NEOLIBERALISMO Y REPRESION

Tomás Oropeza Berumen

A menos de diez meses de que el presidente de facto Felipe Calderón llegara a Los Pinos, la violencia sigue extendiéndose en el país como parte fundamental de la política del Estado en manos de la oligarquía y de sus partidos políticos.

Los reiterados fracasos económicos de Calderón y la persistencia de la lucha popular que ahora se fortalece con la insurgencia de los mineros, trabajadores del estado, magisterio y universitarios reivindicando los primeros la revisión de sus contratos colectivos y los segundos la derogación de la Ley del ISSSTE y la destitución de la charra Elba Esther Gordillo son el escenario del primer año del malgobierno yunkista que demostrando su falta de legitimidad y aislamiento no tiene otra alternativa que recurrir a la brutalidad castrense y policíaca, como en los años setenta hizo el PRI gobierno.

Hay muchos síntomas de que el régimen reaccionario de Calderón avanza hacia la imposición de un estado de excepción, como lo demuestra la sistemática represión contra el pueblo de Oaxaca, de San Salvador Atenco, el gremio minero metalúrgico y la abierta violación a las garantías individuales en las entidades donde opera el ejército con el pretexto de que se persigue a narcotraficantes.

La ilegal y arbitraria incursión del Grupo Aeromóvil de Fuerza Especiales (GAFES) del ejército, en Ciudad Nezahualcóyotl (01.08) en búsqueda de integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), parece ser el anuncio de una escalada en la actuación represiva del gobierno de Felipe Calderón que esta semana fue duramente criticado por la masiva y constante violación a los derechos humanos de los mexicanos denunciada por la secretaria general de Amnistía Internacional Irene Khan.

En el panorama nacional además sobresalen las tres huelgas mineras en Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero, por parte del SNTMMRM contra el Grupo México por la revisión de los Contratos Colectivos. Conflicto que se agravó con la ruptura de pláticas debido a la intransigencia de la empresa y del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Javier Lozano Alarcón, señalado por el narcotraficante- empresario chino mexicano Zhenli Ye Gon como el hombre que le entregó parte de los 211 millones de usd para su custodia durante la campaña electoral del 2006.

A lo anterior hay que agregar el fracaso del programa Primer Empleo con el que Calderón pretendió cumplir su promesa de campaña de satisfacer esa creciente demanda social y las continuas caídas de la Bolsa de Valores, los precios del petróleo y las remesas enviadas por los trabajadores emigrantes.

El operativo de las GAFES destacamento de lucha antiguerrillera que supuestamente persigue a la delincuencia organizada (narcos), se llevó a cabo mediante el cateo, interrogatorio y acopio de documentos e información en 4 casas y 10 departamentos ubicados en la colonia El Sol, en el municipio mexiquense, según denunciaron algunos de los afectados, quienes se quejaron del robo de sus teléfonos celulares, agendas, dinero y documentos, así como del haber sido intimidados por los militares encapuchados quienes sin orden de cateo irrumpieron en sus moradas a las 6:30 de la mañana.

Otra acción militar que llama la atención y que podría estar vinculada con las explosiones de julio en instalaciones de PEMEX en Guanajuato y Querétaro, reivindicados por el EPR fue la realizada por elementos de la SEDENA que cercaron la sección 49 del sindicato petrolero en Monterrey, Nuevo León, supuestamente para recabar información sobre el caso de 20 petroleros que han "desaparecido" en fechas recientes, entre ellos Hilario Vega Zamarrita, secretario general seccional.

Estos acontecimientos parecen ser la respuesta a las acciones reivindicadas por el EPR durante la semana: el ametrallamiento de una prisión en construcción en Chiapa de Corso, Chiapas y la detonación de un explosivo en la trasnacional SEARS en Oaxaca. Operativos con los que reclaman la presentación con vida de dos de sus militantes, Reyes Amaya y Cruz Sánchez, desaparecidos al parecer por el ejército en el estado de Oaxaca el 25 de mayo.

Esta situación aunada al reciente reporte de Amnistía Internacional (AI) "Oaxaca, clamor por la justicia" y al que hace unas semanas elaboró la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), revelan la complicidad del gobierno federal con el de Oaxaca y una situación de excepción que abarca al país entero, misma que se ha acentuado con la participación castrense en la supuesta campaña contra el narcotráfico, que según reportes oficiales de los miles de detenidos desde diciembre del 2006, menos del 2% tiene relación con los delitos contra la salud y por otro lado no ha logrado disminuir el número de las víctimas de los "ajustes de cuentas" que continúan imparables.