¿Colombianización a la mexicana?

Óscar Enrique Ornelas

La llamada colombianización de México ha sido una tesis muy socorrida durante los últimos tres lustros. Ha sido manejada sobre todo por periodistas que dan por buenas muchas de las cosas que filtran los aparatos de seguridad.
Hoy parece una profecía autocumplida ante el auge de la violencia y el narcotráfico.
Investigadores como Luis Astorga han señalado que la tesis es reduccionista puesto que ignora las diferencias históricas y estructurales existentes entre Colombia y México.
No obstante, lo que sí puede documentarse es que hay un intento de colombianizar a México en función de las estrategias estadounidenses de militarización que no se han acabado con el gobierno de Barak Obama. Así lo comprueba la aprobación en estos días del presupuesto para el Plan Mérida. Tales estrategias incluyen ahora también la instalación de una nueva base militar estadounidense en Palanquero, Colombia. Sus funciones son muy amplias y operaría interrumpidamente hasta 2025.
En México no hay bases militares estadounidenses, pero podría haberlas de modo simulado.
Desde marzo de 2005 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se amplió para incluir aspectos de seguridad con el pretexto del narcotráfico y el terrorismo. A esto se le llama eufemísticamente Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan), un extenso perímetro que va desde el Ártico hasta el sureste mexicano.
Por otra parte, la militarización es algo que también se está dando dentro de Estados Unidos en abierta violación de la centenaria ley Posse Comitatus que prohíbe expresamente el uso de las fuerzas armadas en funciones policíacas internas. A una redactora del Army Times, periódico del Ejército de Estados Unidos, se le salió decir el año pasado que el Primer Equipo de Combate de la Brigada de la Tercera División de Infantería estaría durante 12 meses actuando como “una fuerza nacional de respuesta ante emergencias y desastres, naturales o producidos por el hombre, incluyendo ataques terroristas.” Estos elementos podrían “ser convocados para ayudar en caso de disturbios civiles y para el control de multitudes.”
Al mismo tiempo, se ha documentado el la intención de convertir a los jóvenes en chivatos y paramilitares. Los Boy Scouts, por ejemplo, tienen ahora mismo un programa para entrenar adolescentes estadounidenses de ambos sexos en técnicas de combate contra presuntos terroristas e inmigrantes ilegales. Significativamente, y pese a que las estadísticas policiales no lo sustentan, en los grandes medios estadounidenses se estuvo manejando (aunque de pronto la noticia dejó de ser noticia) que la violencia del narco mexicano ya llegó al suroeste de Estados Unidos, particularmente a Arizona. Melissa del Bosque, reportera del Texas Observer, atribuye estas historias sensacionalistas a las iniciativas de militarizar la frontera por parte de “políticos guerreristas.” A su vez, Gabriel Arana, de The Nation, asegura que los oficiales de policía y los periodistas de las ciudades fronterizas con México desmienten que la violencia mexicana se haya extendido a ellas. Una visita a los sitios web de los departamentos de policía de esas urbes lo comprueba. Véase por ejemplo el de El Paso, Texas. Los gacetilleros de extrema derecha que vomitan odio contra los mexicanos desde sus programas de radio y televisión arguyen que la policía está ocultando los hechos para no mostrar ineficacia.
El caso de la militarización de los Boy Scouts no es aislado. En Estados Unidos se está fomentando la militarización en las escuelas secundarias eliminando la separación que debe haber entre las fuerzas armadas y la sociedad civil. En Chicago, para citar el caso más investigado, hay escuelas dedicadas por entero a formar cuadros para la Marina, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines. Alrededor de 500 mil estudiantes están inscritos en secundarias militarizadas distribuidas por todo Estados Unidos. En 2007, la cadena pública PBS reportó en su noticiario en línea que más de 10 mil estudiantes de secundaria de Chicago vestían uniformes militares para ir a la escuela. Las minorías, muy afectadas por la falta de empleo, representan el 92 por ciento de la población escolar militarizada. Sólo el cuatro por ciento son blancos, comparados con el ocho por ciento de la población general de las secundarias de Chicago.
Lo anterior se asemeja al programa colombiano Convivir, las llamadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada especializadas en reclutar jóvenes.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la “estrecha relación de trabajo entre las fuerzas militares y las Convivir” convirtió a éstas en “agentes estatales.” En 1997, en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 356 de 1994, la Corte Constitucional colombiana declaró legítima la existencia de las Convivir aunque las conminó a regresar las armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y les impuso otras restricciones que, sin embargo, no terminaron con el fenómeno del paramilitarismo impulsado por el presidente Álvaro Uribe Vélez desde que era gobernador de Antioquia.
Según analistas colombianos, las características del gobierno de Uribe se resumen en lo siguiente:
1. Centralización absoluta del poder ejecutivo.
2. Control y disminución del Congreso.
3. Fortalecimiento del aparato militar.
4. Desarrollo de la estructura paramilitar.
5. Negación de las libertades democráticas.
6. Reducción de los derechos del pueblo.
7. Vinculación con los sectores más corruptos y violentos de las elites políticas y empresariales.
Varios de los puntos de esta lista ya son visibles en México bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

