CARLOS SLIM PLANTEA ABRIR AL CAPITAL PRIVADO PEMEX EN GAS Y PETROQUÍMICA
Tomás Oropeza
Corresponsal
México, 12 de noviembre.- El hombre más adinerado y poderoso de México, beneficiario de las privatizaciones de paraestatales como Teléfonos de México, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim Helú, quien también figura en la lista de la revista Forbes en el cuarto sitio entre los ricachones del planeta, dice oponerse a la privatización de petróleos mexicanos (PEMEX).
Sin embargo, el rey Midas de ascendencia libanesa que debe gran parte de su fortuna a la política neoliberal de los gobiernos priístas, considera que PEMEX debe quedar fuera del presupuesto federal y ser dirigido por un consejo de administración autónomo. Funcionar como una empresa privada que busque su re capitalización y ¡ojo! Permita a los bondadosos empresarios, como él, invertir en la petroquímica y la explotación del gas.
El mega millonario que hoy es dueño del Centro Histórico de la capital mexicana y benefactor del candidato a la presidencia por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, expresó lo anterior en el marco del segundo Congreso Nacional, titulado La ingeniería en el desarrollo de México, organizado por el Colegio Nacional de Ingeniería y celebrado en el Palacio de Minería de esta ciudad.
Slim Helú, a quien la revista Forbes le adjudica una fortuna de casi 24 mil millones de dólares, mencionó que en México existe gran rezago en inversión, sobre todo en infraestructura, área en la que los empresarios están interesados en invertir, porque se ha convertido en un excelente negocio.
En contraste con la miopía de algunas franjas del sector privado y de altos funcionarios de Pemex y de la propia Secretaría de Energía que siguen insistiendo en la necesidad de abrir a la paraestatal a la inversión privada sobre todo en exploración y explotación de crudo, el magnate mexicano después de considerar que Pemex es una empresa "extraordinaria", indicó: " Yo creo que es una empresa que debe seguir siendo del Estado, porque es el principal instrumento de política fiscal y monetaria. Creo que es más importante que el Banco de México".
Pero, enfatizó, que hay algunos campos en los que puede participar la inversión privada como es el caso de la industria petroquímica, la explotación del gas y la refinación.
Lo fundamental, dijo, es que la riqueza energética sea del Estado, pero que las formas de poder desarrollarlas con valor agregado, como por ejemplo la refinación, se pueda hacer aquí.
Las paradojas que existen, señaló, son que mientras estamos importando gasolinas mandamos petróleo; en gas estamos importando el energético del lugar más caro y en lugar de abrirlo -a la inversión privada- como en la cuenca de Burgos, ahora estamos haciendo plantas para importar el energético.
"Eso no lo hace una empresa. Creo que debe manejarse con eficacia rindiendo cuentas con transparencia, información y con un gobierno eficiente que incremente la riqueza nacional".
Pemex, agregó, se debe ver como una empresa del Estado con autonomía de gestión, con un consejo independiente que tome sus decisiones fuera de las decisiones políticas y que pague sus impuestos y derechos.
El dueño del monopolio Teléfonos de México, de la cadena de restarurantes Samborns y de gran parte del país, afirmó que dentro del sector energético existen oportunidades en las que la inversión privada puede participar, como es en el caso de la explotación de gas y en la industria petroquímica y la refinación, entre otras.
El presidente vitalicio del consejo de administración del grupo Carso, criticó la actual estrategia gubernamental para abatir la pobreza en la que viven alrededor de unos 70 millones de mexicanos.
Como si acabara de descubrir el hilo negro de lo que ya hacía el Estado benefactor” en la época en que se aplicaba el modelo económico de Keynes, dijo que "El combate a la pobreza no es con base en la asistencia o caridad. No creo que la asistencia resuelva los problemas. A la pobreza la mitiga. Se combate con salud, educación, seguridad social y empleo. Esa es la forma de combatirla y es lo que hay que hacer".
Lo novedoso del discurso de Slim es que aparte de criticar la política de dar limosna a los pobres en forma de “ayuda gubernamental” como los programas Solidaridad y luego Oportunidades, ahora señaló que la situación actual es resultado de la aplicación del modelo diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y es que la realidad en la que vive el pueblo mexicano se ha tornado insoportable, al grado de que los medrosos cálculos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) reportan que en lo que va del gobierno de Fox, el desempleo se ha incrementado nada menos que 169.5 por ciento, al pasar de 612 mil a casi un millón 700 mil personas.

