Tomás Oropeza Berumen
México, 16 de agosto del 2008.- Felipe Calderón ha perdido la guerra contra la delincuencia al partir de una deliberada errónea estrategia para combatir el narcotráfico y otros delitos de la llamada delincuencia organizada, derrotado por la corrupción de todas las corporaciones policíacas y por la incapacidad del ejército para enfrentar a un enemigo ubicuo, que se metamorfosea y se infiltra en todas las instituciones y que forma parte también de la oligarquía en el poder y de la clase gobernante.
El incontenible auge de la violencia de las bandas de narcotraficantes y sus ramificaciones en el mundo del plagio, en el que México tiene el primer lugar a nivel mundial, es tal que en el año en curso el gobierno federal esta gastando un presupuesto equivalente al doble de lo que destina a la mayor universidad del país, la UNAM.
27 mil millones de pesos es el costo del equipo para las policías que han sido inútiles para evitar que en 2007 se cometieran más de un millón y medio de delitos del fuero común en el territorio nacional. Todo ello en un deteriorado entorno económico determinado por la recesión económica que desde Estados Unidos se esta extendiendo a las principales economías del mundo.
Con ese monto de dinero podrían crearse dos universidades más de las dimensiones de la UNAM o varias más de menor tamaño, para millones de jóvenes que hoy son excluidos por falta de cupo en las instituciones de educación superior, pero al parecer eso no es negocio para Estados Unidos y el gobierno títere de Calderón.
México es el número uno en secuestros a nivel mundial y el Estado ha perdido el monopolio de la violencia ante el poder de fuego de las mafias de todo tipo. El gobierno de calderonista hace como que no pude cumplir con la obligación de garantizar la seguridad de los mexicanos.
La derecha realizará pronto una manifestación a donde seguramente los empresarios llevarán acarreados a sus empleados. Pero la inseguridad no sólo afecta a los adinerados, sino que amplias capas de la población sufre de robos, secuestros exprés, violaciones, etc., pero sólo hasta que esta tocó a la oligarquía se ha notado la gravedad de la situación.
El siguiente paso es acabar de militarizar el país. Perpetuar el estado de excepción bajo el gobierno panista de derechas encabezado por el michoacano. Criminalizar cualquier muestra de descontento social y reprimirla sin contemplaciones, avanzar en la imposición de las reformas estructurales que exigen el Banco Mundial y el gobierno en turno de Norteamérica. Para, mediante la destrucción del tejido social y las organizaciones de lucha del pueblo mexicano profundizar el desarrollo del capitalismo y el saqueo de los recursos naturales y la mano de obra nacionales. Pero eso todavía esta por verse.
Hoy la causa del crecimiento del hampa esta en el mismo sistema social que padece el país, agravado por un capitalismo darwiniano, el neoliberalismo donde millones de hombres y mujeres de todas las edades son considerados excedentes y como tales, desechables. Muchos de ellos para sobrevivir se han vuelto delincuentes. Son un producto social y por tanto la sociedad debería reintegrarlos. Para ello es necesario un cambio en la política económica.
Si cada año se requiere crear cuando menos un millón 400 mil nuevos empleos para absorber a los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, pero el “presidente del empleo” sólo puede crear 325 mil nuevas plazas ¿Cómo hacen los 4.7 millones de personas jóvenes sin empleo que según el INEGI existen en el país?
La mitad de los jóvenes mexicanos con estudios medios o superiores tienen que desempeñar su primer empleo en el sector informal, cualquier cosa que eso sea.
Según el INEGI hay un millón 250 personas jóvenes que teniendo educación superior no logran colocarse en un empleo. Y los bajos salarios y las precarias condiciones laborales que padecen los que si tienen un puesto de trabajo son tan bajos que tienen que buscar otra chamba, estando en esta situación de subempleados 2 millones 876 mil personas.
Y aunque la pobreza que dejó la crisis de 1995 no ha sido superada, según el banco Mundial y urge una distribución de la riqueza excesivamente concentrada en manos de una pequeña clase capitalista las cosas tienen a empeorar pues la triada integrada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Secretaría del Trabajo), el charrerío amafiado en el Congreso del Trabajo y las cámaras patronales han decidido que no procede otorgar un incremento salarial a los trabajadores (La Jornada,14.08.08) a pesar del incesante aumento en los precios de los productos de primera necesidad, en los pasajes, y los combustibles. Todo por el bien del país.
Hoy por hoy los trabajadores mexicanos, según el mismo organismo tienen magros salarios: unos 10 millones gana 153 pesos diarios (menos de 15 dólares por jornadas de 8 o más horas, cuando en Estados Unidos se paga a 8 dólares la hora). A 8.8 millones les pagan entre 51 y 102 pesos por día, y 5.3 millones cobran 51 pesos o menos por jornada.
Y en las áreas rurales la situación es peor. Eso explica que cientos de miles de campesinos cultiven mariguana y otras yerbas prohibidas para obtener una renta que les permita vivir. Igual que en Bolivia, los campesinos cocaleros no han dejado de cultivar la hojita porque además de formar parte de su cultura precolombina, no hay ningún otro cultivo que les permita obtener un ingreso igual.
Quien sabe si Calderón termine el sexenio, pero la lucha por las mentes y corazones rumbo a los fraudulentos comicios del 2009 y el 2012 ya comenzó. Y el marco de la truculenta e inútil “guerra” contra el hampa está sirviendo para que los panistas hagan gala de golpes bajos contra sus posibles opositores.
Pero más allá de esa arena está el agravamiento de la crisis económica en Estados Unidos y la Unión Europea y Japón. Con una caída del PIB del 0,5% en Alemania y de Italia y Francia (0,3%) en tanto que en Japón fue mayor al 0,6%.
Y aquí, en México las tiendas departamentales han reportado una caída de 9.9 %, la más pronunciada de los últimos 19 meses.
La situación es desesperada y explosiva, por eso hay que organizarse en los centros de trabajo, de estudio, en los barrios y ejidos. Por lo pronto para impedir que se privatice el petróleo.
