EL BÚNKER DE CALDERÓN

Tomás Oropeza Berumen

México, 15.XI.2010.- Como en vísperas del estallido de la Revolución hace cien años, hoy el pueblo mexicano sufre de explotación e injusticia lacerante y padece un gobierno que sirve exclusivamente a los señores del dinero. Es tanto el temor del dictadorzuelo en turno al descontento popular y las bandas criminales que hasta se mandó construir una fortaleza subterránea.


Como hace un siglo, obreros y campesinos sufren de la violencia de bandas de pistoleros, paramilitares y ejército. Hay violaciones, tortura y despojo en el campo. Existen haciendas esclavistas, como la “descubierto” hace unos días en Chiapas, donde 108 personas eran obligadas a trabajar sin salario alguno.

Pero no sólo en las montañas y selvas hay esclavitud. También existe en las grandes ciudades. Y hasta en la capital del país donde hace casi un año se detectó el caso de decenas de vagabundos esclavizados en un centro de rehabilitación para alcohólicos Los elegidos de dios que conmovió al país. Y los miles de prostitutas de la Merced, muchas de ellas menores de edad, explotadas en el comercio sexual, son botón de muestra.

De cómo se trata a los trabajadores en México habla el caso de los 65 mineros de Pasta de Conchos, Coahuila que siguen sepultados en los socavones de la mina concesionada al Grupo México, de Germán Larrea.

O el caso de los niños de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, de los cuales 49 murieron y 79 sobrevivieron con graves secuelas a consecuencia de un incendio sin que a la fecha se haya castigado a ninguno de los responsables.

Los 44 mil electricistas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, lanzados a la calle por orden de Calderón, pueden contarnos muchas historias de cómo trata el gobierno a los trabajadores a cien años de la Revolución burguesa mexicana.

O los mineros de Cananea, Sonora, cuyas instalaciones siguen tomadas por la Policía Federal que los desalojó de la mina de cobre también concesionada al Grupo México.

La muerte de seis trabajadoras de la cadena de tiendas COPPEL que perecieron en un incendio porque trabajaban bajo candado haciendo el inventario, es otro ejemplo de la esclavitud asalariada del capitalismo mexicano.

Hoy es tan grande el temor de Felipe Calderón, el presidente de facto, al odio que su política económica y social ha generado en todo el país contra su mal gobierno, que en secreto se mandó construir un búnker como en su tiempo hizo Adolfo Hitler en Berlín y donde por cierto se suicidó.

Calderón se inspiró en una serie de televisión, donde vio que los agentes antiterroristas “tienen los mejores juguetes” para aplastar a los malosos que pretenden acabar con el american way life, la democracia occidental, etc., y pensó que necesitaba un bunker para combatir al narco y seguramente a los movimientos sociales que en las teorías del Pentágono son fácilmente “confundidos” con narcoterroristas.

En un noticiario de la tv, CBS Evening News with Katie Couric, Calderón se confesó admirador de Jack Bauer un detective de la serie 24 que forma parte de la Unidad Antiterrorista de Los Ángeles y combate denodadamente a los malosos que intentan destruir la democracia del Tío Sam.

El Comando Central de Inteligencia situado en algún subterráneo de la enorme y monstruosa capital mexicana será el centro de operaciones desde el que se dirigirá la batalla antinarco y como nadie sabe donde se encuentra, servirá también de escondite, por si acaso.

Ante las cámaras de televisión Calderón se ufanó de “su” estrategia y como siempre sostuvo que costará más muertes y dinero. Aseguró que va ganando y la violencia de los carteles que todos los días bloquean carreteras y avenidas de grandes y pequeñas ciudades, que están provocando ya un éxodo nunca visto desde la revolución de 1910- 17, es la demostración de que los carteles están desesperados porque van perdiendo.

