sábado, diciembre 01, 2007


PAIS SIN LEY

Tomás Oropeza B.

México, 01.11.07.- Al cumplirse el primer aniversario del gobierno de Felipe Calderón (FC), quien se encumbró en Los Pinos mediante un gran fraude electoral y un golpe de Estado Técnico con el respaldo del ejército, el duopolio televisivo y la clase empresarial, la situación política y económica del país sigue agravándose en perjuicio de las mayorías.

La reciente aprobación de una reforma electoral que deja todo como antes y que prepara el andamiaje para nuevos fraudes en el 2009 y el 2012; la exoneración por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín de los delitos que cometió contra la periodista Lydia Cacho (LC); el anuncio de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará la construcción de la presa La Parota; la brutal represión a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; y el dudoso éxito de la “guerra contra la delincuencia organizada” constituyen signos ominosos del panorama que se avecina para los años que vienen, si la sociedad mexicana no es capaz de revertir la política neoliberal que se mantiene desde hace ya un cuarto de siglo.

I Después de mucho ruido, la clase política mexicana dio a luz un ratón: una reformita electoral que posibilita nuevos engaños en las elecciones intermedias del 2009 y la presidencial del 2012. Pues perfecciona todos los mecanismos con los que se instrumentó el fraude de los pasados comicios presidenciales. A decir de politólogo Luis Javier Garrido: 1.- El Ejecutivo sigue situado por encima de la legalidad y podrá usar una y otra vez todo su poder para determinar los resultados. 2.- Nada se hizo para impedir la utilización de los recursos del gobierno a favor de su candidato. 3.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuará en manos de Los Pinos y podrá seguir fallando discrecionalmente los conflictos, pues los delitos electorales continuarán sin ser tipificados, y no se establecieron causales explícitas de nulidad. 4.- Los derechos ciudadanos seguirán sin estar tutelados ni garantizados, sobre todo porque que no se crearon formas de participación semidirecta como el referendo. 5.- No se terminó con el dominio del dinero en el proceso, pues no se reguló el financiamiento privado, y terminó, en fin, cediéndose en la composición del Instituto Federal Electoral (IFE) y, fundamentalmente, en lo relativo al papel de los medios.”

II Resulta sumamente preocupante la exoneración por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al gobernador de Puebla Mario Marín de los delitos de asociación delictuosa, secuestro y violaciones a las garantías individuales de la periodista Lidia Cacho, cometidos hace año y medio para complacer al poderoso empresario textilero Succar Kuri, para proteger a su socio en prisión Kamel Nacif, ambos involucrados en delitos de pornografía y prostitución infantil, pues sienta un precedente jurídico que permitirá que ese tipo de prácticas se repitan contra otros informadores y ciudadanos, ya que a criterio del presidente del máximo tribunal de país Guillermo Ortiz Mayagoitia, no son mas que “irregularidades menores”.

En la supuesta indagación de los hechos denunciados por la escritora la SCJN evitó investigar la existencia de redes de traficantes de niños y niñas para su explotación sexual, mismas que son protegidas desde altas esferas del poder político y económico, denunciadas en Los Demonios en el Edén de LC, donde se menciona a altos jerarcas del actual gobierno, como el director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y protegido de la ganster magisterial Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Yunes y al jefe de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, como coautores de los delitos apuntados.

Se sabe que el ilegal negocio de la prostitución y pornografía infantil es uno de los más lucrativos a nivel mundial, superado sólo por el tráfico de estupefacientes. Tal vez eso explica la actitud de los encargados de administrar la justicia, que en los hechos se han aliado a la delincuencia organizada a la que dicen combatir.

Los responsables de ésta atrocidad jurídica son los ministros Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Sergio Valls, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez y Margarita Luna, quienes con su voto protegieron a asesinos seriales que delinquen utilizando el poder de un gobierno que sólo sirve a los intereses de los poderosos.

Vale la pena mencionar que no todos los ministros asumieron la misma posición. Los magistrados Genáro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y Juan Silva Meza, honraron su compromiso con la justicia al reclamar que al gober precioso se le aplicara la ley. Pero quedaron en minoría.

III En el estado de Guerrero se está fraguando un estallido social que ya comienza a tomar forma, debido a décadas de miseria e injusticia para las mayorías y a la sordera de sus gobernantes a quienes no les importa más que satisfacer los intereses del capital. Ahora se trata de pasar por encima de la voluntad y la razón de unos 25 mil campesinos que habitan el municipio de Cacahuatepec, mismo que sería inundado por la construcción de una presa, La Parota, en el río Papagayo, para que la Comisión Federal de Electricidad genere el fluído que necesita la zona hotelera de Acapulco y que según el director de esa comisión, Alfredo Elías Ayub, necesita la industria del país.

Pero para los campesinos de varios pueblos que desaparecerían bajo las aguas “del progreso” agrupados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), el proyecto no pasará porque 25 mil personas serían despojadas de sus tierras, 17 mil de ellas dedicadas a la agricultura, por la inundación de unas 17 mil hectáreas. Además dicen oponerse al proyecto de destrucción ecológica porque también causaría la desaparición de los mantos freáticos que proporcionan agua al puerto de Acapulco.

Por ahora los campesinos agrupados en la Cecop argumentan que no es cierto lo sostenido por la CFE y que aún falta el fallo de la SCJN, la misma que falló contra Lydia Cacho y que ha demostrado que se halla al servicio exclusivo del capital “nacional” y trasnacional.

Es previsible que se repita una experiencia como la de San Salvador Atenco o que corra la sangre campesina en los próximos meses. Y para ello la prensa mercenaria ha comenzado una campaña para justificar la represión al propagar que versión de que las guerrillas del EPR y el ERPI tienen base social entre los agricultores que más bien se han identificado con las posiciones pacifistas de La Otra Campaña. Pero pacifismo no es igual que claudicación. ¿Entenderán estos los gobiernos de gobernador Zeferino Torreblanca (PRD) y el del panista Calderón?

IV Otro foco rojo entre los muchos que existen en el estado de Guerrero, es el movimiento de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde por cierto estudió el célebre guerrillero Lucio Cabañas, líder del Partido de los Pobres, en la década del 70.

El pliego petitorio de los normalistas consiste en la creación de varias plazas para que trabajen los egresados de esa escuela y la preservación de la misma. Demandas que al parecer son imposibles de atender en un estado que tiene uno de los mayores índices de analfabetismo del país.

Lo única respuesta que han recibido por parte del gobernador que en su campaña recibió el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, el otro presidente de México, han sido macanazos, cárcel y tortura. El mismo amable trato que los caciques priístas como Rubén Figueroa, prodigában al pueblo.

V Por último, el reciente asesinato del ex candidato a la alcaldía de Río Bravo, Tamaulipas, Antonio Guajardo Anzaldúa, un hombre que había transitado del PRI al PAN y luego al PRD y que denunció en varios medios la campaña de la clase política priísta contra la presencia del ejército en aquella localidad y simpatizaba con la inclusión de México en el anexionista Acuerdo para la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y el Plan Mérida (o México) – un verdadero aliado de Calderón- en una entidad ocupada desde hace varios meses por las fuerzas federales, es otra clara evidencia de que la campaña “Limpiemos México” a casi un año de haberse iniciado sólo ha tocado superficialmente el fenómeno que dice combatir.