CONCLAVE DE MILLONARIOS DEFINE LA POLÍTICA ECONOMICA PARA EL FUTURO PRESIDENTE

Tomás Oropeza

Corresponsal

México, 1 de octubre.- Esta semana los señores de la banca, industria, tierra y comercio, dejaron oír su voz, para exigirle a la clase política un mínimo de decoro para que las próximas elecciones presidenciales ( 2 de julio del 2006) sean transparentes y sus resultados reconocidos por todo mundo.

Además acordaron un proyecto de nación para que sea quien sea el que gane los comicios, aplique el programa que responda a los intereses empresariales.

En el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, bautizado de inmediato como la Enchilada Samborns, o también el Pacto del Castillo de Chapultepéc, porque ahí se llevó a cabo la reunión de 300 capitalistas y algunos intelectuales, a iniciativa del archimillonario Carlos Slim, amigo del ex presidente Carlos Salinas, quien lo benefició con la venta de Teléfonos de México a precio de remate y lo proyectó a los primeros lugares de la lista de los más ricos del mundo de la revista Forbes.

En medio del desprestigio, el griterío y los pleitos que imperan al interior de todos los partidos políticos, pero sobre todo en el Revolucionario Institucional (PRI), en donde además de la bronca de la profesora Elba Esther Gordillo contra el precandidato presidencial Roberto Madrazo, ahora ha surgido la pugna del otro precandidato, Arturo Montiel, contra el tabasqueño, los magnates que tanto se han enriquecido con la política neoliberal impuesta al país hace 24 años, esbozaron una versión de su proyecto en plena sintonía con el diseñado por los organismos financieros internacionales FMI y BM.

Pero, acorde con los tiempos electorales, se le maquilló con algunos planteamientos de carácter político de moda. Estado de Derecho y Seguridad Pública: Consolidar un estado de derecho en un régimen democrático que garantice libertades, derechos humanos y sociales, y seguridad física y jurídica.

Desarrollo con Justicia, Crecimiento Económico y Empleo: Lograr un crecimiento económico acelerado, sostenido, sustentable, con empleo y con políticas redistributivas.

Formar y Desarrollar Capital Humano y Social: Más y mejor salud y educación. Desarrollo de Capital Físico: Acelerar la construcción de infraestructura y vivienda. Reforma de la Administración Pública: Hacerla más eficaz y transparente al servicio de los ciudadanos.

Lejos de las calles donde los cañeros protestaban contra el gobierno del declinante presidente Vicente Fox, o de la huelga del Colegio de Bachilleres que ya dura un mes por aumento salarial, los exquisitos intelectuales y elegantes empresarios manifestaron su preocupación porque el circo electoral sea desairado por los mexicanos de abajo y se pierda la ilusión de que con los votos se decide quien gobierna al país. Por ello propusieron una reprogramación de los calendarios políticos para evitar la excesiva dispersión de los procesos; revisar la duración y el financiamiento de las campañas y precampañas, y asegurar la transparencia en el uso de los recursos. Y previendo que pueda surgir una bronca en la contienda, los más de 300 firmantes -más los que se sumen en adelante- solicitaron a los candidatos y partidos políticos el respeto al resultado de los comicios del año próximo, sobre todo al ser dictaminados por el IFE y el TEPJF.

En lo económico su programa contempla llevar a cabo más reformas privatizadoras en todos los terrenos, nomás que ahora le llaman combinar los capitales privados y los del Estado, idea por cierto manejada también por el precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Andrés Manuel López Obrador, el Peje, gran amigo también de Slim.

Crecimiento económico

En el terreno del crecimiento económico y el empleo el acuerdo prevé impulsar reformas legales para una política fiscal no sólo recaudatoria, sino que ''debe orientarse al crecimiento económico, la inversión, el empleo, la producción competitiva y con calidad'', para contribuir a redistribuir el ingreso; fortalecer el ahorro interno y el sistema financiero.