No dijo nada de los 13 mil 300 mil homicidios que se registraron de enero a agosto de este año. Un incremento de 28 por ciento respecto a igual periodo del año pasado. Ni de las más de 30 mil muertes que han ocurrido desde que hace 4 años inició su aventura bélica y sacó al ejército de los cuarteles para que violando la Constitución hicieran el papel de policía.

Tampoco mencionó que en CD. Juárez se han realizado varias manifestaciones repudiando a la Policía Federal y al ejército.

Ya antes Calderón había inaugurado un Centro de Inteligencia de la Policía Federal con equipo de punta para su guerra, en instalaciones subterráneas y con autonomía en materia de energía (por aquello de los apagones de la CFE). Y se localiza en avenida Constituyentes 947, Delegación Álvaro Obregón (El Universal, 25.XI.2009).

Tampoco dijo nada de la mal llamada Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) donde el Pentágono ha concentrado a toda clase de espías que desde hace años estaban operando en México y que ahora lo harán abiertamente, gracias a Calderón.

La revista Proceso informa en sus páginas que el centro de espionaje fue autorizado a pesar de la oposición de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Y que los agentes de nueve agencias del espionaje norteamericano: la CIA, FBI, DEA, Agencia de Inteligencia Militar, la Agencia Nacional de Seguridad, etc. Tienen la misión de investigar la delincuencia organizada, las dependencias gubernamentales, la Sedena y la Marina y de seguro a los movimientos populares, laborales, estudiantiles e indígenas. El nido de espionaje se localiza en Pase de la Reforma, cerca de la embajada de Estados Unidos.

Como hace un siglo, el pueblo mexicano vive bajo una verdadera dictadura, ahora apoyada por Estados Unidos.

UN GOBIERNO FALLIDO


Tomás Oropeza Berumen


México, 11.XI. 2010.- A pesar de las declaraciones triunfalistas del gobierno de derechas encabezado por Felipe Calderón, el país sigue inmerso en una espiral de violencia provocada por la estrategia militarista para combatir a la llamada delincuencia organizada, sin tocar sus finanzas y sin una política social que erradique la pobreza de millones de mexicanos que viven una interminable crisis económica y social.

A casi cuatro años de iniciada la guerra del gobierno de facto panista contra algunos carteles del narcotráfico que ha costado más de 39 mil muertes, el gobierno reconoce que no tiene control cuando menos en 400 municipios de los 2438 que tiene el país y los ataques de las narcobandas contra las fuerzas castrenses y policíacas no cesan y han escalado en violencia y uso de armamento sofisticado.
No es exagerado por ello decir que el gobierno calderonista no tiene capacidad para garantizar la seguridad de los mexicanos ni tampoco su progreso y bienestar.

El de Calderón es un gobierno fallido y lejos de resolver los graves problemas nacionales los está aumentando conforme a un plan que busca desestabilizar y generar condiciones para el establecimiento de un Estado de excepción a nivel nacional.
En estos días aciagos México vive una situación absurda donde el ejército ayuda a que habitantes de pueblos amenazados por uno de los cárteles de la droga huyan hacia otras ciudades, en lugar de protegerlos. O que una banda ofrezca su auto disolución y retiro a cambio de que el gobierno cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de los habitantes del estado de Michoacán. Del que es originario el presidente de facto Felipe Calderón y donde pretende imponer a su hermana, Luisa Maria, como gobernadora el próximo año.

La primer situación del mundo al revés que se vive en México se presenta en Mier y Camargo, dos municipios de Tamaulipas entidad que desde la muerte del jefe del cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillen alias Tony Tormenta, a manos de la Marina Armada de México, se ha convertido en una plaza ambicionada por varias bandas, entre ellas Los Zetas, integrada por ex militares de tropas entrenadas en la Escuela de las Américas para combatir el levantamiento zapatista de 1994.

