HACIA UNA DICTADURA

Tomás Oropeza Berumen

México, 20.02.010.- Todo parece indicar que el proceso de derechización y endurecimiento autoritario del gobierno de Felipe Calderón no tiene obstáculos serios, capaces de impedir su avance. Y que la tendencia hacia el establecimiento de una dictadura, de apariencia tripartidista y “democrática”, apoyada por los militares avanzará en los próximos años.

El discurso del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, en la celebración del Día del Ejército, demandando un marco jurídico que garantice la impunidad para las acciones del ejército en la supuesta guerra contra la delincuencia organizada, es indicio de que se avecinan tiempos de mayor represión contra los movimientos populares y persecución de quienes no creen en las fábulas gubernamentales.

La supuesta guerra contra los carteles del narcotráfico, que deja intactas las finanzas y riquezas de los traficantes, se ha convertido en un gran negocio, no solo para los delincuentes, sino también para quienes se supone que los combaten. Y está sirviendo como el pretexto para militarizar el país.

En su alocución, urgiendo la aprobación de leyes que le den “certidumbre” a las acciones castrenses, Galván sentenció que no debe prolongarse demasiado el combate militar contra el narco. Pasando por alto que conforme a la Constitución Mexicana el ejército no puede asumir el papel de la policía, conminó a discutir las reformas jurídicas que regulen la participación del ejército en tareas de seguridad interior; a reformar la Constitución para ponerla a modo de los intereses del estamento castrense.

O dicho en otros términos: si se quiere acabar cuanto antes con la delincuencia organizada, es indispensable reformar la constitución y aprobar las leyes que pongan a salvo a los militares de futuros juicios por su actuación pasada, presente y futura. Que no les vaya a pasar lo que les sucedió al ex general brigadier Arturo Acosta Chaparro (por cierto, acusado de narcotráfico y proteger al cartel de Juárez) y al también general Francisco Quiroz Hermosillo. Ambos responsables durante la guerra sucia contra la guerrilla del asesinato, tortura y muerte de cientos de campesinos.

Calderón, en la misma frecuencia, insistió por enésima ocasión en la urgencia de hacer los cambios que le permitirán arrebatarle al pueblo mexicano sus derechos democráticos, como el de manifestación, la libertad (tan restringida) de expresión, el derecho de huelga, de organización, etc.

Por lo pronto les otorgó un incremento del 40 por ciento a los militares para tenerlos contentos, mientras a los profesores y demás asalariados les impuso un tope del 4 por ciento.
Cuando Galván Galván advierte que “estarán atentos a las manifestaciones con dudosos patrocinios, cuyo objetivo es la calumnia y el desprestigio, buscando que los delincuentes obtengan una ventaja circunstancial y momentánea en el seno de la opinión pública (…)” (La Jornada, 20 de febrero 2010) esta insinuando que todos los que critican la estrategia militarista de Calderón en el combate al narcotráfico y en su política económica, son cómplices de los criminales.
Y uno se pregunta: ¿Acaso los juarenses que cansados de tres años de violaciones a los derechos humanos, asesinatos, etc. que se elevaron en mil por ciento con la llegada del ejército a CD. Juárez sirven a los capos de la droga porque exigen airadamente la salida de los soldados y la renuncia de Calderón? ¡Qué fácil es calumniar al pueblo, descalificarlo!
Otras señales ominosas: la liquidación de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, la destrucción del contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el despido masivo de más de 44 mil trabajadores en octubre pasado.
La declaración de inexistencia de la huelga minera de Cananea y el despido de sus mil 200 trabajadores por el Grupo Minero México; la cancelación del Contrato Colectivo de Trabajo que el Sindicato Minero había pactado con la citada compañía concesionada a Germán Larrea, al que Javier Lozano Alarcón, titular de la secretaría del Trabajo dio instrucciones para que reanude las operaciones de la empresa contratando a nuevo personal.
Esto ocurre en al cumplirse cuatro años de la muerte de 65 trabajadores de la mina Pasta de Conchos, Coahuila, también propiedad del Grupo Minero México, sin que el gobierno haya movido un dedo para rescatar los cuerpos de las víctimas de ese crimen industrial.
Todo ello al tiempo que se envió a miles de policías federales y soldados para intimidar en Cananea , a los mineros que están recibiendo apoyo moral de electricistas del SME, estudiantes y decenas de organizaciones sindicales y campesinas que participaron en el XI Foro Nacional Minero y presenciaron cómo los trabajadores en huelga desde hace dos años y siete meses, pusieron en marcha la maquinaria del socavón, demostrando de esta manera la falacia de los pretextos que sirvieron a las autoridades del trabajo (el Tribunal Colegiado en materia de Trabajo) para determinar el fin de la relación laboral.

Irónicamente, mientras el PRD hace alianzas con el gubernamental PAN y desaparecen la falsa alternativa del “menos peor” que representaban para muchos en los procesos electorales, debilitando de paso el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, quien se ha desdibujado por su oportunismo, en el país resisten a la política neoliberal desarticuladamente cientos de movimientos sociales, miles de individuos y colectivos que defienden los derechos laborales, educativos y agrarios.
Las contradicciones sociales siguen existiendo, a pesar de que arriba los señores del dinero y las armas lo ignoren. Y hasta en el seno mismo del grupo oligárquico en el poder se libra una lucha sorda por apropiarse de timón del Estado y esta no tardará en volverse cruenta. Ya lo veremos.