ABC, NUEVO CRIMEN SIN CASTIGO
Tomás Oropeza Berumen
México, 14,06,2009.- 1. La muerte de 46 niños a raíz del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio, pone en evidencia las consecuencias del modelo económico neoliberal y la rapiña de la clase que tiene en sus manos el control del Estado, al que usa como palanca para obtener ganancias y maquinaria de represión del capital contra el pueblo mexicano.

La indignación provocada por la horrorosa muerte de infantes hijos de trabajadoras, a causa de la irresponsabilidad de quienes obtuvieron la subrogación de una función correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), gracias a su parentesco con la esposa del presidente de facto Felipe Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo, se esta convirtiendo en una ola de repudio al gobierno panista que tiene hundido al país en la miseria, la violencia y la decadencia económica.

Las manifestaciones del pueblo de Hermosillo exigiendo castigo a los responsables del infanticidio y la renuncia del gobernador estatal, Eduardo Bours, obligaron al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Eduardo Medina Mora, a desdecirse de su dictamen, según el cual no había responsables del incendio de la bodega bajo cuyo techo funcionaban la guardería ABC, un archivo de Hacienda y un depósito de llantas, para pasar a la búsqueda de chivos expiatorios, con base en documentos anteriores a la llegada de Calderón a Los Pinos, que comprometen a burócratas que reiteradamente a partir del 2006 dieron su visto bueno por temor a contradecir a La Familia de la llamada primera dama del país y perder la chamba.
Gutierrítos que ahora irán a parar a la cárcel para tapar el sol con un dedo y contentar al populacho con una adecuada campaña de los medios electrónicos de desinformación y propaganda.
El colmo ahora es que el IMSS ha estado aplicándoles tratamientos inadecuados a los bebés ocasionándole la muerte cuando menos a dos, tal como lo denunció Alberto Barreda Robinson, representante en México de los hospitales Shriners, de Estados Unidos.
No se necesita ser un genio para adivinar que en este crimen no habrá castigo, porque los culpables forman parte de La Familia Calderón Zavala en el poder. Pero el costo político de este “accidente” – en realidad un crimen de Estado-, producto de una política económica que pone en primer término el interés del empresariado y su sed insaciable de ganancias, será enorme, porque demuestra que el capital y sus gobernantes no se detienen ante nada para aumentar su riqueza. Y también dejan al descubierto, por enésima ocasión, la corrupción y podredumbre del aparato de justicia en México.

Como en los casos de la matanza de Acteal, El Charco, Pasta de Conchos, San Salvador Atenco, el News Divine, sólo para nombrar los más recientes, no habrá castigo para los culpables de matanzas, violaciones y encarcelamiento de indígenas, trabajadores, campesinos, estudiantes y jóvenes. Y por ello sin duda aumentará la desconfianza en el gobierno fascistóide de Calderón, dando lugar a la toma de conciencia de que es necesario cambiarlo por otro que represente al pueblo.

2. En vista del descontento que esta provocando el desempleo, la carestía de los alimentos y servicios que consume el pueblo, la caída de las remesas y los ingresos petroleros y en general el hundimiento de la economía por la crisis capitalista mundial, el gobierno de Calderón ha implementado una estrategia para, con el pretexto de combatir la llamada “delincuencia organizada” con el apoyo de Estados Unidos, implementar la militarización del país para reprimir los movimientos populares. El Plan Mérida, versión “mexicana” ideada en Estados Unidos por el Pentágono, mera copia del Plan Colombia, ha sido diseñado para combatir la insurgencia popular en todas sus formas, y a los delincuentes que no forman parte de los aliados del gobierno panista.