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN NIEGA AUTENTICIDAD DE REGLAMENTO DE CORTE FASCISTA
Tomás Oropeza
Corresponsal
México, 9 de noviembre.- Ante la incipiente reacción de repudio al reglamento de la Ley de Seguridad Nacional (LSN), que impondría un régimen de estricta vigilancia y violación de las garantías individuales de los empleados públicos - y en general del pueblo mexicano- , por parte del Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza, declaró que la versión sobre el reglamento difundida por el diario La Jornada es “apócrifa”y que el verdadero reglamento aún se halla en proceso.
El retroceso de Abascal Carranza se produce tres días después de que el reportero de ese matutino, Gustavo Castillo, diera a conocer que en breve se publicaría en el Diario Oficial un reglamento de la LSN que legalizaría una serie de medidas de corte fascista para vigilar, someter al detector de mentiras, e incluso “chantajear” a los empleados de la federación sospechosos de realizar alguna actividad que -según el criterio de los encargados de la seguridad nacional- ponga en riesgo la seguridad del Estado.
Y es que hasta los legisladores de Acción Nacional (PAN) al que pertenece Abascal, han declarado que se opondrían a que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se convierta "en una policía política, en un órgano de persecución que genere terror y limite las libertades protegidas por la Constitución", porque sería regresar a las épocas de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
La noticia dada a conocer con oportunidad parece estar deteniendo la pretensión del ex secretario de Trabajo y ahora responsable de la seguridad interna, por hacerse de una posición privilegiada para controlar los hilos de la política del país, en momentos en que las interminables torpezas del presidente blanquiazul Vicente Fox y la corrupción que campea en Los Pinos, han vuelto casi imposible el triunfo electoral en las elecciones del 2006.
Abascal, quien siendo titular de la secretaría de Trabajo se ganó el mote de Monseñor, por sus reiterados discursos de tintes religiosos ante los obreros, pretendía convertirse en una especie eminencia de los servicios de espionaje, mediante la imposición del reglamento que estuvo encriptado y se tendría que publicar en esta misma semana en el Diario Oficial con el mayor sigilo.
Según los especialistas el reglamento distorsiona el objetivo de la Ley de Seguridad Nacional que busca crear un equilibrio de fuerzas entre los diversos órganos de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, con la creación de un consejo nacional y la figura de un secretario técnico que en los hechos fungiera como asesor presidencial en la materia.
Sin embargo, el proyecto de reglamento respectivo, lejos de fortalecer al órgano colegiado, lo supedita al secretario de Gobernación en su calidad de secretario ejecutivo del mismo, apoyado en las acciones que desarrolla el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Por ahora la publicación de un documento ultrasecreto, filtrado a la prensa desde las instituciones que conforman el Consejo de Seguridad Nacional (secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, PGR y Seguridad Pública Federal) ha encendido los focos rojos para la alerta de la sociedad mexicana que no está dispuesta a permitir que la pandilla que mal gobierna al país la lleve a los tenebrosos tiempos en que la Dirección Federal de Seguridad de Fernando Gutiérrez Barrios (DFS) y Brigada Blanca comandada por el torturador Miguel Nasar Haro, aterrorizaban al país para defender a los regímenes del PRI-Gobierno.

LEGISLADORES Y ACADÉMICOS SE OPONEN EL REGLAMENTO FASCISTA DE FOX

Tomás Oropeza
Corresponsal

México, 8 de noviembre.- El reglamento de la Ley de Seguridad Nacional (en vigor desde el 31 de enero del año en curso) que hará obligatorio para los servidores públicos de la federación someterse a exámenes psicológicos, el detector de mentiras y permitir que sus comunicaciones y vida personal sean objeto de escrutinio por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CICEN), la policía política que cuida de la seguridad del Estado y del país, violará la Constitución y las garantías individuales.
Si se considera que el concepto servidor público abarca lo mismo a una enfermera, un profesor, que a un cartero, un empleado o a un gobernador y hasta al presidente de la República, el CISEN y finalmente los órganos de inteligencia del Ejercito mexicano, tendrán en sus manos el control de la vida de millones de personas, partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, grupos estudiantiles, etc., etc. Igual que en la Alemania Nazi hacía la GESTAPO.
El reglamento que entrará en vigor en cuanto sea publicado por el Diario Oficial de la Federación, es a todas luces un instrumento para generar miedo y aterrorizar a la población. Y es parte de las leyes supuesta lucha contra el terrorismo que el gobierno de Estados Unidos esta promoviendo para que sean impuestos en su periferia por gobiernos títeres como el de Vicente Fox en México.