Modernizar la producción rural al favorecer las inversiones, la capacitación y el uso de tecnologías adecuadas; crear un clima favorable a la inversión privada y social que aliente el desarrollo empresarial; simplificación administrativa, y las adecuaciones legales para estimular la inversión y el empleo. Es decir la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

En tanto, se sugiere que el gobierno concentre su atención y dé prioridad a los servicios públicos en los ámbitos de justicia, educación, salud y seguridad pública.

Para elevar la calidad de la educación y la salud, los convocantes proponen, sin decir como lo podrían lograr, mejorar los sistemas de nutrición, salud y educación en todos los niveles: básica, media, superior y de adultos; propiciar las condiciones para un desarrollo humano con libertad, responsabilidad y valores; perfeccionar la calidad profesional de los docentes en el sistema educativo, así como una mejor infraestructura y equipamiento.

No obstante, ante los actuales bajos niveles de inversión en la investigación, los empresarios estarían comprometidos a invertir en desarrollo e innovación en ciencia y tecnología, ''orientadas a las necesidades y conveniencia del país; formar mexicanos con una visión universal y con un potencial que les permita lograr su desarrollo''.

Al buscar la privatización de PEMEX, la electricidad, el agua y etc. proponen combinar los recursos públicos con los privados y completarlos con el social, es decir, el capital acumulado en los fondos de pensiones; impulsar la construcción de infraestructura que aumente la producción, transformación, industrialización de energéticos, las comunicaciones terrestres, portuarias y aéreas, así como el equipamiento en materia de salud y educación.

FOX PONE A OTRO INEXPERTO EN LA SSP PARA “COMBATIR” AL NARCO

Tomás Oropeza

Corresponsal

México, 27 de septiembre.- El gabinetazo del presidente de derechas Vicente Fox se ha comenzado a desbaratar.

Ante la proximidad de las elecciones del 2006 y a menos de una semana de la caída del helicóptero en que viajaba su hombre de confianza, el secretario de Seguridad Pública Federal (SSP) Ramón Martín Huerta (RMH, quien paradójicamente murió junto con ocho acompañantes cuando llevaban a cabo una de las tareas del poco exitoso programa México Seguro - que no ha logrado parar las decenas de ejecuciones y el avance del narcotráfico en el país- y después de haber recibido amenazas por parte de los capos de la droga, según confesó ayer el vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar.

Sin contar la ya anunciada renuncia del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, para lanzarse a una campaña en busca de la gubernatura de Guanajuato por el Partido Acción Nacional (PAN), el presidente deberá designar en breve a quien deberá remplazar al actual secretario de Energía, Fernando Elizondo, quien buscará la senaduría del estado de Nuevo León.

Por lo pronto esta tarde puso en el lugar de RMH a otro miembro de la clase empresarial: Eduardo Medina Mora quien hasta ayer se desempeñó como director del Centro Nacional de Seguridad Nacional (Cisen), la policía política mexicana.

De su inexperiencia para la tarea que desempeñaba y la que ahora se le ha encomendado, se puede uno dar cuenta nomás con una somera mirada a su currículum vitae: fue responsable durante una década del análisis macroeconómico del grupo Desc, relacionado con los negocios de autopartes, químicos, alimentos e inmobiliarios y además ha sido asesor gubernamental y empresarial en materia de comercio.

Es hermano del director general del Grupo Financiero Banamex y presidente de la Asociación Banqueros de México, Manuel Medina Mora.

En el Cisen fue impuesto por el ex secretario de Gobernación y ahora fracasado precandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional, Santiago Creel el 21 de diciembre de 2000. Seis meses después de asumir el cargo, Medina Mora revelaría en entrevista que la dependencia a la que estaba frente siguió en el año 2000, por órdenes de Presidencia, intervenir las conversaciones telefónicas de Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, Manuel Camacho Solís y Gilberto Rincón Gallardo, entre otros.

