2010
Tomás Oropeza Berumen

México, 10 de enero del 2010.- El 2009 terminó como empezó: muy mal para millones de trabajadores y desempleados. Con el aumento a la gasolina y de todos los productos y servicios por la vía de los hechos. Los comerciantes y el gobierno aprovecharon la coyuntura para cometer sus fechorías que no han parado hasta ahora porque la población está idiotizada con las fantasías navideñas.

El 2010 comienza peor, con los nuevos impuestos y aumentos de los existentes y de prácticamente todos los bienes y servicios como consecuencia del incremento de los combustibles y los tributos. Tan sólo la canasta básica subió 30 por ciento en los primeros días del año. Y habrá más “deslizamientos” a la gasolina, dice el flamante secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.

Los obreros que cobran el salario mínimo han tenido que aguantar calladamente un incremento que no alcanza ni para comprar un boleto del metro, apenas para unos 250 gramos de tortilla, que por cierto en algunas partes se vende hasta en 15 pesos.
Sólo ellos saben cómo van a hacerle para alimentar a su familia con menos de 60 pesos al día cuando los precios de 45 alimentos básicos aumentaron 45 por ciento en la primer semana del año.

El desempleo que rebasa los 3 millones sigue creciendo a pesar de la campaña propagandística pagada por el “presidente del empleo” para convencernos de que “el 2010 será el año de la recuperación”.

¿Quién puede creer esa patraña? Si la realidad cotidiana se encarga de desmentir los delirantes pronósticos de Felipe Calderón (quien ahora es asesorado por quien en los ochenta fuera el jefe máximo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de El Salvador, Joaquín Villalobos, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del poeta guerrillero Roque Dalton, el autor de Las Historias Prohibidas de Pulgarcito.
Es sabido que Villalobos también asesoró al ex presidente Ernesto Zedillo en el combate contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y ahora se desempeña en Colombia como consejero del presidente Álvaro Uribe, quien también dice combatir el narcotráfico y siguiendo las directrices del Pentágono ha permitido la instalación de siete bases militares del ejército gringo en el territorio de su país, para realmente buscar el exterminio de las FARC y al mismo tiempo presionar a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Cuba y Brasil, que buscan una alternativa diferente al credo neoliberal.

Otro asesor de lujo al servicio del presidente de facto mexicano es el salinista Héctor Aguilar Camín (Nexos) quien desde el CIDE desplegó una campaña encaminada a lograr la liberación de los paramilitares que cometieron la masacre de Acteal, Chiapas por órdenes del ex presidente Zedillo.

Ambos defienden y elogian la “guerra contra la delincuencia organizada” que a tres años de comenzada ha provocado la muerte de más de 17 mil mexicanos y sostienen que, lejos de haberse incrementado la criminalidad en México, esta ha descendido y que en Venezuela y Brasil la situación es mucho peor. Y uno se pregunta, si es verdad lo que dicen ¿porqué se militariza el país?

El año pasado concluyó con el país envuelto en la violencia y el 2010 comenzó con la amenaza de que el narco atentaría contra los ciudadanos de a pie, según la Agencia Antidrogas Americana (DEA) -que nunca desmintió esa especie- y el asesinato el día 3 de enero de la luchadora social Josefina Reyes Salazar, en CD. Juárez, Chihuahua.

No es difícil saber quien mató a la señora Josefina Reyes si se tiene en cuenta que a raíz de que su hijo fue secuestrado por el ejército ella se dedicó a exigir justicia y a denunciar las barbaridades que cometen militares y polizontes en su Operativo Conjunto contra la población de esa frontera a donde han llegado representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para demandar respeto a las vidas de activistas que han sido amenazados por las fuerzas federales.

Al autista de Los Pinos todo eso le tiene sin cuidado. Tampoco le importa que varias organizaciones sindicales de Estados Unidos y Canadá agrupadas en la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de las Industrias Química, de Energía, Minera y en General (ICEM) integrada por más de 20 millones de trabajadores en todo el mundo anuncie la realización de una campaña de denuncia de la política antiobrera de Calderón en 134 países así como ante los gobiernos de los socios más poderosos del TLCN al que esta integrado México. Total, el michoacano esta llevando a cabo el plan de terminar con los sindicatos independientes, destruyendo los contratos colectivos y entregando las riquezas del país al capital privado.