MILITARIZACION PARA IMPEDIR LA REBELION

Tomás Oropeza Berumen

Silenciosamente la ultraderecha, los empresarios, el ejército y casi todos los legisladores de los tres principales partidos políticos de México, todos bajo la tutela de la embajada norteamericana, han estado trabajando para llevar a cabo un golpe de Estado antes de que termine el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados el sábado 30 de abril.

Esta semana los supuestos representantes del pueblo mexicano podrían dar su visto bueno a varios cambios a la iniciativa de Reforma a la Ley de Seguridad Nacional aprobada hace un año en el Senado, para legalizar las violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales que desde hace cuatro años comete el ejército y la Marina en las entidades donde supuestamente combate al crimen organizado. Se trata de establecer un régimen de excepción en todo el país, donde en los hechos ya existe en varias regiones.

Sin duda se trata de una medida preventiva que busca aplacar cualquier síntoma de rebelión social en un país en crisis económica y política donde se realizarán elecciones dentro de catorce meses y la herida dejada por el fraude del 2006 sigue presente. Sólo que hoy el desempleo, la pobreza y la violencia son mayores.
El régimen tripartidista de derecha que prevalece en México en su afán por mantener el sistema socioeconómico vigente, en su modalidad de capitalismo neoliberal, desde hace varios años está implementando una estrategia encaminada a evitar la organización y desarrollo de la lucha de clases con un proyecto de transformación social.

En esa tarea se han unido el PAN, PRI y PRD, que tratarán de aprobar, antes de que termine el 61 periodo de sesiones de la Cámara de Diputados varias reformas a la Iniciativa de Reforma a Ley de Seguridad Nacional para que el ejército, la marina y fuerza aérea puedan llevar a cabo legalmente, tareas que desde hace varios años realizan violando la Constitución y que actualmente sólo lleva a cabo con una cubierta “legal” el Centro Nacional de Seguridad Nacional (Cisen).

De aprobarse la Nueva Ley de Seguridad Nacional el presidente en turno tendría facultades para utilizar a las fuerzas armadas para reprimir movimientos sociales que a su juicio pongan en riesgo la seguridad nacional, la seguridad interior o la seguridad exterior (según la nueva jerga). Para ello no sería necesario que se declarara el estado de excepción en una región o en el país previa consulta al Congreso.

El ejército es el mayor interesado en lograr los cambios a la Iniciativa de Ley de Seguridad Nacional aprobada hace un año (27.04.2010) que parece contar ya con el apoyo de legisladores de todos los partidos para que se legalicen prácticas como el espionaje, operaciones encubiertas, detenciones, cateos, allanamientos, revisiones de documentos personales, etc., de personas sospechosas de participar en actividades que vulneren la seguridad nacional.

De llevarse a efecto la aprobación de esta reforma por la Cámara de Diputados, primero, y luego por el Senado, las luchas de campesinos, estudiantes, obreros y desempleados podrían ser tachadas de terroristas y reprimidas sin mayor trámite.
Se trata de dar un golpe de estado incruento, pisoteando la Constitución Mexicana reformando una ley secundaria, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada.

Según declaraciones del diputado Mario Di Constanzo, del Partido del Trabajo, la única manera de evitar la reforma es que un sector del PRI se oponga. Lo cual es muy improbable dado que legisladores cercanos al gobernador del Estado de México y virtual candidato del tricolor a la presidencia, Enrique Peña Nieto ya negociaron con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y Felipe Calderón.

Otro recurso que se ha estado utilizando para infundir miedo y terror en el pueblo mexicano es la narcoguerra que ha colocado a la población civil entre dos bandos supuestamente irreconciliables: un gobierno que se dice empeñado en terminar con la delincuencia organizada y un sector de la clase dominante que en su afán por enriquecerse realiza negocios fuera de la legalidad. Bandos que en realidad se complementan para llevar a delante un jugoso negocio gracias a la prohibición de las sustancias sicotrópicas, mercancías que aportan a la economía mexicana “subterránea” sumas billonarias.

El resultado de esta manobra implementada por órdenes de Estados Unidos a cambio del apoyo que le dieron a Felipe Calderón para sostenerse en la presidencia luego del fraudulento y cuestionado proceso electoral del 2006, es hasta ahora de unos 40 mil muertos, miles de desaparecidos y huérfanos, además de decenas de miles de desplazados de estados como Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Guerrero.