De inmediato, el Ejecutivo federal instruyó a Medina Mora encabezar y coordinar todas las acciones la operación "México Seguro", con la que infructuosamente se hace frente a algunos de los cárteles del narcotráfico que operan principalmente en el norte y occidente del país.

También designó como nuevo comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), al general Eduardo Martínez Aduna, quien se hará cargo de la responsabilidad luego de quien fuera titular de la institución, Tomás Valencia, también fallecido en el accidente aéreo del pasado miércoles.

Todo esto en un contexto en el que han quedado patentes graves diferencias e insubordinaciones de parte de la SSP federal ante la misma presidencia, pues ayer mismo esta contradijo al vocero presidencial al negar en un comunicado de prensa que RMH hubiera sido objeto de amenaza alguna a lo largo de su carrera.

Por otro lado y debido a la creciente incredulidad popular sobre la versión de que la caída del helicóptero Bell 412, ocurrió por “accidente”, como tercamente se sostuvo por Los Pinos, la secretaría de Gobernación y los medios electrónicos y de la prensa escrita, con la honrosa excepción de La Jornada, la Cámara de Diputados exigirá al gobierno del presidente Vicente Fox que realice una investigación “exhaustiva y a fondo” de los acontecimientos que giraron en torno a la caída del helicóptero donde falleció, junto a otras ocho personas, el secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta.

Respecto al asunto, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) acusaron a la administración federal de pretender ocultar la información en torno al desplome de la nave y advirtieron que se encuentra en riesgo la gobernabilidad del país porque es evidente la vulnerabilidad de las instituciones y del Estado.

Pero por si no fuera poco lo anterior, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García, alertó a los senadores de la República al informarles la intención del brazo armado del cártel del Golfo, conocido como los Zetas, de entablar contacto con “grupos de soldados kaibiles de Guatemala” a quienes quieren invitar para sumarse a sus actividades.

Vega informó que cinco de estos matones sanguinarios entrenados por el ejército de Estados Unidos para combatir a la insurgencia guerrillera hasta que esta desapareció, fueron capturados por el Ejército y entregados a la Procuraduría General de la República (PGR).

En su primer comparecencia ante la comisión de Defensa del Senado, el general dio respuesta a las preguntas de los legisladores en las que dejó en claro, entre otras cosas, que la solución al problema de Chiapas es política y no por el camino de las armas. Y además expresó su desacuerdo con los planes de canciller mexicano Luis Ernesto Derbez para enviar soldados mexicanos al exterior en “misiones de paz”.

Vega García manifestó su negativa a que México se sume a los cascos azules de Naciones Unidas en misiones de paz, porque antes “tenemos mucho quehacer antes de ir a otros lugares a buscar no sé qué cosa”.

SIGUEN LAS CONTRADICCIONES SOBRE EL CASO DE LA MUERTE DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MARTIN HUERTA

Tomás Oropeza

Corresponsal
México, 26 de septiembre.- Los personeros del gobierno del presidente Vicente Fox se siguen haciendo bolas y contradiciéndose públicamente sobre el tema del extraño “accidente”, en el que pereció el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta y ocho personas más, al caer el helicóptero en que viajaban el pasado 21 de septiembre, cuando se dirigían al penal de alta seguridad de Las Palmas.

Hoy, ya hasta se admite que los funcionarios del gabinete foxista hasta están acostumbrados a las amenazas, pero ni se inmutan, ni se acongojan, porque eso sería parte del show.
En otras palabras el vocero presidencial, Rubén Aguilar Valenzuela, admitió que quien fuera el hombre más cercano al corazón de Ejecutivo, efectivamente había sido amenazado por el narcotráfico, y agregó que también él y muchos otros funcionarios de gabinete foxista han padecido de amedrentamientos por parte del crimen organizado, pero que eso de ninguna manera había que “sobredeterminarlo” (sic!) porque serían gajes del oficio.

