EL ODIO
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Tomás Oropeza Berumen
México, 14/10/07.- El encono de la lucha entre las clases sociales y al interior de la burguesía, está cobrando fuerza y es síntoma de la descomposición social que se vive en el país y que atraviesa de arriba abajo a la sociedad mexicana.
Sus causas son la crisis económica y el empobrecimiento de la población causadas por el neoliberalismo a lo largo de un cuarto de siglo de aplicación agregada a la ilegitimidad del gobierno de Felipe Calderón y la impunidad y violencia de quienes ostentan el poder.
El derribamiento de la estatua del ex presidente Vicente Fox, quien se encuentra bajo investigación por peculado, en el municipio veracruzano de Boca del Río a manos de lugareños encabezados por 3 diputado priístas, es uno de los síntomas del estado de ánimo que comienza a extenderse entre vastos sectores del pueblo mexicano. Al igual que la furia que casi llevó al linchamiento de varios soldados que provocaron la muerte de 3 personas al arrollar con un camión del ejército el taxi en que viajaban por la carretera México- Texcoco el viernes pasado.
Esto ocurrió por los rumbos de San Salvador Atenco, donde el 23 de mayo del 2006 la población sufrió una sangrienta represión policíaca con saldo de dos muertos, cientos de heridos, violaciones sexuales a decenas de mujeres y encarcelamiento de varios de los principales líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y activistas solidarios.
Según reportes de prensa los militares fueron rescatados por más de un centenar de elementos de la Fuerza de Acción y Reacción, cuerpo policíaco que también impidió el incendio del vehículo del ejército federal por taxistas y habitantes de los poblados cercanos como Chicoloapan, estado de México, quienes pudieron haber repetido lo ocurrido hace tres años en la delegación de Tlahuáuc, D.F., donde una turba linchó y quemó a varios miembros de la PFP que fueron confundidos con roba chicos.
Muestra de la injusticia imperante en el país es el trato que siguen recibiendo los pueblos originarios a 13 años del levantamiento armado del 1 de enero del 94. Pues mientras que la ONU recomienda que la Carta de los derechos indios sea incorporada a la Constitución Política Mexicana y en Vicam, Sonora, se realiza un encuentro continental de más de medio centenar de pueblos autóctonos americanos, convocado por las autoridades del pueblo yaqui, la Otra Campaña y el EZLN para reflexionar sobre la situación que como pueblos originarios de este continente padecen desde que fue “descubierto” e invadido por españoles, portugueses e ingleses, el gobierno de Calderón que ha ratificado la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas aprobada en la ONU el pasado 13 de septiembre, se ha negado a aprobar los artículos que coinciden con las principales demandas del movimiento indígena zapatista y el organizado en la Convención Nacional Indígena, que establecen los derechos a la autonomía, la libre determinación, autogobierno, tierra, territorios y recursos naturales.
Síntoma del “respeto” que le merece al gobierno calderonista el documento citado es el hostigamiento contra los delegados al encuentro de Vicam, al grado de obligar a casi toda la comitiva del EZLN a regresar a la selva y las cañadas de Chiapas, donde el gobierno perredista, instituciones agrarias federales y estatales, apoyadas por el gobernador perredista Juan Sabines y grupos paramilitares, desarrollan una campaña para despojar a las bases de apoyo zapatistas de las tierras recuperadas en 1994.
En tanto que Felipe Calderón reconoce ante la adinerada comunidad judía radicada en México los “pequeños resultados” de su campaña contra el narcotráfico y recibe la factura por el apoyo que esta le brindó el año pasado (al reconocer el resultado de las fraudulentas elecciones) con la petición de que la Cancillería mexicana respalde al estado de Israel en los foros internacionales, la prensa informó que durante la semana se logró el decomiso de 15 toneladas de cocaína en el puerto de Tampico, Tamaulipas, estado que sigue sitiado con innumerables violaciones a los derechos humanos de sus habitantes por el ejército; que 25 miembros de la castrense Policía Federal Preventiva, adscritos al área de caminos fueron detenidos por formar parte de una red de protección y espionaje al servicio del Cártel del Golfo; que en Acapulco fueron encontrados los cuerpos decapitados e incinerados de tres jóvenes y en Oaxaca acribillaron a tres voceadores de un diario independiente.
Por su parte los profesores de educación básica organizados en la CNTE continuarán la lucha contra la Ley del ISSSTE, que despoja de las pensiones a millones de trabajadores, con un cacerolazo frente a Los Pinos el 9 de noviembre. Esto luego del maniobrero anuncio del presidente de la SCJN Guillermo Ortiz Mayagoitia en el sentido de que 720 mil trabajadores del estado, entre los que nos encontramos los trabajadores de la UNAM, estaremos a salvo de la depredadora legislación que entrega nuestros ahorros de toda la vida al capital financiero.
Lo que faltó subrayar es que esta “protección” sólo se dará hasta que esa misma Tremenda Corte resuelva en definitiva la constitucionalidad de los amparos. Cosa que no parecieron entender los líderes neocharros de la UNTE.
También para organizar la resistencia o tal vez sólo para lucirse una vez más en el zócalo de la capital mexicana, el llamado presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, está convocando para el 18 de noviembre a una gran concentración para impedir el alza a la gasolina y los productos básicos. Y por su puesto también para afiliar al PRD a quienes quieran votar por su delfín a la presidencia de ese instituto, Alejandro Encinas y ganarles a los calderonistas de Nueva Izquierda.
Y mientras los expresos políticos del EPR se ofrecen a colaborar con la desprestigiada Comisión Nacional de los Derechos Humanos para buscar a los tres desaparecidos recientes del gobierno de la continuidad calderoniana (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (miembros del EPR) y el luchador social Francisco Paredes Ruiz, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, niega cualquier posibilidad de diálogo con esa agrupación que realiza una campaña por la presentación y libertad de de sus compañeros con acciones de hostigamiento al gobierno calderonista.
La sorpresa de la semana ha sido la revelación de que el equipo del ejército y la armada es pura chatarra; que los radares que vigilan la soberanía del país sólo funcional 3 horas por día y las comunicaciones del principal instrumento del gobierno calderoniano dependen de Carlos Slim.
Fue el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, quien les confió a los integrantes de la comisión de defensa de la cámara de diputados ese secreto de estado. Lo único que sirve, dijo el general, es el armamento y el equipo que se exhibe en el desfile militar del 16 de septiembre.
Todo esto para pedir 32 millones de pesos más para el presupuesto de las fuerzas armadas, además de otro 7 millones para seguridad interna. Al tiempo que anunció un incremento a los sueldos de los soldados de 500 pesos al mes. Cabe recordar que este año Calderón les subió el sueldo un 46% por ciento, mientras que al salario mínimo se le aumentó menos del 5% y a los salarios contractuales se les ha mantenido a raya.
Otro dato curioso es que el ejército mexicano ocupa el cuarto lugar en el mundo por el número de generales que comandan. Están por encima de él solo los ejércitos chino, ruso y estadounidense.
Otra muestra del desmesurado apetito de quienes gobiernan al país es el anuncio del secretario de Hacienda, Guillermo Carstens, quien advirtió que será necesario extender el IVA a alimentos y medicinas, además de aumentar el impuesto sobre la renta.
Tal vez previendo las reacciones de alegría que esto provocará entre los abnegados mexicanos el ejecutivo decretó en mayo pasado la creación de un grupo de elite militar, el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal, sin embargo ahora la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de una partida por 600 millones de pesos para financiar esa agrupación.