La criminalización de las luchas sociales es la tónica seguida por el régimen tripartito. Lo mismo en la capital del país que en la provincia mexicana.
Ejemplos: En el estado de Chiapas, el gobierno perredista no ha cesado de atacar a las Juntas de Buen Gobierno zapatistas ni a los activistas de la Otra Campaña como sucede en Frontera Comalapa, Chiapas donde las autoridades locales junto con militantes del PAN, PRD y PV incendiaron las casas de los ejidatarios y además golpearon y vejaron a los integrantes de la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza.

En el DF las autoridades han reprimido al movimiento opositor a la Supervía.
Otra represión reciente es la que sufrieron unos cinco mil integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas que el once de abril - al cumplirse año y medio del decretazo con que Calderón terminó con su fuente de trabajo y lanzó al desempleo a 45 mil electricistas- llevaron a cabo una manifestación frente a las instalaciones de las antiguas oficinas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (L y FC), hoy en poder de la Policía Federal (PF) donde se les provocó y fueron reprimidos por esa corporación castrense reforzada por el cuerpo de granaderos del gobierno local.

A raíz de este incidente represivo fueron encarcelados once trabajadores, acusados de graves delitos, como pandillerismo y motín.

Otro obstáculo a la formación de un movimiento obrero clasista y revolucionario es el sindicalismo corporativo y economicista que sigue dominando en el país, aún en sectores en lucha como el SME, que nuevamente anunció la creación de una asociación política nacional para participar en las elecciones del 2012, lo cual no tendría nada de malo si en ese proceso levantara un programa de clase, pero dados sus recientes acercamientos con Peña Nieto, el pragmatismo de su dirección y la comprensible desesperación que embarga a los 16 mil trabajadores en resistencia, no es improbable que decidan vender su apoyo a cambio de la promesa de la creación de una empresa eléctrica que los recontrate. Pero eso habrá que verlo porque en México las promesas de campaña nunca se han cumplido.

VIOLENCIA Y PROVOCACION CONTRA LA RESISTENCIA ELECTRICISTA

Tomás Oropeza Berumen

Al cumplirse 18 meses de la resistencia electricista a la política antiobrera de Felipe Calderón, quien el once de octubre del 2009 violó la Constitución Mexicana al decretar la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (ClyFC), despojando de sus empleos a 45 mil trabajadores que laboraban en esa para estatal, México vive una situación límite provocada por la política genocida del régimen de derechas tripartidista.

Una muestra de la tensión social que atraviesa al país es el confuso incidente ocurrido la mañana de este lunes en que un numeroso grupo de electricistas del SME se vieron envueltos en un enfrentamiento con empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y supuestos miembros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), organismo apatronado que ha dado su apoyo incondicional al gobierno de Calderón y servido como esquirol para despojar al SME de su materia de trabajo.

Con un saldo de cuatro automóviles incendiados, decenas de golpeados y gaseados, varios detenidos por el cuerpo de granaderos del gobierno del DF, el SME inicio la jornada de lucha para recordarle a la sociedad que siguen en la calle sin que el gobierno, atienda sus demandas.

A lo largo de un año y medio los electricistas en resistencia se han caracterizado por mantener un movimiento pacífico a pesar de la injusticia que están sufriendo junto con sus familias. La violencia invariablemente ha partido del gobierno, desde el 11 de octubre del 2008, cuando mediante el uso del ejército fueron tomadas las instalaciones de la ClyF y lanzados al desempleo. Esa sí que es violencia de Estado.

Al momento de escribir esta nota hay once sindicalistas detenidos por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y se desarrolla una intensa campaña en los medios electrónicos criminalizando la resistencia electricista.

No cabe duda de que el triunfo de la lucha que sostienen los 16 mil 599 sindicalistas que se han negado a aceptar la liquidación ofrecida por el gobierno y sostienen en alto sus demandas (creación de una empresa que sustituya a la desaparecida Luz y Fuerza del Centro que los re contrate como patrón sustituto; el pago de salarios caídos y libertad para sus presos políticos) depende de lo que ocurra en la palestra de la lucha de clases en el país durante los meses que vienen, de cómo evolucione la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo.

Los acontecimientos ocurridos en los días recientes anuncian que el escenario político del país se complicará porque el gobierno de Calderón no parece cansarse de repetir la misma cantaleta: que continuará aplicando en los años que le quedan (y más allá) la misma estrategia de “combate” a la llamada delincuencia organizada -impuesta por Estados Unidos- a pesar de que según las cifras oficiales la narcoguerra ha provocado más de 35 mil muertes de supuestos delincuentes, aunque a ciencia cierta se ignore la identidad de miles de ellos.