Un día después de que el matutino La Jornada publicó un extracto de reglamento, se han producido airadas reacciones entre académicos y legisladores que se oponen tajantemente a su aplicación. Pero aún falta la reacción popular, que será la única que logre detener este intento del gobierno empresarial de Fox para imponer una legislación que legalice lo que siempre han hecho, violando la ley, los cuerpos de represión y los órganos de inteligencia política: el espionaje sistemático a los opositores al régimen.

Para el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Guillermo Garduño, especialista en temas de seguridad nacional, antes que otorgar mayores facultades a los órganos de inteligencia el gobierno mexicano debe preocuparse por impulsar un debate amplio en el que se determinen cuestiones fundamentales que tienen que ver con el control y la eficacia de los órganos de inteligencia.
Ya que al autorizar facultades discrecionales CISEN, cuyo director, Jaime Domingo López Buitrón, ingeniero industrial, profesor de la Universidad Iberoamericana y amigo del secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, miembro de la organización de ultraderecha El Yunque, para que vigile sistemáticamente a todos los servidores públicos y pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda auditorias a cualquier persona física o moral, cuando existan ''indicios'' de amenaza a la seguridad nacional, “es sumamente grave porque ante la falta de un marco jurídico adecuado se corre el riesgo de que dicha información se maneje discrecionalmente para los fines políticos o económicos del gobierno en turno.”
Independientemente de que existen elementos para considerar que el reglamento que está por aprobarse viola una serie de garantías individuales contenidas en la Constitución, el catedrático consideró que hay aspectos esenciales que no se toman en cuenta, como qué hacer con la información y quiénes tendrán acceso a la misma. Y sobre todo, quiénes son los funcionarios encargados de custodiar, manejar o usar esos datos.
Qué va a pasar? Cuando un personaje de la ultraderecha como el secretario de Gobernación Carlos Abascal que recibe información valiosa, una vez que deje el puesto pondrá a disposición de su partido (PAN), o lo que es peor, de grupos económicos afines.
Por su parte diputados de PRI y PRD, integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, expresaron su rechazo al reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, porque ''es anticonstitucional, violatorio de los derechos humanos'' y legitimaría el espionaje político, excesos que la Cámara de Diputados eliminó al aprobar la legislación en enero pasado. Advirtieron, además, que si bien el Ejecutivo tiene facultades reglamentarias, al incluir medidas no aprobadas por el Legislativo invadiría atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión y éste podría interponer una controversia constitucional.
''No queremos un Estado fascista que dé facultades extralegales al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como si se tratara del KGB ruso o las SS alemanas'', expresó el diputado perredista Arturo Nhale.
Por su lado el diputado del PRI Jorge Uscanga Escobar negó haber sido consultado sobre el contenido del reglamento y señaló que las disposiciones definidas en éste rebasan lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional, porque viola los derechos de los funcionarios federales, y exhortó al gobierno federal a no utilizar la normatividad ''como instrumento para espiar a enemigos políticos de cualquier partido''.
Arturo Nhale refirió que el viernes pasado se reunió con el director del Cisen, Jaime Domingo López Buitrón, quien pretende ''comentar'' el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional con algunos legisladores.
Para la también perredista Eliana García Laguna el gobierno foxista busca arrogarse poderes ''propios de un Estado paranoico, y pondría en grave riesgo el respeto y protección de las garantías individuales y los derechos humanos, porque se podría vulnerar la intimidad de las personas de manera discrecional''.
Existe el riesgo de que la información recabada por el Cisen, dijo, se utilice para chantajear a los mexicanos perseguidos. ''Quizá los datos sean irrelevantes para el público, pero no para los interesados. Las escuchas ilegales pueden llegar a cualquier extremo y nadie está a salvo. El Cisen debe ser una institución de inteligencia y salvaguarda de los intereses nacionales, no un centro de espionaje político.''

PRONTO, LEY DE FOX PARA LEGALIZAR EL ESPONAJE DE BURÓCRATAS Y CIUDADANOS EN GENERAL
Tomás Oropeza
Corresponsal
México, 7 de noviembre.- El gobierno de Vicente Fox, supuestamente de “transición” a la democracia, parece estar preparándose para enfrentar una ola de insurgencia en los próximos años. Y para eso esta aceitando los aparatos de represión y espionaje, como el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), la policía política.
Eso se deduce del proyecto de reglamento para la Ley de Seguridad Nacional (en vigor desde el 31 de enero de 2005) que ha elaborado el Poder Ejecutivo federal y que está listo para publicarse en el Diario Oficial de la Federación en los próximos días.