Horas después de la caída del hermano del fundador del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillen, preso desde 2007 en Estados Unidos, la violencia que se vivió en Matamoros el pasado viernes se extendió a más de diez municipios tamaulipecos y aparecieran narcomantas en todos los estados del Golfo de México con mensajes de Los Zetas, burlándose de sus rivales y amenazándolos con apropiarse de sus mercados y rutas de la droga rumbo a Estados Unidos, consumidor insaciable de todo tipo de basura enervante.

El segundo caso para Ripley es el que se presenta en el estado de Michoacán, donde mediante mantas y volantes una banda de delincuentes llamada La Familia, una de las agrupaciones más perseguidas por Calderón, le ofrece autodisolverse siempre y cuando su gobierno se comprometa a garantizar la seguridad de los michoacanos e impedir que se asienten en esa entidad grupos delictivos de otras entidades. Como Los Zetas o el Cártel del Pacífico, del Chapo Guzmán, hoy por hoy uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista Forbes.

No es nuevo el intento por negociar de La Familia Michoacana. En julio del año pasado le envió un mensaje a Felipe Calderón a través de un noticiero de la televisión local dirigido por el periodista Marcos Knapp. Servando Gómez, alias La Tuta, habló al aire con el comentarista y acusó a la Policía Federal Preventiva (hoy Policía Federal) y a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de apoyar a Los Zetas en su proyecto de apropiarse de la plaza michoacana. Señalando como responsable de esa alianza al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

En aquella ocasión, como ahora, su oferta fue rechazada públicamente. Pero ahí queda el intento de esa banda que al parecer cuenta con una amplia base social tanto en Michoacán como en varios estados del país donde opera no solo en el trasiego de narcóticos, sino en varios rubros delictivos.

En el aspecto económico la situación esta tan mal que hasta personajes como el ex secretario de Hacienda del gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo reconoce que no se registrará una recuperación en el corto plazo y que la violencia es un obstáculo para el crecimiento económico.

Para el también ex gobernador del Banco de México y ex representante de México en el Fondo Monetario Internacional que será el próximo presidente del consejo de administración de Banorte, uno de los poquísimos bancos en manos de capitalistas mexicanos, la violencia imperante en el país está impidiendo la recuperación.

Opinión contraria a la que sostiene el actual secretario de Hacienda Ernesto Cordero, quien asegura que la narcoguerra no obstruye el buen despeño de los negocios aunque las cifras digan que el turismo se ha desplomado, el desempleo sigue creciendo y el año próximo el Producto Interno Bruto descenderá más aún.

Otros absurdo aparente, detrás de los cuales se oculta la lógica represiva del gobierno, es el ataque contra la oficinas del diario El Sur, en el puerto turístico de Acapulco, Guerrero, por un grupo de pistoleros que disparó contra redactores y reporteros sin lesionar de gravedad a ninguno. Esto a unos días de que Felipe Calderón se comprometió a respetar la libertad de expresión en México.

El director de El Sur, Juan Angulo, señaló que el ataque pudo ser originado por la hostilidad que el gobernador Zeferino Torreblanca mantiene con el rotativo que desde su fundación hace 12 años ha sido voz de las luchas sociales y defensor de los derechos humanos en Guerrero. Amén de sostener una actitud crítica e independiente frente al mandatario que llegó al ejecutivo estatal como candidato del Partido de la Revolución Democrática. Hace unos días El Sur hizo públicos varios videos donde se muestran a varios jefes de la policía de Acapulco en tratos con delincuentes.

Pero el desconcierto y el miedo comienzan a ser superados poco a poco por los jóvenes y académicos. El domingo pasado con una manifestación en CD. Juárez, a una semana de la agresión policíaca contra el estudiantado de la Universidad y en la capital del país con dos pequeñas manifestaciones de estudiantes de la UNAM y otras instituciones educativas bajo el los lemas Si le pegan a uno, nos pegan a todos y Ni uno más, ni una más.