Dentro de la estrategia de ese plan se encuentra la anunciada construcción de 12 prisiones con recursos gubernamentales y capitales privados, a los que se les subrogará el cuidado de los prisioneros (como las guarderías del IMSS y Pronasol). Conforme la Estrategia Penitenciaria 2008-2012, elaborada por la Secretaría de Seguridad Pública federal. Los reclusorios se instalarán en Sonora, Chihuahua, estado de México, Jalisco, Baja California, Nayarit, Morelos, Quintana Roo, Puebla, Guerrero, Chiapas y el Distrito Federal, por ser las entidades que mayor número de sobrepoblación carcelaria registran.
De esta manera, al tiempo que se encarcela a las víctimas del sistema, a luchadores sociales y delincuentes comunes, se hará el gran negocio por parte de la familia Hanck González y el vice presidente de Estados Unidos bajo el gobierno de George Busch, Dick Cheney, empresarios interesados en colaborar en el jugoso negocio de tomar en sus manos la reeducación de los malos.

De este modo puede observarse que el negocio que se oculta detrás del combate al narco es (y será: Venta de armas a la policía y el ejército, pero también a las bandas de delincuentes; construcción y administración subrogada de las cárceles por la Iniciativa Privada que recibirá un subsidio por cada prisionero. Explotación semi esclava de los reclusos en los centros de trabajo-prisiones. Extorsión a los traficantes de drogas. E extorsión a los consumidores. Producción y venta de drogas por parte de militares y policías. Despojo de bienes a supuestos narcotraficantes y la concentración de esos bienes en manos de policías, militares y políticos.
El exterminio de activistas y movimientos sociales, para someter a trabajadores, campesinos, indígenas, etc., a mayores condiciones de explotación y despojo.
Estos son algunos de los negocios que se están haciendo hoy en el país y que podrían menguar o desaparecer si le legalizaran algunas drogas, como la marihuana.
3. La semana próxima la Secretaría de Hacienda intentará recortar el presupuesto a la UNAM, que acaba de recibir el premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades; reconocida como la mejor Universidad de Hispanoamérica, la Máxima Casa de Estudios de México y patrimonio de la humanidad. Pero que para el gobierno panista resulta sólo un gasto oneroso. No obstante que las autoridades universitarias declararon que no habrá un solo recorte de personal docente o administrativo, este anuncio debería movernos a todos los universitarios, académicos, trabajadores y estudiantes a una enérgica movilización y a conformar un frente de todas las universidades e instituciones de educación superior del país en defensa del derecho a la educación pública universitaria y por el incremento de los recursos que se destinan a este rubro estratégico para el desarrollo del país.
No hacerlo será una traición al pueblo de México y un suicidio para los que hacemos la UNAM con nuestro trabajo cotidiano.
4. Solo los necios o los beneficiarios del modelo económico impuesto al país desde hace casi tres décadas, pueden seguir pensando que el pueblo aguantará eternamente las injusticias que se derivan de la crisis económica capitalista. Por ello viejos marxistas que se volvieron neoliberales cuando el modelito estuvo de moda, ahora están asumiendo posturas keynesianas para acomodarse a los tiempos y publican desplegados proponiendo políticas anticrisis para salvar al capitalismo y cotizarse para alguna candidatura de los partidos en decadencia.
Pero el sistema se esta hundiendo y hasta el Banco Mundial, institución imperialista al servicio del gran capital, ahora advierte que la economía mundial tendrá una contracción de 3% en este año (1.3 % mayor a la pronosticada hace unos meses). Que en América Latina la caída será de 1.4 % (se había previsto una disminución de 1 punto) y la recesión en México y Brasil arrastrará a toda la región hacia los negros abismos de la miseria.
Por su lado el Grupo Financiero Santander advirtió que este año la caída del PIB mexicano será alrededor del 10 por ciento.
No cabe duda, el 2010 será un año explosivo y de grandes oportunidades para que el bloque de los explotados, proletariado, pueblos indios, campesinos y estudiantes pobres manden al basurero de la historia a los capitalistas y su gobierno.