Las inusitadas manifestaciones de protesta contra la violencia que ha generado la militarización del país efectuadas el miércoles pasado en 24 ciudades de México y 8 del extranjero, parecen no preocupar a Calderón y a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quienes en la XVIII Conferencia Internacional de Combate contra las Drogas celebrado la semana pasada en Cancún, Quintana Roo, anunciaron que se prolongará durante varios años la aplicación de la estrategia actual cuyos resultados están a la vista por estos días en que se han descubierto 72 cadáveres en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde en agosto del año pasado se encontró una fosa clandestina con igual numero de cuerpos de emigrantes centro y sudamericanos asesinados por traficantes de personas (polleros).

El próximo miércoles vencerá el plazo que el movimiento civil contra la narcoguerra (nucleado en torno al movimiento No + sangre y el poeta Javier Sicilia) le dieron al gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo y a Felipe Calderón para que presente a los culpables del asesinato de 7 personas ocurrido el 28 de marzo pasado, entre las que se encontró al joven Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor colaborador de La Jornada. De no hacerlo -se advirtió el miércoles pasado en las marchas y mítines- se realizar una marcha nacional en demandando la renuncia de Adame Castillo y de Calderón, así como la desmilitarización del país y el fin de la narcoguerra.

ESTADO DE EMERGENCIA

Tomás Oropeza Berumen

Tiene razón el poeta Javier Sicilia al sostener que el país debe ser declarado en estado de Emergencia.

A México el gobierno de facto panista lo ha llevado al borde del abismo. La incontrolable violencia del hampa, militares, policía, paramilitares y espías de todas las agencias norteamericanas lo están despedazando conforme a un plan diseñado por el Pentágono para destruir el tejido social y desmantelar la Nación mexicana.

Son muchos los problemas que sufren millones de hombres y mujeres debido a las decisiones en materia de política económica y social de Felipe Calderón y la situación se ha tornado insoportable.

La ola de violencia que ensangrienta a México, y que ya ha provocado más de 35 mil muertes, principalmente de jóvenes, desde que el gobierno panista le declaró la guerra a los carteles de la droga en diciembre del 2006, es hoy una de las principales causas de la desdicha de millones de mexicanos, pero no la única.

Desempleo, bajos salarios, precarización del trabajo, extensión y profundización de la pobreza, despojo de las tierras al campesinado y a los pueblos indios, injusticia, discriminación, exclusión, falta de oportunidades de estudio, carestía alimentaria, insalubridad, etc. son otras que se unen a las consecuencias de la guerra que los gringos le impusieron a Calderón como condición para apuntalarlo en la presidencia.

Según reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde el inicio de la narcoguerra hasta hace unos días han desaparecido 5 mil 397 personas y casi 9 mil cuerpos de víctimas de la violencia no han sido identificados.

Por su parte el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas que visitó México y recorrió varias entidades para observar la situación de los derechos humanos, recomendó que en el corto plazo se retire al ejército del combate a las bandas criminales, por carecer de preparación para realizar tareas policíacas.

En los estados donde se desarrolla con mayor virulencia la narcoguerra decenas de miles de huérfanos están creciendo en un ambiente de pobreza y odio que los volverá carne de cañón de las bandas delicuenciales o de las corporaciones policíacas y paramilitares que parecen ser su única alternativa para sobrevivir ante la ausencia de programas sociales que los rescaten.

Además están cerca de 230 mil desplazados por el conflicto que se vive en varios estados del Norte de México, quienes han migrando a Estados Unidos o a entidades del país donde no existen las condiciones para proporcionales el apoyo que requieren.

Chihuahua, una de las entidades con mayor cantidad de muertes cometidas por narcotraficantes, ejército y paramilitares, tiene hoy por gobernador a Cesar Duarte, un priísta que se atrevió a proponer al Congreso un proyecto de Ley para obligar a los jóvenes sin empleo ni oportunidades de estudio a prestar servicio militar obligatorio, dizque para protegerlos de la delincuencia y recibir un salario.
Una medida seudokeynesiana para resolver un problema creado por el modelo neoliberal implantado hace tres décadas por el gobierno de Miguel de la Madrid.

A la leva que realizan las bandas del hampa pretendió añadir la de un ejército que a diario viola los derechos humanos.

El episodio del asesinato de siete personas en Temixco, Morelos, ocurrido entre el 27 y 28 de marzo habría pasado desapercibido si entre los muertos no hubiera estado un estudiante de administración, Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta católico, autor de Viajeros de la noche, periodista colaborador del diario La Jornada y del semanario Proceso, quien se ha dado a la tarea de organizar del descontento con la infernal situación que impera en el estado donde en los dos años recientes se han registrado más de 450 muertes violentas.

En una semana Cuernavaca ha sido escenario de varias movilizaciones masivas para exigir paz, justicia y desmilitarización, además de castigo para los asesinos de Juan Francisco Sicilia Ortega, Luis y Julio Romero, Gabriel Alejo, Socorro Estrada, Álvaro Jaimes y una persona desconocida.