JUÁREZ, EN LA MIRA DE LOS ASESINOS

Tomás Oropeza Berumen

XI.03.2010. - La represión contra el movimiento social de Juárez, Chihuahua el viernes 29 de octubre, cuando policías federales intentaron asesinar al estudiante de Sociología Darío Alvarez Orrantía, de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez, es una provocación del gobierno de Felipe Calderón y la enésima demostración de que su narcoguerra es un burdo pretexto para llevar a cabo una campaña de exterminio contra el pueblo y los luchadores sociales en la lógica de una estrategia de contrainsurgencia preventiva.

Fueron dos los policías federales de la corporación dirigida por Genáro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, los que penetraron al campus universitario, violando la autonomía de esa casa de estudios y le dispararon a Dario, participante en la XI Marcha Kontra la Muerte para repudiar la estrategia del gobierno federal en la lucha contra el narco.

La manifestación de varios cientos de estudiantes universitarios y activistas sociales se llevó a cabo seis días después de la matanza de 14 adolescentes que celebraban un cumpleaños y fueron masacrados por un grupo de matones que penetró a su domicilio. Y a menos de 24 horas de que un comando de desconocidos atacara el vehículo donde eran trasladados a sus domicilios obreras de una maquiladora, de las que murieron cinco.

Desde hace once semanas tanto en Chihuahua, capital, como en Cd. Juárez se lleva a cabo una Kaminata kontra la muerte cada viernes a iniciativa de varios colectivos y organizaciones de activistas, entre las que destaca el grupo editor de La Gota. En esta ocasión la manifestación en Cd. Juárez se integraría al Foro Contra la Militarización que, pese al asedio y la provocación policiaca se llevó a cabo en la UACDJ.

Juárez es hoy la ciudad más peligrosa del mundo y escenario del fracaso de la estrategia gubernamental que la ha militarizado sin lograr terminar con los carteles de la droga que operan sin pena en medio de miles de militares y policías federales que han convertido a la población en blanco de sus arbitrariedades. Por esa razón la exigencia del retiro del ejército y los federales es una bandera del pueblo juarence.

Al analizar lo que está sucediendo en esa ciudad donde la industria maquiladora de exportación mantuvo una de las tasas más altas de empleo -y hoy sufre de desempleo masivo- resulta claro que las fuerzas policiaco militares cumplen el papel de atemorizar a la población y junto con las bandas de delincuentes han generado un clima de terror paralizante.

Las matanzas masivas de jóvenes, las desapariciones de cientos de mujeres y el hostigamiento a las obreras de la maquila, esta rebelando que además de las corporaciones policiacas y militares “legales”, existen grupos clandestinos que llevan a cabo una campaña de limpieza social, eliminando a aquellos que son considerados basura humana, como sería el caso de adictos a las drogas, pequeños traficantes, vagabundos, prostitutas, homosexuales,activistas, etc.

Estos grupos de asesinos organizados para llevar a cabo las tareas que el ejército no se atreve para evitar el desprestigio, son los paramilitares o escuadrones de la muerte, de los que se habla cada vez con más insistencia. Y hasta en el Senado de la República ha comenzado a mencionarse que estos grupos operan en varias entidades al servicio de gobernadores y empresarios.

No es nada nueva la existencia de paramilitares en México. Desde antes de 1968 se sabía de su existencia siempre ligada al ejército del que recibían (y reciben) instrucción militar, dinero y mandos.

La Brigada Blanca en los años setenta fue una agrupación que auxilió al ejército en el combate a las guerrillas urbanas y rurales que había en casi todo México. El grupo Los Halcones, famoso por la matanza del 10 de junio de 1971, es otro antecedente. Antes, para reprimir al movimiento de estudiantes se utilizó al Batallón Olimpia, el que llevó a cabo la provocación con la que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz justificó la masacre del 2 de octubre del 68, en la Plaza de las Tres Culuras.

En el estado de Chiapas, después del levantamiento indígena zapatista de 1994 surgieron decenas de grupos paramilitares integrados principalmente por indígenas miembros del PRI y del PRD. Los Chinchulines, Mascara Roja y otros. Varios de ellos todavía siguen hostigando las comunidades autónomas del EZLN.

