MÉXICO, HACIA UN OTOÑO CALIENTE
Tomás Oropeza Berumen
México, 25.X.009.- Menos de dos semanas después del golpe de mano para liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) con la ocupación militar de las instalaciones de esa paraestatal y un decreto anticonstitucional emanado de Los Pinos, el PRI y el PAN acordaron también en la oscuridad de la medianoche una nueva traición al pueblo mexicano, aprobando una versión del paquete fiscal enviado por el ejecutivo de facto.
Al palomear una versión supuestamente menos onerosa del paquete fiscal propuesto por el ejecutivo de facto que tenía como eje principal el establecimiento generalizado del Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluyendo medicinas y alimentos, el cual fue excluido por la negociación del PRI, pero sustituido por el aumento del Impuesto Sobre la Renta que pasaría del 28 al 30 por ciento a personas físicas y morales; un aumento de 15 a 16 por ciento del IVA –10 a 11 por ciento en la frontera –; 3 por ciento del Impuesto Especial a Productos y Servicios a telecomunicaciones, y el cobro de 3 por ciento a los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos (anteriormente era de 2 por ciento a partir de 25 mil pesos), ni empresarios ni trabajadores quedaron contentos.
Aunque los diputados del PRI expresaron que la aprobación del paquete era por el bien del país y el PAN no vio plenamente satisfechas sus ambiciones, será en el Senado donde se refine el texto de lo que se presentó en sus orígenes como una reforma fiscal trascendental que ha quedado en mera miscelánea. Y pese a las declaraciones de Beatriz Paredes, presidenta del tricolor, en el sentido de que en la Cámara Alta se harán reformas de fondo a lo aprobado por el PRIAN, no cabe hacerse demasiadas ilusiones si se considera la caída de 53 por ciento en las exportaciones petroleras en los últimos nueve meses, debido a la reducción del precio del barril que disminuyó de 84.35 a 52.92 dólares. Será a mediados de la semana cuando el Senado de a conocer el resultado de sus deliberaciones.
Lo que ha quedado claro es que en la ley fiscal para el 2010 se mantuvieron intactos los privilegios fiscales de las grandes empresas como la Coca y la Pepsi Cola, Bimbo, Telmex, Gruma, Cemex, y unas doce mil más según el Movimiento de Defensa de la Economía Popular encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Otro factor que sigue presente en la coyuntura es el desempleo que según el INEGI alcanzó el mes pasado la tasa de 6.41 por ciento, casi 3 millones de sin trabajo que hace dos semanas recibieron en sus filas a los 45 mil electricistas víctimas de la política de Felipe Calderón, quienes no han cesado en sus manifestaciones, brigadeo y reclamos jurídicos.
A la asamblea de sindicatos y organizaciones sociales convocada por el SME el sábado, acudieron decenas de organizaciones laborales, populares, campesinas, magisteriales y estudiantiles que iniciaron la discusión para la realización de un paro nacional a realizarse en fecha que se definirá el 5 de noviembre.
Las demandas serán la derogación del decreto que liquida la LFC, retiro del ejército de las instalaciones de la empresa y reinstalación de los electricistas. Asimismo se exigirá la cancelación de la ley fiscal. Otra demanda que se escuchó, pero que no se incluye en el documento final es la renuncia de Felipe Calderón, cuyo gran mérito es haber logrando la alianza en contra suya del bloque de las explotados del país.
La mejor demostración de que los electricistas tienen la razón es la decisión de Calderón de mantener bajo reserva toda la información relativa al funcionamiento de LFC con base en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De esa manera los diputados no tendrán la información que precisan para decidir si procede o no la controversia constitucional al decretazo calderonista. Más claro, ni el agua.
En este otoño hay en México una calma chicha, solo rota por las ejecuciones cotidianas producidas en el seno de las pandillas de supuestos delincuentes y que ya superan la cifra de 15 mil. Pero no es difícil prever que los nuevos impuestos y el incremento de los existentes, el recrudecimiento del desempleo, la caída de las remesas, el retorno de cientos de hombres y mujeres desde Estados Unidos por la crisis que no pasa, el recorte al presupuesto educativo, la inflación de los alimentos, etc., lance a las calles a decenas de miles de personas a luchar por un cambio, cuando menos del modelo económico.
Un síntoma del creciente coraje y odio que sienten los de abajo lo pudimos observar en la manifestación del pasado 15 de octubre, donde los electricistas y sus aliados gritaban: “Si no hay solución, habrá revolución”, cosa que debe tomarse en serio, pues esta ocasión no era la cantaleta de activistas, sino la advertencia de obreros y sus familias a quines se les están acabando la paciencia para lidiar con un gobierno que los lanza a la calle y luego les propone “reinsertarlos en el mundo laboral” con la condición de que acepten su liquidación y tomen cursos de inglés o computación.
El gobierno de Calderón parece apostarle al desgaste del movimiento al cual esta empeñado en dividir, a que el hambre obligue a aceptar la liquidación a quines hasta ahora llevan más de tres semanas sin ingresos. A la tibieza de los sindicatos y la traición de los partidos de la izquierda oficial, acostumbrados a utilizar las luchas sociales para obtener beneficios. Otros movimientos han sucumbido antes por esos factores que están en el ambiente. Pero ahora son demasiadas las contrariedades que están sufriendo los de abajo y Calderón sólo tiene a su servicio al ejército, donde indudablemente también existen contradicciones.
No cabe duda, nos aproximamos a un otoño caliente.
