfera que han estado en manos de los pueblos indios durante siglos, las Unidades para la Conservación de la Vida Silvestre y el Ecoturismo las están tomando en sus manos.
Según la Secretaría de Hacienda desde 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias.
Estas son algunas de las características del plan calderonista que se está abriendo paso detrás y median-te la cortina de humo de la guerra al narco, que es también una guerra de baja intensidad que criminaliza las luchas sociales, que reprime y busca coptar a las oposiciones.
Una demostración del poder corruptor del dinero son la declaraciones del senador Carlos Navarrete, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, llamando a la “unidad nacional” “para llevar a cabo las reformas que México necesita” apoyando de este modo a Calderón, quien durante el homenaje a Zapata, expresó la urgencia de llevar a cabo las reformas estructurales para terminar de privatizar Pe-mex y la electricidad; reformar la Ley Federal Trabajo, aprobar la reforma política y reformar la Cons-titución para dar impunidad al ejército: La mejor manera de honrar la memoria de Emiliano Zapata expuso Calderón- es “poniendo bases nuevas y duraderas al desarrollo del país y pasar de los cambios posibles a la lógica de los cambios profundos y empresarios”.
En esta misma fecha miles de campesinos agrupados en el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros concluyeron en el Zócalo de la capital mexicana una marcha que partió el 1 de abril de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reclamando la libertad de los presos políticos campesinos y de los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, cambio en la política económica y restablecer en la Constitución la propiedad social y el derecho a la propiedad de la tierra para quienes la trabajan.
Por su parte los electricistas del SME anunciaron que en breve realizarán una huelga de hambre masiva reclamando su recontratación por la Comisión Federal de Electricidad conforme al contrato colectivo de trabajo que detentaban en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, desparecida ilegalmente por un decreto del ejecutivo emitido tras la ocupación militar de las instalaciones hace medio año.
Por su parte miembros de La Otra Campaña intentaron expresar su repudio a la política represiva gu-bernamental y la exigencia de cese a la represión y hostigamiento contra los pueblos zapatistas, pero la policía capitalina se los impidió a toletazos y despojándolos de equipo y material gráfico, con el pretexto de que “no tenían permiso para manifestarse”, como si el zócalo no fuera un espacio público./ Tomás Oropeza Berumen

GUERRA Y TRAICIÓN
Tomás Oropeza Berumen
México, 5,04,010.- En poco más de tres años Felipe Calderón ha convertido a la semicolonia que era México en un protectorado de Estados Unidos, perdiendo la escasa autonomía relativa que tenían los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que desde la firma del TLCAN en 1994 comenzó a esfumarse, conforme a la estrategia de la potencia imperial del Norte.
Como si México fuera parte del territorio estadunidense hoy un extranjero puede entrar al país sólo exhibiendo su visa para Estados Unidos. Ya no será la SRE mexicana la que decida quienes entran al país, sino el gobierno gringo. Según confesión de Calderón el visado se exige para velar por la seguridad de Estados Unidos y para detener el flujo de emigrantes hacia ese país.
Con esta medida los ciudadanos de los 93 países que podían ingresar a México sin visado seguirán gozando de ese privilegio. Para los viajeros procedentes de 135 países pobres y en conflicto será el Tío Sam quien otorgue o niegue su visto bueno.

Por otro lado la militarización y la generalización de la violencia que la “guerra a la delincuencia organizada” ha provocado desde que se declaró la batalla contra algunos carteles del narcotráfico, con la muerte de cerca de 19 mil supuestos delincuentes (hasta el mes pasado) parece importar poco tanto para el gobierno mexicano como para el del principal consumidor de las sustancias prohibidas, pues según los planes del gobierno de Barak Obama, expresados por el jefe del Comando Norte de USA Gene Renaut, la guerra podría durar otros diez años. Y para sostenerla se está entrenando a miles de soldados mexicanos en los principios de la guerra contrainsurgente con los que el ejército norteamericano combate a la resistencia de Irak y Afganistán, porque según el Pentágono los narcos usan los mismo métodos que los “terroristas” como ellos llaman a la resistencia de esos países.