Y no es para menos, después de las experiencias que se han vivido en el Cono Sur, en donde los movimientos populares de Argentina, Bolivia y Ecuador han mandado al bote de la basura a varios presidentes neoliberales en unos cuantos años.
El desempleo, la pobreza creciente y la concentración en unas cuantas familias de la riqueza del país mediante el fraude y el robo apoyados la mayoría de las veces desde el poder del Estado, son el caldo de cultivo para que ocurran cosas como las de esos países sudamericanos y hasta levantamientos “los miserables”(que aquí abundan) como en Francia. Sobre todo cuando la capital del país, con sus 20 millones de habitantes. Pobres la mayoría, podrán ser gobernadas por “El Carnal Marcelo”, como se hace llamar por estos días el ex prísta Marcelo Ebrard, delfín del virtual candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que hace unos años pidió la asesoría del célebre represor de Nueva York,
Rudolph W. Giuliani, inventor de la Tolerancia Cero.
Pero además de lo anterior esta el creciente escepticismo de los mexicanos en los partidos políticos y en las elecciones, pues desde el 2000 el nivel de abstencionismo ha ido en ascenso y, como todo mundo sabe, una baja participación en los comicios presidenciales le quitaría legitimidad al gobernante que arribe a Los Pinos.
Por lo pronto, y tal vez para aparentar que el golpe no va dirigido contra los opositores al régimen en turno y población en general, ese organismo ha anunciado que vigilará a los servidores públicos del gobierno federal.
Para ello sistemáticamente les aplicará exámenes sicológicos y poligráficos (detector de mentiras). Con su "autorización" podrá vigilarlos, seguirlos e intervenir sus comunicaciones privadas.
Lo que significa que cualquier empleado de la federación será objeto de un estado de excepción y sus garantías individuales serán violadas permanentemente.
El Cisen además tendrá facultades para solicitar a la Secretaría de Hacienda la aplicación de auditorias a cualquier persona física o moral, cuando tenga "indicios" de amenaza para la seguridad nacional, y podrá dotar de falsas identidades a sus agentes para "infiltrar factores de riesgo y amenaza" cuando considere que esté en peligro la seguridad del Estado.
En el anteproyecto desarrollado por el Cisen y los representantes de las instituciones que componen el Consejo de Seguridad Nacional se incluye la facultad de ese organismo -en el que igual participan civiles que militares- para "integrar el registro y control de la población, además de regular la estancia y tránsito de los extranjeros" en territorio nacional.
Otra muestra de que se pretende crear una superpolicía que nada tendrá que envidiar a la GESTAPO, es que por ejemplo autoriza a que, antes de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgue, modifique o prorrogue una concesión en el ámbito de telecomunicaciones, el Cisen expida un dictamen al respecto y éste sea tomado en cuenta antes de que el secretario de Gobernación en turno emita su opinión.
La justificación de este proyecto a ha pasado bajo la vista gorda de todos los partidos que dicen representar al pueblo mexicano es que se busca "proteger al Estado e instituciones nacionales", así como suministrar "información oportuna y confiable" que permita al gobierno federal alternativas de "acción" para la "toma de decisiones" en contra de "agresiones internas o externas" que pongan en riesgo la gobernabilidad de México, el Poder Ejecutivo concluyó la etapa de diseño, análisis y concreción del reglamento de la Ley de Seguridad Nacional.
Lana a discreción
Dinero no les faltará a los super espías pues el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Función Pública y Relaciones Exteriores, así como por la Procuraduría General de la República y el Cisen, contará con un presupuesto de carácter confidencial para el desarrollo de sus actividades.
Es decir, los datos más confidenciales de cualquier empleado del gobierno (no se especifica desde qué nivel) podrán ser revisados en cualquier momento bajo su-puestos intereses militares, hacendarios, ministeriales o administrativos.
El Congreso no será tomado en cuenta
Cabe subrayar que el poder legislativo no será tomado en consideración, imponiéndose así la voluntad de un Ejecutivo que se ha distinguido por su irresponsabilidad, ya que bastará la publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor y sea de obligado cumplimiento.
El documento final consta de 82 páginas y 91 artículos, y posibilitará la creación de nuevas estructuras en el Cisen, un mando único de todas las áreas de inteligencia que operan en el país, que abarcará desde la Defensa Nacional y Marina hasta la Agencia Federal de Investigación (AFI), sin dejar de lado el área de inteligencia que posee la Secretaría de Hacienda.