CALDERON NO PUEDE CON EL PAQUETE

Tomás Oropeza Berumen

México, 30.08.2008.- A menos de 2 años de su fraudulento arribo a la presidencia Felipe Calderón está enfrentando el repudio generalizado de la sociedad mexicana. Podría decirse que sólo cuenta con el apoyo de la oligarquía y de las empresas trasnacionales que lo encumbraron a cambio de que les hiciera el trabajo sucio de entregarles las riquezas nacionales que a 26 años de imposición del modelo neoliberal aún son propiedad del Estado.

Después de asestarle un garrotazo al panal del narcotráfico ya no puede controlar la reacción del enfurecido avispero de la delincuencia que desde Yucatán hasta Ciudad Juárez despliega una encarnizada ola de crímenes pese a los operativos de millares de soldados y policías.

La marcha convocada por los medio de manipulación de masas, Televisa, TV Azteca y casi toda la prensa a las órdenes del gobierno panista será también una demostración de que el gobierno calderonista ha fracasado en su obligación de garantizar la seguridad de la vida y bienes de los mexicanos. La delincuencia incubada en la pobreza de los barrios marginales primero ensaya con los habitantes de estos, con el ama de casa, el trabajador y el vecino.

Y es también con los de abajo con los que se ensañan la soldadesca y los polizontes en sus operativos, robando, violando, aterrizando en un ensayo de la guerra contra el pueblo que se esta preparando a nivel nacional en prevención de un estallido social que se esta gestando por el crecimiento de la pobreza y el hartazgo ante las injusticias y la concentración de la riqueza.

Este fin de semana y el lunes 1 de septiembre, verán la demostración del repudio a Calderón incluso en la histérica marcha de la organización derechista Iluminemos México (con veladoras y bajo los repiques de la catedral). Pero en este caso los líderes serán recibidos por el usurpador y miles de participantes habrán servido para levantar una cortina de humo, legitimar el mayor endurecimiento en la política de seguridad y justificar la mayor militarización del país.

En el mismo contexto de crisis económica, social y moral de la sociedad mexicana el Movimiento en Defensa del Petróleo pasará a una nueva fase, la de las movilizaciones pacíficas en las ciudades y el campo de todo el país, ante el anuncio de el Congreso de la Unión celebrará un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la reforma petrolera sin tomar en cuenta el rotundo NO de la consulta efectuada sobre el tema.

Ante el peligro eminente de que la mayoría mafiosa de diputados y senadores del PRIAN decida la entrega del petróleo al capital, este domingo se realizarán concentraciones en todas las plazas públicas del país para preparar las tareas que impidan a los diputados y senadores emanados de las elecciones fraudulentas del 2006 llevar a cabo la aprobación de la reforma estructural ordenada por el FMI y disfrazada de propuesta de calderonista.

La tarea será sin duda complicada y sin duda la más importante porque se enfrentará al más poderoso de los carteles de la delincuencia organizada, la de la clase política de derechas que se ha apoderado del Estado para despojar a los mexicanos de sus riquezas y recursos naturales e impulsar la concentración y centralización del capital a escala planetaria.

Quien sabe si el débil equilibrio que separa a la paz de la violencia y a la legalidad de la ilegalidad no se rompa en los próximos días del México crispado en que estamos. Si ello ocurriera el único responsable será el gobierno de Calderón que por cierto ya ha roto reiteradamente la legalidad mediante los operativos castrenses y policíacos a lo largo y ancho del territorio nacional.

El lunes primero de septiembre otras marchas habrán de realizarse, incluyendo un paro nacional contra la política económica y social del panista Calderón.

Organizaciones sindicales neocharras como la Unión Nacional de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente Sindical Mexicano, Sindicato de Tranviarios, STUNAM y otras, presionados por sus bases saldrán a las calles a demandar el cambio de modelo económico que ha arruinado la economía de millones de asalariados y provocado un desempleo que las cifras oficiales ubican arriba del 4%.

También el Frente en Defensa de la Soberanía Nacional integrado por organizaciones campesinas y laborales de todo el país llevará a cabo acciones de protesta. Igual la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que a su larga lista de agravios ha sumado la lucha contra la alianza educativa y el plan para desaparecer las escuelas normales.

Hoy el país esta descabezado. Calderón no gobierna a nadie ni dirige la guerra que según él libra contra los cárteles de la droga. La economía se está hundiendo y este año México a lo sumo “crecerá” 2.5% y será la nación más rezagada de América Latina, abajo incluso de Haití.