Pero la realidad es que la credibilidad del gobierno del cambio está hoy por los suelos, pues mientras los funcionarios encargados de administrar la justicia se pelean entre ellos en la calle ya nadie les cree. Así lo confirma una encuesta realizada por el semanario político más importante del país, PROCESO, que en su página electrónica a la pregunta ¿Porqué cree que Fox insiste en que el helicopterazo fue un accidente? Sólo el 12.42 por ciento responde confiando en la palabra presidencial al estimar que el presidente “tiene las pruebas”; mientras que el 87.58 por ciento considera que “para salir del paso” o “por ineptitud”.
Y es que la lista de los altos funcionarios ejecutados por el narco es tan larga que ya no se pude tomar por accidente una tragedia que sin haber sido investigada como ordena cualquier manual de detective privado, es de inmediato calificado de tal y condenado cualquier duda.
Pero ahí están los hechos de los distinguidos funcionarios de la justicia que pese a sus numerosas escoltas de guaruras han sido abatidos por los sicarios de alguno de las mafias en guerra: 1) El jefe de la policía municipal de Nuevo Laredo, Alejandro Domínguez Coello, seis horas después de que había tomado posesión de su cargo; 2) el subdirector de la policía ministerial de Guerrero, Julio Carlos López Soto, acribillado. 3) El aparatoso crimen en un restaurante del director de Seguridad Pública de Michoacán, Rogelio Zarazúa Ortega, cuando comía en compañía de su esposa, María Guadalupe Sánchez, subsecretaria de Gobierno y responsable en esa entidad del Programa México Seguro.
4) El balaceado comandante operativo de la policía ministerial en Tijuana, José de Jesús Bedoya Garibaldi.5) El inspector de la Policía Federal Preventiva adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Pedro Madrigal Trejo, muerto a tiros.
Como dice el columnista Enrique Galván Ochoa, en La Jornada del domingo: “Si no hubieran quedado estos crímenes sin aclararse debidamente. Si no hubiera perdido credibilidad el gobierno foxista, al grado de que casi cualquier cosa que dice hay que leerla en sentido contrario, o rechazarla de plano. Si no hubiera toda esta serie de antecedentes, quizá no sería tan difícil aceptar que la trágica muerte del secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, responsable del operativo México Seguro, y sus acompañantes, se debió a un accidente del helicóptero en que viajaban.”
Y las contradicciones siguen, pero la verdad se va abriendo desde el anonimato de altos funcionarios que filtran informaciones a la prensa.
Así por ejemplo hoy publica La Jornada que según varias gargantas profundas de muy alto nivel en el gobierno, la Procuraduría General de la República montó un teatrito para entretener a la prensa aparentando que no lograba localizar el lugar donde el helicóptero estaba hecho pedazos y que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, interrogaron a Osiel Cárdenas Guillén.
Igualmente da cuenta de que los efectivos de elite del Ejército Mexicano llegaron a la cima del cerro conocido como Las Canoas, en el poblado de San Miguel Mimiapan, municipio de Xonacatlán, estado de México, antes de lo informado a bordo de 4 helicópteros Sikorski, descendiendo con sogas desde esas naves y obtuvieron los primeros reportes certeros del desplome.
Pero por su parte la PGR insiste hoy mismo en que Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, no ha sido molestado ni interrogado por funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) ''ni por ninguna otra autoridad'' sobre el desplome del helicóptero en el que viajaban ocho servidores públicos, entre ellos el secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Ramón Martín Huerta.
Además, se precisó que ''José Antonio Bernal Guerrero, tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, jamás se entrevistó con el interno Osiel Cárdenas Guillén. Bernal no ingresó siquiera al Cefereso durante este año. Su nombre no aparece referido en el escrito enviado por el secretario de Administración de la CNDH a la Secretaría de Seguridad Pública federal el 21 de septiembre pasado -horas después de sucedido el desplome-, ni en las actas circunstanciadas a que se hace referencia en el mismo documento''.