EL NEGOCIO DE LA NARCOGUERRA

Tomás Oropeza Berumen

México, 28.09.2010.- La ola de violencia generalizada que vive México desde finales del 2006, podría disminuir hasta casi extinguirse si la producción, venta y consumo de las drogas se legalizara.

No es una panacea. Esa medida tendría que ir acompañada de muchas otras de carácter económico, político y cultural que atacaran las causas del fenómeno narco y no sólo sus manifestaciones.

A estas alturas el número de victimas en la disputa por el control del mercado por los varios cárteles de la droga y por la narcoguerra del gobierno calderonista, habrá costado más de 30 mil muertes. Y todos los días ocurren enfrentamientos, ejecuciones y acciones macabras y sorprendentes de la delincuencia, como el incruento robo de decenas de armas al bunker de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, esta semana. O el asesinato de presidentes municipales.

En medios gubernamentales de Estados Unidos se habla del peligro que representa para ese país lo que está pasando en México. El Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense sostiene en su informe Guerras criminales, pandillas, cárteles y la seguridad nacional de Estados Unidos, que los narcotraficantes mexicanos son una muestra de la insurgencia criminal del siglo XXI.

A toda costa el gobierno gringo busca confundir las los fenómenos en busca de un pretexto para aumentar su intervensionismo. En este caso mediante el uso de la palabra insurgencia, que significa rebelión contra el gobierno, para lograr un cambio de estructuras socio económicas.

Muy lejos de lo que pretende el sector de capitalistas dedicados al negocio de las drogas, quienes conviven con los empresarios “honrados” y banqueros que les lavan el dinero a cambio de una cuota.

Con la legalización de las drogas, o de algunas de ellas, como la marihuana, desaparecería el delito y los prósperos narcotraficantes se transformarían en respetables empresarios y quizás hasta pagarían impuestos.

Sus enormes ingresos anuales, calculados por la Cámara de Diputados en 25 mil millones de dólares, de los que utilizan, según un estudio realizado por los legisladores, 350 millones de dólares para corromper jefes policíacos, jueces, militares y gobernadores, podrían servir para financiar programas de prevención contra las drogas y centros de rehabilitación, así como para crear escuelas, empleos, etc.

Según el Reporte Internacional sobre Control del Narcotráfico 2010 elaborado por el Departamento de Estados de Estados Unidos, los capos mexicanos tienen ingresos anuales de hasta 30 mil millones de dólares. Por su parte el Departamento de Justicia de aquél país estima que las operaciones del narco mexicano en suelo estadounidense tienen un costo de unos 250 mil millones de dólares. Es decir allá se queda la mayor parte de las ganancias. Mismas que descenderían estrepitosamente con la legalización de las drogas al disminuir su precio.

Expertos de la ONU estiman que anualmente entran a México de contrabando unas 20 mil armas de fuego con un costo de 20 millones de dólares. Ese comercio disminuiría también al cesar la persecución contra esa actividad.

A simple vista resulta evidente que quienes hoy dicen combatir la delincuencia organizada y al narcotráfico en particular, son los más interesados en que no se legalicen las drogas, como hace unos días propuso el escritor José Emilio Pacheco, en su conferencia magistral en el marco de la celebración del centenario de la UNAM.
No les conviene a los narcos porque los precios de la cocaína, marihuana, anfetaminas, heroína y éxtasis descenderían casi hasta su costo de producción, a menos que surgiera, como es casi seguro, un monopolio que artificialmente ponga los precios.

Felipe Calderón, se opone con vehemencia porque perdería su principal bandera, con la que vanamente ha intentado legitimar su mandato.

El Ejército apoya la prohibición porque si terminara tendría que regresar a los cuarteles y dejaría de ser el factor de poder en que se ha convertido y que muy grandes dividendos monetarios y políticos le aporta a la cúpula que lo encabeza.
Las corporaciones policíacas dejarían de embolsarse las altas cuotas que les pagan a cambio de su complicidad.

El gobierno estadounidense se opone rotundamente porque fue quien le impuso a Calderón esta guerra y la legalización frustraría su proyecto estratégico para intervenir en México. Perdería la razón de ser del Plan Mérida y la injerencia cada día más descarada de los militares norteamericanos en nuestro país.

No se puede tener éxito en disminuir el consumo de las drogas –suprimirlo es imposible- si no se cambian las condiciones que orillan a millones de personas a usarlas para escapar de una realidad insoportable o como medio lúdico.
¿Puede alguien creer que al gobierno de Calderón le preocupa la salud de los mexicanos y que por ello combate las drogas, cuando cualquiera puede comprar en la esquina -sin la menor restricción- cualquier cantidad de licor o cigarrilos. Drogas legales.

Si al gobierno le preocupara el bienestar de los mexicanos tendría que garantizarles una alimentación sana, vivienda, salud, educación y trabajo, cuando menos.
Es más, ni siquiera ha tenido capacidad para prohibir la venta de alimentos chatarra en las escuelas primarias porque los monopolios que venden esos productos nocivos para la salud son los que le llevaron a la silla presidencial.

Hoy México tiene, después de EE.UU. el segundo lugar a nivel mundial en obesidad y las enfermedades que se derivan de ella son una pandemia que provocará mayores pérdidas de vidas y gastos para la sociedad. Pero las empresas productoras de alimentos chatarra trabajan a todo vapor.