A la lucha del pueblo morelense hoy encabezada por Javier Sicilia se ha sumado el movimiento No más sangre que ha convocado a manifestarse en Monterrey, Guadalajara, Guanajuato, Puebla, Saltillo y Jalapa.

Estamos seguros de que el descontento y el repudio contra los responsables de tanto crimen seguirá creciendo porque como dijo el vate: ¡Estamos hasta la madre!

EL SME EN EL LABERINTO

Tomás Oropeza Berumen

27.04.2011.- La lucha que sostienen los electricistas desde hace más de 17 meses en los frentes jurídicos, legislativo y político nuevamente se ha estancado. No cabe duda de que el gobierno de Felipe Calderón le apuesta al desgaste y la desesperación de los 16 mil 599 ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLF) que esperaban una respuesta expedita de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)

El sábado la presidenta de la Junta Especial número 5 de la JFCA decidió unilateralmente suspender la audiencia hasta el próximo 9 de abril, para continuar el periodo de entrega de pruebas. Burda maniobra dilatoria.

Los plantones en el Zócalo y el iniciado ayer a las puertas de las instalaciones de esa Junta no fueron suficientes para que la burocracia de la Secretaría del Trabajo abandonara la calculada intransigencia con que por órdenes de Felipe Calderón trata a ese combativo gremio.

Las demandas de pago de salarios caídos y recontratación por un patrón substituto que podría ser la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o una nueva empresa creada para proveer de electricidad a la capital del país y zona conurbada, siguen pendientes.

El Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) después de haber acudido a la secretaría de Gobernación sin recibir una sola propuesta de solución, ahora espera que una comisión de legisladores creada para impulsar su propuesta tenga éxito.

Nada más iluso que esperar que lo que hasta ahora no se ha resuelto con la movilización, se solucione en los turbios tribunales laborales donde jueces tanto o más venales que Héctor Palomares (a) El Pipiolo, vuelto famoso por aparecer en el documental Presunto Culpable, les den la razón.

Igual por lo que respecta a que legisladores acostumbrados a negociar con los intereses populares cumplan con su obligación de defender una causa justa pugnando por la creación de la empresa que sustituya a la desaparecida CLF. La historia del país es la historia de las traiciones al pueblo por parte de quienes se dicen sus representantes.

Cuando el secretario general del SME Martín Esparza amenaza con acudir a la Cámara de Diputados “para que vea la forma en que dilata los asuntos esta Junta, la cual obedece al gobierno y a los patrones” (La Jornada, 26.03.2011) parece olvidar que diputados y senadores sólo sirven al ejecutivo y al gran capital. Y que el PRI y el PAN apoyaron la imposición del modelo neoliberal en el país.

¿Puede alguien confiar en el PRI, hoy empeñado en que se aprueben por la vía del fast track una reforma a la Ley Federal del Trabajo que destruiría las principales conquistas de la clase obrera mexicana y una reforma fiscal que gravaría alimentos y medicinas? ¿Deben los trabajadores esperar que politicastros que han apoyado abyectamente la liquidación de LFC y la narcoguerra que ya ha costado más de 35 mil muertes los ayuden a vencer a quien llegó a la presidencia mediante un golpe de Estado técnico y se sostiene en el poder sólo por el apoyo que le brinda el gobierno de Estados Unidos y el ejército?

La lucha de los electricistas es heroica y justa. Se sostiene por la voluntad de casi 17 mil trabajadores que han aprendido en la escuela de la lucha de clases que el gobierno y el Estado de la burguesía son sus enemigos.

Su triunfo no se mira cercano. Pero el tiempo corre en contra del gobierno panista. El país está a punto de estallar porque la miseria, el desempleo y la injusticia están colmando la paciencia del pueblo.

Los reafirma en su convicción de mantenerse en pie de lucha, la suerte que han corrido los 27 mil que renunciaron a defender sus derechos y aceptaron liquidarse, por creer en las promesas de que serían recontratados. Según su vocero, el esquirol Alejandro Muñoz, sólo a 200 se les ha colocado en alguna empresa.

Las condiciones económicas y sociales del país lo están convirtiendo en un polvorín. Y en todos lados comienzan a surgir muestras de inconformidad. En el estado de Chiapas, gobernado por el PRD y asolado por grupos paramilitares, miles de maestros de la sección 7 del SNTE realizaron bloqueos en carreteras para manifestar su rechazo a la reformas laboral, hacendaria, educativa y de seguridad pública. Y también demandaron la renuncia de Felipe Calderón.