HACIA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Tomás Oropeza Berumen


El asesinato de un periodista en Cd. Juárez, el jueves pasado, y el escándalo desatado por la respuesta de los directivos de El Diario de Juárez, a los mafiosos, reconociéndolos como los verdaderos gobernantes de esa ciudad y preguntándoles ¿Qué quieren de nosotros? Y proponiéndoles una tregua, ha servido como pretexto para que legisladores de derecha e “izquierda” propongan establecer en aquella militarizada frontera de millón y medio de habitantes, un estado de excepción.

Luis Camargo Santiago Orozco, 22 años, es el nombre del fotógrafo de El Diario de Cd. Juárez, publicación local que ha sido blanco sistemático de atentados presuntamente vinculados a las bandas de delincuentes que hace dos años ejecutaron al reportero Armando Rodríguez Carreón sin que a la fecha se haya detenido a los autores.

Desde hace varias décadas Cd. Juárez es un campo de experimentación. Ahí se estableció hace casi medio siglo el modelo maquilador que después se extendió a todo el país. Allá comenzó la pesadilla de los asesinatos en serie de mujeres que a la fecha continúa. Fue uno de los primeros municipios gobernados por el PAN que desde hace diez años ocupa la presidencia del país. Fue también el primer municipio militarizado por el ejército que actúa como una fuerza de ocupación con el pretexto de combatir a la llamada delincuencia organizada sin el menor éxito. Se sospecha de que allá operan escuadrones de limpieza social, pues son muchas las masacres cometidas contra jóvenes marginados en centros rehabilitación o en fiestas juveniles como en la colonia Salvarcar que nunca se han aclarado.
Allí también estalló el primer auto bomba en la historia reciente del país. Y ahora se pretende imponerle un estado de excepción.

Igual ocurre ahora en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango o Guerrero, donde los que mandan son los militares, pero los narcos sigue siendo el poder real.
Y como van las cosas no es aventurado pensar que antes del 2012 México entero vea conculcadas sus libertades democráticas con el pretexto del combate a la delincuencia organizada.

En su editorial El Diario asienta una crítica que expresa el sentir no solo de los juarenses, sino de la inmensa mayoría de mexicanos:

“A la vuelta de estos años, la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada–, a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país. (…)


Ayer el senador Santiago Creel, un descendiente de la más reaccionaria y porfirista oligarquía chihuahuense combatida por el guerrillero revolucionario Pancho Villa, propuso que “se levanten (suspendieran) las garantías individuales en ese municipio mientras las fuerzas federales restauran el orden” idea que de inmediato fue apoyada por legislador René Arce del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en las pasadas elecciones -renunciando a su programa y principios- se alió al derechista partido gubernamental.

Arce enfatizó en la necesidad de aplicar el artículo 129 de la Constitución donde se establece la facultad del ejecutivo para suspender las garantías individuales cuando la paz sea perturbada (previa autorización del Congreso). La consecuencia de esto sería dar carta blanca a los militares para cancelar las libertades de expresión, reunión y manifestación. Así como arrestar y torturar a cualquier persona que consideren sospechosa. Violaciones que en la realidad se han venido cometiendo soterradamente en todo el país desde que Felipe Calderón inició su fracasada guerra contra los barones de las drogas.

El vocero del gobierno federal en materia de seguridad Alejandro Poiré acusó a El Diario de Cd. Juárez de negociar con la delincuencia y estableció que el gobierno de Calderón no recurrirá a ese expediente. Omitiendo que en el caso del secuestro del ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos, secuestrado hace más de cuatro meses, el gobierno ha respaldado la solicitud de su familia de mantenerse al margen para no obstaculizar el proceso de negociación con “Los misteriosos desaparecedores” banda que exige 50 millones de dólares a cambio de la libertad del poderoso político derechista miembro de un clan panista enemigo de Calderón.

Lo que esta sucediendo en Cd. Juárez, donde se experimentan las políticas que, como los hechos han demostrado, luego se implementan en todo el país, parece darle la razón a quienes sostienen que cada vez son mayores las franjas del país donde el Estado no puede cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad de los habitantes.

El gobierno pretende tapar el sol con un dedo y se desgarra las vestiduras por las palabras de El Diario que no hacen sino reconocer lo que todos allá y en muchas partes del país saben:

Dirigiéndose a alguna de las bandas que presuntamente cometió el crimen les dice:

“Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.

Después de sugerir a las bandas en pugna que digan que es lo que les molesta que se publique o se deje de decir advierte El Diario:

“Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar.

Curiosamente la PGJ del estado de Chihuahua al referirse al móvil del asesinato del periodista gráfico Luis Carlos Santiago Orozco, de 21 años, lo atribuyó a motivaciones personales, hipótesis compartida por el vocero de la secretaria de seguridad pública federal Alejandro Poiré, omitiéndose que el hecho de que el fotógrafo se encontraba en el estacionamiento de un concurrido centro comercial y a bordo del auto propiedad del Visitador estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson, quien ha investigado varios crímenes contra ciudadanos cometidos por militares y policías federales, motivo por el que reiteradamente ha sido amenazado de muerte por lo que el año pasado estuvo refugiado al otro lado del Río Bravo, en El Paso, Texas, durante varios meses.