El Ejército de Dios, integrado por indígenas evangelistas, es hoy uno de esos grupos paramilitares que actúa a plena luz con el apoyo del gobernador Juan Sabines un priísta que el PRD hizo su candidato y hoy es gran amigo de Calderón.

En abril pasado, en el estado de Oaxaca fueron asesinados por un grupo paramilitar del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dos participantes de la Caravana por la Paz que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, Bety Cariño y el activista finlandes Jury Yaakkola.

Pese a la “tradición” paramilitar mexicana, hay algo novedoso en el caso de los escuadrones de la muerte que están actuando en medio de la actual narcoguerra. Y es su carácter secreto, pues se mimetizan con el ejército, las policías y los narcos, ya que utilizan uniformes, armas y vehículos iguales a los de todos ellos. De tal modo que la población no logra distinguirlos y no se sabe a ciencia cierta quienes son los responsables de las masacres, levantones, extorsiones, torturas, etc., etc. que se cometen todos los días en México contra la población civil.

Hoy los movimientos sociales y de izquierda mexicanos están enfrentándose a un poder donde el gobierno, la policía, los charros sindicales, el ejército, los paramilitares y los narcos los combaten, tratando de paralizarlos mediante el terror para impedir la organización del descontento generalizado que hay en el país, mismo que podría transformarse en un movimiento contra el gobierno del PAN y la oligarquía.

Esa es la apreciación que en noviembre de 2009 expresaron militantes del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (Erpi) en el estado de Guerrero quienes en un comunicado con motivo del asesinato de su comandante Omar Guerrero Solis “Ramiro” responsabilizaron a los órganos de inteligencia del ejército de ser los autores intelectuales del operativo ejecutado por un grupo narcoparamilitar. Dijeron en entrevista para Contralínea (ver Voltairenet.org), que en las montañas se han unido las guardias blancas de los terratenientes, los soldados, la policía motorizada y los paras del narco para exterminarlos.

Llama la atención que en el estado de Chihuahua, donde hay decenas de miles de militares y policías de todas las corporaciones nacionales y gringas patrullando y existe un virtual estado de excepción, además de ocurrir matanzas como la de Salvarcar en enero de este año y han sido asesinados decenas de adictos internos en centros de curación, se ejecuten periodistas, abogados, maestros y estudiantes universitarios y jamás se detenga a los autores.

TIEMPOS VIOLENTOS

Tomás Oropeza Berumen

México, 25,10.2010.- A pesar de las cuentas alegres de los economistas del gobierno mexicano la situación económica y social del país continúa en caída libre y sin esperanzas de tocar fondo. En el contexto de una crisis económica que está lejos de terminar y cuya solución depende de lo que ocurra en Estados Unidos, donde se prevé una depresión más severa para los próximos dos años, México sobrevive sin más proyecto que el impuesto por la oligarquía beneficiada con el modelo económico y social neoliberal que lo ha convertido en una colonia de Estados Unidos.

La violencia de la narcoguerra, que se libra entre los carteles de la delincuencia organizada y de estos con las fuerzas policíacas y militares gubernamentales, se ha extendido y agudizado convirtiéndose en parte de la cotidianidad de los mexicanos, donde los asesinatos políticos contra líderes sociales pasa casi inadvertida.Las matanzas ocurridas el pasado fin de semana en las fronterizas Cd. Juárez, Chihuahua y Tijuana, Baja California, se suman a la lista ya interminable de masacres, ejecuciones, fusilamientos que demuestran hasta la saciedad la incapacidad del gobierno panista para garantizar a la ciudadanía seguridad para sus vidas y bienes.

No cabe la menor duda: El gobierno de facto encabezado por Felipe Calderón es el responsable de la colombianización de México por obedecer la estrategia fraguada en Estados Unidos para “combatir” a la delincuencia organizada sólo con medidas policíacas y militares. Sin medidas de política económica para el desarrollo cultural, creación de empleos bien remunerados y seguridad social.

