CON CALDERON, MAYOR EXPLOTACIÓN LABORAL Y SOMETIMIENTO AL IMPERIO YANQUI

Tomás Oropeza, México, 27.10.07.- El sometimiento del gobierno de Felipe Calderón a los intereses de Washington, al aceptar que nuestro país sea considerado dentro del área de seguridad del imperio gringo, y que el ejército mexicano, sea un simple peón del capital de aquella nación, sigue afianzándose al mismo tiempo que la ambición de una clase empresarial sedienta de ganancias acaba con la vida de 21 trabajadores petroleros en la Sonda de Campeche.

Asegurados contra el “terrorismo”

La firma de un acuerdo con el Banco Mundial por parte del secretario de Hacienda Agustín Carstens, para asegurar las inversiones extranjeras, paraestatales y nacionales ante los daños que les pudieran generar huelgas, sabotajes, o actos de terrorismo, es indicativa de la decisión gubernamental de enfrentar las consecuencias que pudieran acarrear el descontento social generado por la injusticia imperante en el país o por la política imperialista de Estados Unidos, con cargo al patrimonio de los mexicanos, en vez de buscar disminuir el descontento popular con una política menos injusta y de menor inequidad en la distribución del ingreso.

No hay que olvidar que en las recientes reformas a la legislación se tipifica como delito de terrorismo a varias de las formas de lucha social que tienen por finalidad obligar al gobierno a solucionar las demandas de algún sector social insatisfecho con su situación actual. Consecuencia de esas reformas, es la tendencia a criminalizar o los luchadores sociales, tal como lo demuestra la creciente cifra de presos y desaparecidos políticos en el país.

La “adhesión plena” al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), entidad del Banco Mundial responsable de asegurar a las compañías privadas “contra riesgos políticos” en los países donde opera deberá todavía pasar por una discusión en el congreso que es casi seguro que la aprobara, pues conforme a la información oficial el MIGA estimula la “inversión benéfica” para el desarrollo en mercados que inversionistas y aseguradores tradicionales ven con desconfianza, mediante seguros en contra de riesgos políticos y no comerciales.

El plan Mérida

Dentro de la línea de subordinar al país al área de intereses económicos, políticos y militares de Estados Unidos, el ahora bautizado como Plan Mérida mediante el cual supuestamente se llevará a cabo un programa de lucha conjunta contra el narcotráfico y el terrorismo, el gobierno del presidente G. Bush le entregará al de Calderón los primeros 500 millones de dólares de un total de 1, 400 que le serán entregados a México, en armamento, equipo, asesoría y entrenamiento. Todo dentro del paquete de recursos destinados a la guerra contra el pueblo de Irak.

Respecto a una aportación de 7000 millones de dólares por parte del gobierno de Calderón, anunciada por el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán surgió una polémica en la que el embajador fue regañado, pero no se despejaron las dudas.

Las consecuencias de un plan México o Mérida la podemos ver en el espejo de Colombia, donde hace varias décadas con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, se instrumentó el Plan Colombia y las consecuencias de ello ha sido que las actividades delictivas continúen envolviendo a toda la sociedad, que los grupos de paramilitares hayan adquirido mayor poderío con la complicidad del ejercito y el gobierno, que la presencia de militares norteamericanos sea un hecho cotidiano y que sea sobre todo el movimiento popular el enemigo a vencer por los esfuerzos del bloque mencionado.

En México es claro que se trata de establecer una nueva base militar de Estados Unidos, aunque supuestamente sin la presencia de soldados gringos, pero sí con un ejército entrenado y asesorado por el norteamericano, para cuidar los intereses estratégicos de aquél país. O sea, el petróleo, instalaciones estratégicas, minerales, agua, puertos, presas, electricidad, las fronteras, las costas. Además de regular la migración hacia el Norte y como dijo la canciller Patricia Espinosa, también "detectar terroristas".

Otro crimen industrial

La muerte de 21 petroleros en la Sonda de Campeche, casi todos empleados de la Compañía Perforadora Central, que realiza obras para PEMEX en el pozo Kab 101, constituye una nueva tragedia laboral que tiene su origen en la ambición desmedida de capitalistas asociados con el grupo político que actualmente detenta el poder en México y que afanados en obtener las mayores ganancias posibles violan la legislación laboral, pues saben que el Estado mexicano es su cómplice en el proceso de explotación salvaje que sufre la clase obrera mexicana.
Ya el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez había denunciado el nulo respeto por los derechos laborales por parte de Perforadora Central, empresa en la que hace medio año perecieron 5 obreros de Pemex y 5 contratados por ella resultaron heridos.
Al igual que la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila hace más de un año, este crimen industrial se ha producido en el contexto de la embestida empresarial para despojar al pueblo mexicano de las conquistas logradas durante décadas de abnegada y no pocas veces heroica lucha.
Las declaraciones del titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en el sentido de que a más tardar en diciembre serán entregadas al Congreso 184 iniciativas para reformar la Ley Federal del Trabajo, debería desencadenar desde ahora un movimiento defensivo del sindicalismo y el movimiento social mexicano para impedir que la LFT se modifique en beneficio exclusivo del capital, como sucedió recientemente con la nueva ley del ISSSTE y la reforma fiscal.

Sin embargo hasta ahora no se ven indicios de que eso vaya a suceder. Más bien lo que esta ocurriendo es que millones de mexicanos ya han escapado de la miseria cruzando el Río Bravo.

Hoy más de medio millón de hombres y mujeres se van del país cada año, tratando de encontrar empleo en Estados Unidos o en Canadá, que por ahora son los polos de atracción a pesar de la recesión que afecta al primero. Según datos de la Secretaría de Gobernación, en 2005 salieron del país 582, 612 paisanos y desde julio de 2006 a junio de 2007, se fueron 559 000 personas, principalmente jóvenes.

La consecuencia es que México se está despoblando, pues se ha reducido en medio punto porcentual la tasa natural de crecimiento poblacional. En el sexenio de Fox se marcharon del país 3.2 millones de mexicanos y con esto México ha perdido el 8% de la PEA.