Esta claro que Calderón y su equipo no pueden con el paquete. Será mejor que se vayan. Porque si pretenden continuar en el poder sólo podrán hacerlo intensificando la represión contra un país que los detesta.

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CALDERON CRIMINALIZA LA LUCHA SOCIAL Y FRACASA EN SU GUERRA A LA DELINCUENCIA

Tomás Oropeza Berumen

México, 23.08. 2008.- Aunque los indicadores económicos y los síntomas de descomposición social del país indican que el futuro inmediato es incierto para la inmensa mayoría de los mexicanos, todo mundo sabe que el reciente cónclave del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) donde se acordaron 75 mediadas para continuar la costosa guerra del gobierno de facto de Felipe Calderón contra la delincuencia, será un completo fracaso.

Los 28 asesinatos registrados en varias entidades, 13 de ellos en la fronteriza Cd. Juárez cuando todavía sonaba el eco de las declaraciones realizadas por connotados delincuentes que asistieron a esa reunión -como la “maestra” Elba Esther Gordillo, el gober precioso de Puebla, Mario Marín; el asesino serial Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca; el líder petrolero Carlos Romero Deschamps o el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, confeso de realizar contratos con PEMEX cuando ejerció un cargo que se lo impedía- además de muchos otros turbios antecedentes, y las 6 narcomantas colgadas en la militarizada capital de Chihuahua, mientras se realizaba una reunión nacional de Procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia, es una demostración del poco respeto que a los capos del hampa les inspiran esas espectaculares cumbres políticas, militares y policíacas donde cuentan con más de tres aliados.

Sin embargo es preocupante que uno de los asistentes a esa reunión, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza haya expresado insistentemente en varios foros posteriores a la matanza de 14 personas, entre ellas un bebé de un año, en el poblado serrano de Creel, que debería modificarse el régimen de las garantías individuales y los derechos humanos de los mexicanos para combatir con mayor eficacia a la delincuencia.

Si bien es sabido que poco respeto existe a las garantías individuales por parte del ejército y las policías en las urbes y zonas rurales de México, el punto de vista de Reyes Baeza apunta hacia donde se dirigen las cosas. Igualmente las declaraciones de la Procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, quien sin prueba alguna sostuvo que la masacre de Creel era obra de “terroristas civiles” que pretendían desestabilizar al estado y al país, razón por lo cual era necesario “combatirlos con otros medios, dado que son más peligrosos que el narco”. Apuntalando así la tesis de Reyes Baeza y creando el novedoso fantasma del “terrorismo civil”, cualquier cosa que eso signifique.

Al mismo tiempo que se realizaba la aparatosa sesión del CNS bajo un cerco militar en el Palacio Nacional convertido en un búnker, un siniestro juez de Texcoco sentenció a una virtual cadena perpetúa a 13 campesinos convertidos por el gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto y el ex presidente Vicente Fox en presos políticos por defender sus tierras en San Salvador Atenco. A diez de ellos se les condenó a pasar en prisión más de 31 años y al dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, se le agregaron 45 años a los 67 años que ya purga en la prisión de Alta Seguridad del Altiplano, junto a Felipe Álvarez y el universitario Héctor Galindo.

Lo anterior revela claramente hacia donde se encamina el régimen policiaco militar impuesto en el país por el PAN y sus aliados del PRI y hasta del PRD, como el gobernador de Guerrero, Zeferino Torre Blanca, quien a propósito del enfrentamiento entre soldados y presuntos guerrilleros del ERPI sostuvo que estos eran meros delincuentes comunes a los que se debía combatir sin contemplaciones, igual que como decía quien desde el gobierno del estado combatió a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez en los setenta, Rubén Figueroa, coautor de la guerra sucia que sembró de cadáveres las montañas de ese estado, donde por cierto el 25 de julio fue asesinado el antropólogo y luchador social Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, investigador de la UAG y autor de varios libros sobre la cultura guerrerense, sin que a la fecha se haya castigado a los responsables.

Se trata de criminalizar a los luchadores sociales y de sembrar el terror entre la población con matanzas indiscriminadas, al grado de que se considere indispensable que se generalice la militarización del país y se establezca un estado de sitio, con suspensión de las garantías individuales constitucionales, tal como ocurre en los hechos en varias regiones de México.

Esto sería parte de una estrategia de guerra preventiva, ante los síntomas de agravamiento de las condiciones socioeconómicas que vivimos: creciente desempleo, inflación incontrolable, carestía y crisis alimentaria, parálisis de las industrias de la construcción y manufacturera, recesión económica, caída de la inversión extranjera, disminución de las remesas y amenazas de la mafia en el poder de entregar PEMEX al capital privado en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.