Esto es grave pues según la doctrina militar de los norteamericanos, quienes se oponen a la invasión de su país por una potencia extranjera son terroristas. Y si según ellos los narcos usan métodos similares a los terroristas, podría extenderse esa caracterización a los luchadores sociales que se oponen a la militarización del país o que organizan luchas por demandas obreras, campesinas, estudiantiles, o resisten los proyectos económicos que despojan de sus tierras a campesinos e indígenas. Serían elementos subversivos, terroristas, o parte del “enemigo interno”.

Otra muestra del papel subordinado del ejército mexicano a los proyectos de seguridad extranjeros es la noticia publicada en Milenio: de que la Guardia Civil española capacitó a diez mil policías federales en tácticas de combate al terrorismo, fenómeno que no existe en el país, a menos que caprichosamente se quiera asimilar el combate a la delincuencia con ese concepto.

Más aún: Desde hace más de un año que funciona en algún lugar secreto de la capital mexicana la Oficina Binacional de Inteligencia donde operan agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en “colaboración” con diversas corporaciones policiacas de México, sostiene el articulista Carlos Fazio (La Jornada, 05.04.010)

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos Janet Napolitano respondió a la pregunta de si el ejército de su país está interviniendo en México, hecha por el periodista Robert Siegel del noticiario All Things Considered, de National Public Radio (NPR): “Sí. Déjeme ser clara, porque este es un asunto muy delicado: en forma limitada nuestro Ejército ha estado trabajando con el de México en su lucha contra los cárteles de la droga, pero a pedido del Gobierno de México, en consulta con el Gobierno de México; es solamente una parte de nuestros esfuerzos generales con México, que ante todo son de naturaleza civil.”

Sería ridículo pensar que los militares gringos son simples instructores técnicos. La realidad es que la orientación y la doctrina de la guerra ellos son quienes las determinan conforme con a los convenios de seguridad hemisférica que le han sido impuestos a México por Estados Unidos.
Y esa orientación es la doctrina de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) aplicada hoy en todo el mundo por las potencias imperialistas para someter a los pueblos y en la “guerra antinarco” que sirve como pretexto para lograr el primer objetivo generando terror y parálisis en la población en su conjunto.

Según sus directrices combinan labores de inteligencia, acción cívica (como la que recomendó la secretaria de Estado de USA, Hillary Clinton en la visita que realizó el pasado 23 de marzo encabezando el gabinete de seguridad de EU para reunirse con sus “homólogos” mexicanos); guerra psicológica y control de la población.
Recursos todos que se están aplicando puntualmente en el país no tanto para terminar con el fenómeno narco, lo cual, como lo reconoció Calderón, es imposible, sino contra la población porque lo que en realidad se persigue en la agenda oculta acordada por el gobierno de facto panista y el Pentágono, es la destrucción del Estado mexicano y el desmembramiento del país para la apropiación de los recursos naturales mexicanos por el imperio del norte y sus socios internacionales.
Calderón reiteradamente ha cometido el delito de traición a la patria al intentar –y lograrlo hasta cierto punto- la entrega del petróleo, la electricidad y otros recursos a las empresas multinacionales.
Como sostiene el jurista Luis Javier Garrido con su petición para que el ejército norteamericanos intervenga en México “apoyando” al mexicano en el combate a los carteles de la droga: “ La demanda expresada por Calderón al presidente estadunidense constituye desde el plano político no nada más una imbecilidad que lo relega al papel de comparsa de los halcones del Pentágono, comprometiendo a la clase política en su conjunto, sino que es, desde el plano constitucional, una felonía que configura el delito de traición a la patria tipificado en el Código Penal Federal, cuya comisión, de acuerdo con el segundo párrafo del 108 constitucional, constituye una de las dos gravísimas causales por las que el titular del Ejecutivo puede durante el tiempo de su encargo ser acusado, destituido y procesado conforme a las leyes penales mexicanas, todavía en vigor.” (LJ02.04.010)

LOS VENDEPATRIAS

Tomás Oropeza Berumen


México.- En los hechos el gobierno de facto de Felipe Calderón ha convertido a México en un protectorado de Estados Unidos al reconocer que no tiene la capacidad para derrotar a la “minoría ridícula” que según él constituye la delincuencia organizada a la que declaró la guerra en diciembre del 2006, a pesar de haber militarizado el país e impuesto un virtual e ilegal estado de excepción en varias regiones.

