QUE SE VAYA CALDERON

Tomás Oropeza Berumen

México, 13.02.010.- A cien años del estallido revolucionario de 1910 el gobierno de facto de Felipe Calderón ha fracasado en su intento de legitimarse mediante la guerra contra su demencial versión del enemigo interno: las bandas de narcotraficantes. Y ante el creciente desprestigio de su régimen, hoy más que nunca aislado y repudiado, ha comenzado a dar pasos hacia el establecimiento de una dictadura facistoide apoyada por un ejército sometido a tratados y acuerdos con Estados Unidos que lo convierten en policía e instrumento del imperio estadunidense, en una fuerza de ocupación.

Para reforzar la militarización del país y garantizar impunidad al ejército y la armada los panistas están cabildeando la Ley de Seguridad Nacional enviada por el ejecutivo al senado en abril del 2009.

Por ello no debe extrañarnos el respaldo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional General Guillermo Galván (9 de febrero), regañando a los partidos políticos por no aprobar la reforma política enviada al Congreso por Calderón mediante la cual será posible la reelección inmediata de presidentes municipales, legisladores, jefes delegacionales (¿y por qué no, de gobernadores y del mismo ejecutivo?) olvida que la revolución del 10-17 se levantó bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección.

Igualmente la banda de Los Pinos y su gabinete de “científicos” neoliberales al instrumentar una guerra del capital contra los trabajadores (como la que están practicando contra los electricistas del SME y los mineros de Cananea, Sonora, a quienes el fallo de un tribunal colegiado en materia laboral declaró nulo su derecho de huelga y dio por terminada su relación laboral con el Grupo Minero México, del cual es abogado patronal el todavía secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont) están cometiendo los errores del dictador Porfirio Díaz en su tiempo. Y creando las condiciones para que se incendie la pradera de un país devastado por el capitalismo salvaje donde crece el desempleo y la carestía todos los días.

El discurso de Calderón pronunciado en el foro Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad, en un centro social vigilado por unos nueve mil soldados y policías, donde fue increpado por las madres de los estudiantes asesinados el 31 de enero, sirvió para que por enésima ocasión reiterara, en lo fundamental, la estrategia que ha mantenido desde hace tres años, a la que ahora maquillará con una serie de medidas sociales para, según él, reconstruir el tejido social juarense.

No quiso ver ni escuchar a los estudiantes, madres y familiares de jóvenes y mujeres asesinados por sicarios y militares que reclamaban el retiro del ejército y el cambio de su estrategia para combatir la inseguridad y la delincuencia. No puede hacerlo, porque sus compromisos con el estamento castrense y sobre todo con el gobierno estadounidense se lo impiden.

Pero abajo, en el pueblo de aquella ciudad fronteriza que una vez fue próspera y alegre, las solitarias organizaciones que luchaban por el castigo a los asesinos seriales de mujeres trabajadoras, ahora están acompañadas por la indignación de miles de hombres y mujeres de todas las edades y condiciones sociales agrupadas en el Frente Plural Ciudadano que exigen la renuncia de Calderón y el retiro del ejército.

Aunque el michoacano regresará a Juárez para dar seguimiento a las medidas que dictó y se intensificó el patrullaje en las calles de la frontera, los asesinatos han continuado.

Tampoco la “amenaza” del gobernador chihuahuense de trasladar a Juárez la sede del gobierno estatal, que no contó con el respaldo del Congreso estatal, les quitó el sueño a los delincuentes.

Todo esto en un contexto de fracasos reiterados en materia económica, demostrando que los economistas del ITAM y su religión neoliberal deben ser removidos urgentemente junto con su dizque jefe, el señor Calderón pues han elevado el desempleo hasta grados que aún con las maquilladas cifras del INEGI son alarmantes: 2 millones y medio (5.3 por ciento) y casi 600 mil personas más perdieron la chamba durante el año pasado.

EL FRACASO

Tomás Oropeza Beruemen

México, 07.02.10.- La ininterrumpida matanza de jóvenes -hombres y mujeres- que tiene lugar en el estado de Chihuahua desde que hace más de una década, pero que se incrementó desde diciembre del 2006, cuando para lograr legitimase en la presidencia el presidente de facto, Felipe Calderón, inicio su guerra contra la delincuencia organizada, alcanzó la madrugada del domingo 31 de enero un grado aterradoramente escandaloso en Ciudad Juárez, con la masacre de 16 adolescentes y dos adultos en la Colonia Villas de Salvarcar, a manos de un comando integrado por unos 20 sicarios, sin que hasta el momento se conozca, a ciencia cierta, a los autores intelectuales ni el móvil que estos perseguían.
Esta tragedia ocurrida en la llamada ciudad más violenta del mundo donde desde hace años miles de soldados y policías patrullan las calles día y noche, provocó tal indignación y repudio social que ha hecho evidente el fracaso de la estrategia anticrimen del gobierno panista. Hasta Calderón ha tenido que reconocer la imposibilidad de someter las bandas de narcotraficantes con el puro empleo de acciones policiaco-militares y anunció que “propondrá” a los juarenses una nueva estrategia para reconstruir el tejido social en aquella frontera.
En el estado de Chihuahua han sido asesinadas más de 300 personas en lo que va del año; 230 en Cd. Juárez. El año pasado cayeron en supuestos ajustes de cuentas entre las pandillas y carteles del narco, 3, 500 personas.
La reciente matanza de 16 estudiantes bachilleres y universitarios mientras realzaban una fiesta casera, ha provocado que sectores de la sociedad juarense demanden la desaparición de poderes en Chihuahua; el establecimiento de un estado de excepción y hasta la intervención de los cascos azules de las Naciones Unidas.
El diputado Víctor Quintana, del PRD, demandó la renuncia de todo el gabinete de seguridad federal y estatal. Por su parte la sección Chihuahua del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) acusó a grupos paramilitares, de ser los autores de la matanza y asesinatos selectivos de luchadores sociales con el pretexto de la guerra antinarco, al estilo de los escuadrones de la muerte de El Salvador o Guatemala en la época de la guerrilla.
En tanto el gobernador del estado, José Reyes Baeza, anunció que los tres poderes del gobierno estatal se trasladarán a la frontera para “solidarizarse” con los juarenses. Medida que ha generado airadas críticas y que sin duda será inútil para restablecer la seguridad; apaciguar a las 900 pandillas que existen y a los poderosos carteles de Sinaloa y Juárez que pelean el control de la plaza y menos aún para eliminar las causas estructurales -económicas y sociales- que han originado la situación actual en el municipio más poblado del estado de Chihuahua con más de 1 millón y medio de habitantes y varios miles de personas que constituyen la población flotante, varada en su camino al sueño americano.
¿Qué se puede esperar del supuesto cambio de estrategia calderonista? Desde luego que nada. Sólo una profundización de la misma política que le es dictada al gobierno mexicano desde Estados Unidos, contenida en el Plan Mérida (versión del Plan Colombia) y los tratados de integración policiaco-militar como el Acuerdo para la Seguridad y el Progreso de América del Norte (ASPAN) en los que el gobierno renuncia a ejercer su soberanía en materia de seguridad nacional y se postra ante la Casa Blanca.
La propuesta del Gabinete de Seguridad del señor Calderón: designar un comisionado que ejerza el mando único sobre las fuerzas militares - policiacas y los programas sociales para “reconstruir el tejido social”, además de que equivale a imponer desde el centro a un super gobernador, sin duda se perderá como una gota de agua en el desierto que rodea aquella frontera que evidencia la quiebra total del modelo maquilador de exportación y la necesidad de que sea el pueblo quien tome en sus manos la construcción de su futuro.