Un día después del decomiso de 134 toneladas de mariguana en Tijuana y de las triunfalistas declaraciones de Felipe Calderón, en Cd. Juárez fueron ejecutadas 14 personas, todos jóvenes y hasta niños, por un grupo de matones. Y en Tijuana la noche del domingo un grupo de encapuchados fusiló a 13 internos de el centro de rehabilitación para adictos El Camino.

También la noche del domingo una balacera en pleno centro de Monterrey, la capital de Nuevo León, provocó el pánico y una estampida humana de asistentes a un concierto en el Palacio Municipal con un saldo de 5 lesionados.

Represión y criminalización de movimientos sociales y laborales

El 22 de octubre fue asesinado en Tuxtepec, Oaxaca, Catarino Torres Pereda, secretario General del Comité de Defensa Ciudadano y adherente de la Otra Campaña; dos días más tarde Heriberto Pazos, fundador del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, recibió varios balazos en la cabeza a pesar de que era custodiado por elementos de seguridad de la Agencia Estatal de Investigación asignados por el gobierno del saliente gobernador oaxaqueño, el multiasesino Ulises Ruiz.

Ya a principios de octubre habían sido baleados por una disputa de tierras los líderes indígenas Melitón Castañeda y Juan García, pobladores del municipio de Santo Domingo Ixcatlán. El sábado 16, fueron emboscados y asesinados por encapuchados los miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui – Independiente (MULT-I) Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Ubaldo Zurita.

En tanto a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el gobierno panista pretende amedrentarlos con golpizas salvajes como la propinada por la Policía Federal a Miguel Márquez Ríos, líder sindical y prosecretario de divisiones del comité central del SME y a sus compañeros. Márquez fue detenido en Puebla y encarcelado bajo la acusación de privación ilegal de la libertad, luego de haber acudido al Congreso estatal a solicitar apoyo para la creación de una empresa que proporcione electricidad al centro del país en sustitución de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro liquidada por un decreto de Felipe Calderón hace un año.

Economía

La crisis económica sigue agravándose con mayor desempleo y huida de capitales en búsqueda de horizontes menos inestables que los existentes en México.El número de parados creció más de lo esperado ubicándose en 5.7 por ciento, con 2 millones 663 mil desocupados, reportó el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi). Pero en Tijuana, Chihuahua y Saltillo, se duplicó.

Según un estudio del Centro de Investigación en Economía y Negocios de Monterrey en los estados de Coahuila, Sonora, Chihuahua y Nuevo León, donde se concentra el 61.3 por ciento de la industria maquiladora y manufacturera de exportación cerraron 50 empresas entre 2008 y 2009.

Y como si esto fuera poco las trasnacionales que operan en el país y los empresarios mexicanos, están sacando sus capitales para invertirlos en otros países. Según un reporte empresas extranjeras que operan en México enviaron a sus matrices durante el año pasado 3 mil 296. 5 millones de dólares, rebasando en un 33 por ciento el monto que por el mismo concepto se registró el 2008.

Bajo la primera mitad del sexenio de Calderón los inversionistas extranjeros han optado por retirar sus ganancias del país, pues si se compara con el mismo periodo del gobierno de Vicente Fox, se superó en 91 por ciento la suma de utilidades que los inversionistas extranjeros enviaron a sus países de origen.Del 2007 al 2009 salieron del país 9 mil 18.5 millones de dólares, contra 4 mil 716.9 millones de dólares que salieron en el primer trienio del gobierno de Fox Quesada.

En tanto los empresarios mexicanos incrementaron sus inversiones en el extranjero entre 2007 y 2009, al alcanzar un monto de 17 mil 11.5 millones de dólares, superando en 159.7 por ciento la realizada en el primer trienio del gobierno del ex presidente Fox, de 6 mil 548.3 millones de dólares (La Jornada, 21.10.2010)