Ya antes el general brigadier Benito Medina, director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, había expresado lo mismo al sostener: “No podemos decir que el Ejército no puede, no, es que no solamente no es el Ejército, todo México no puede solo, necesitamos de la colaboración de la comunidad internacional”, aseveración que aparte de mostrar la baja moral de quienes deben velar por la soberanía nacional, es un franco llamado a la intervención de otros países en México para apoyar al gobierno panista en la misión de evitar que lleguen a suelo de Estados Unidos las sustancias que consumen los hijos del Tío Sam.

Más aún: Calderón se niega a discutir la legalización de las drogas arguyendo que mientras en Estados Unidos no se debata el tema, aquí tampoco se hará. Reconociendo con ello el papel subordinado de su gobierno al del vecino del Norte, donde se decide lo que aquí se tiene que hacer.

Y a pesar de que para su guerrita contra el narco esta violentando la Constitución mexicana y los derechos humanos de miles de mexicanos, sostuvo en entrevista para un medio estadounidense que lo único que pretende es “hacer que se respete la ley” aceptando que es “imposible acabar con las drogas y su consumo”

En una entrevista hecha por Fareed Zakaria, conductor del programa GPS de la cadena CNN, Fecal de plano dio muestras de extravío mental al sostener, contradiciendo el discursito que ha sostenido desde diciembre del 2006: “Mi objetivo principal no es acabar con las drogas ni eliminar su consumo. Eso es imposible. Mi objetivo es fortalecer la ley mexicana. Quiero hacer de México un país donde se respete la ley, porque ése es el primer paso para el desarrollo.”

Más allá de los galimatías presidenciales, la inusitada reunión de Alto Nivel para la Iniciativa Mérida realizada el martes pasado entre el gabinete de seguridad del gobierno norteamericano y el de Calderón, unos días después del asesinato de tres personas vinculadas al consulado norteamericano en Cd. Juárez, indudablemente tuvo por objeto dejar claro quién manda al sur del Río Bravo en el Estado fallido mexicano.

La visita de los enviados del continuador de la política del ex presidente George Bush, Barak Obama, encabezados por la secretaria de Estado Hillary Clinton; de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior; el secretario de Defensa, Robert Gates; el director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Michael Mullen constituye una intimidante señal para quienes se niegan a admitir la anexión silenciosa de México a USA, acelerada desde 1994 en que el gobierno de Carlos Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Según la poca información que ha trascendido sobre lo que se trató en esa reunión, se reconoció la necesidad de añadir al Plan Mérida el aspecto de la política social, en vista de que hasta ahora no ha tenido éxito la pura acción policiaco- militar. Por lo que en adelante el gobierno gringo podrá meter las manos en la relación del gobierno mexicano con la sociedad, dizque para regenerar el tejido social siguiendo el modelo inventado para Ciudad Juárez, Chih., impuesto sin consenso con la sociedad fronteriza en donde continúa la presencia castrense a pesar del repudio popular.

Aunque según la versión oficial del resultado de la reunión la representación norteamericana reconoció la parte de responsabilidad que le corresponde, el escenario de la guerra seguirá siendo nuestro país, en donde a todas luces el gobierno y el ejército no han logrado el control de la situación, como lo demuestra la situación en Monterrey, NL, con los bloqueos de calles supuestamente realizados por las bandas de delincuentes y donde - al parecer por error- el ejército mató a dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), tratando luego de ocultar su responsabilidad, primero tachándolos de sicarios y luego ocultando su identidad despojándolos de sus identificaciones que “desaparecieron”. Además sospechosamente los jóvenes estudiantes de postgrado Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, tenían los rostros desfigurados por golpes, según denuncia de sus familiares.

Otro caso que ha llamado la atención y puesto en evidencia la brutalidad de la Marina y/o de la policía regiomontana -corporaciones que se echan mutuamente la culpa- es el asesinato de un presunto narco menudista, José Humberto Martínez Campean de 26 años, quien fue levantado por los marinos ante las cámaras de televisión y más tarde apareció muerto y con huellas de tortura.

Una cosa es cierta: en la supuesta guerra de Calderón contra los carteles de la droga, han muerto más hombres y mujeres que en la intervención norteamericana en Irak, donde desde 2003 a la fecha han perecido 4 mil 386 soldados invasores norteamericanos, desconociéndose el número de iraquíes victimados, mientras que en México han muerto más de 18 mil hombres y mujeres, principalmente jóvenes en las vendetas entre las mafias y enfrentamientos con los cuerpos policíacos y castrences.