¿Colombianización a la mexicana?

Óscar Enrique Ornelas

La llamada colombianización de México ha sido una tesis muy socorrida durante los últimos tres lustros. Ha sido manejada sobre todo por periodistas que dan por buenas muchas de las cosas que filtran los aparatos de seguridad.
Hoy parece una profecía autocumplida ante el auge de la violencia y el narcotráfico.
Investigadores como Luis Astorga han señalado que la tesis es reduccionista puesto que ignora las diferencias históricas y estructurales existentes entre Colombia y México.
No obstante, lo que sí puede documentarse es que hay un intento de colombianizar a México en función de las estrategias estadounidenses de militarización que no se han acabado con el gobierno de Barak Obama. Así lo comprueba la aprobación en estos días del presupuesto para el Plan Mérida. Tales estrategias incluyen ahora también la instalación de una nueva base militar estadounidense en Palanquero, Colombia. Sus funciones son muy amplias y operaría interrumpidamente hasta 2025.
En México no hay bases militares estadounidenses, pero podría haberlas de modo simulado.
Desde marzo de 2005 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se amplió para incluir aspectos de seguridad con el pretexto del narcotráfico y el terrorismo. A esto se le llama eufemísticamente Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan), un extenso perímetro que va desde el Ártico hasta el sureste mexicano.
Por otra parte, la militarización es algo que también se está dando dentro de Estados Unidos en abierta violación de la centenaria ley Posse Comitatus que prohíbe expresamente el uso de las fuerzas armadas en funciones policíacas internas. A una redactora del Army Times, periódico del Ejército de Estados Unidos, se le salió decir el año pasado que el Primer Equipo de Combate de la Brigada de la Tercera División de Infantería estaría durante 12 meses actuando como “una fuerza nacional de respuesta ante emergencias y desastres, naturales o producidos por el hombre, incluyendo ataques terroristas.” Estos elementos podrían “ser convocados para ayudar en caso de disturbios civiles y para el control de multitudes.”
Al mismo tiempo, se ha documentado el la intención de convertir a los jóvenes en chivatos y paramilitares. Los Boy Scouts, por ejemplo, tienen ahora mismo un programa para entrenar adolescentes estadounidenses de ambos sexos en técnicas de combate contra presuntos terroristas e inmigrantes ilegales. Significativamente, y pese a que las estadísticas policiales no lo sustentan, en los grandes medios estadounidenses se estuvo manejando (aunque de pronto la noticia dejó de ser noticia) que la violencia del narco mexicano ya llegó al suroeste de Estados Unidos, particularmente a Arizona. Melissa del Bosque, reportera del Texas Observer, atribuye estas historias sensacionalistas a las iniciativas de militarizar la frontera por parte de “políticos guerreristas.” A su vez, Gabriel Arana, de The Nation, asegura que los oficiales de policía y los periodistas de las ciudades fronterizas con México desmienten que la violencia mexicana se haya extendido a ellas. Una visita a los sitios web de los departamentos de policía de esas urbes lo comprueba. Véase por ejemplo el de El Paso, Texas. Los gacetilleros de extrema derecha que vomitan odio contra los mexicanos desde sus programas de radio y televisión arguyen que la policía está ocultando los hechos para no mostrar ineficacia.
El caso de la militarización de los Boy Scouts no es aislado. En Estados Unidos se está fomentando la militarización en las escuelas secundarias eliminando la separación que debe haber entre las fuerzas armadas y la sociedad civil. En Chicago, para citar el caso más investigado, hay escuelas dedicadas por entero a formar cuadros para la Marina, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines. Alrededor de 500 mil estudiantes están inscritos en secundarias militarizadas distribuidas por todo Estados Unidos. En 2007, la cadena pública PBS reportó en su noticiario en línea que más de 10 mil estudiantes de secundaria de Chicago vestían uniformes militares para ir a la escuela. Las minorías, muy afectadas por la falta de empleo, representan el 92 por ciento de la población escolar militarizada. Sólo el cuatro por ciento son blancos, comparados con el ocho por ciento de la población general de las secundarias de Chicago.
Lo anterior se asemeja al programa colombiano Convivir, las llamadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada especializadas en reclutar jóvenes.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la “estrecha relación de trabajo entre las fuerzas militares y las Convivir” convirtió a éstas en “agentes estatales.” En 1997, en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 356 de 1994, la Corte Constitucional colombiana declaró legítima la existencia de las Convivir aunque las conminó a regresar las armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y les impuso otras restricciones que, sin embargo, no terminaron con el fenómeno del paramilitarismo impulsado por el presidente Álvaro Uribe Vélez desde que era gobernador de Antioquia.
Según analistas colombianos, las características del gobierno de Uribe se resumen en lo siguiente:
1. Centralización absoluta del poder ejecutivo.
2. Control y disminución del Congreso.
3. Fortalecimiento del aparato militar.
4. Desarrollo de la estructura paramilitar.
5. Negación de las libertades democráticas.
6. Reducción de los derechos del pueblo.
7. Vinculación con los sectores más corruptos y violentos de las elites políticas y empresariales.
Varios de los puntos de esta lista ya son visibles en México bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.