LEGISLADORES Y ACADÉMICOS SE OPONEN EL REGLAMENTO FASCISTA DE FOX

Tomás Oropeza
Corresponsal

México, 8 de noviembre.- El reglamento de la Ley de Seguridad Nacional (en vigor desde el 31 de enero del año en curso) que hará obligatorio para los servidores públicos de la federación someterse a exámenes psicológicos, el detector de mentiras y permitir que sus comunicaciones y vida personal sean objeto de escrutinio por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CICEN), la policía política que cuida de la seguridad del Estado y del país, violará la Constitución y las garantías individuales.
Si se considera que el concepto servidor público abarca lo mismo a una enfermera, un profesor, que a un cartero, un empleado o a un gobernador y hasta al presidente de la República, el CISEN y finalmente los órganos de inteligencia del Ejercito mexicano, tendrán en sus manos el control de la vida de millones de personas, partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, grupos estudiantiles, etc., etc. Igual que en la Alemania Nazi hacía la GESTAPO.
El reglamento que entrará en vigor en cuanto sea publicado por el Diario Oficial de la Federación, es a todas luces un instrumento para generar miedo y aterrorizar a la población. Y es parte de las leyes supuesta lucha contra el terrorismo que el gobierno de Estados Unidos esta promoviendo para que sean impuestos en su periferia por gobiernos títeres como el de Vicente Fox en México.
Un día después de que el matutino La Jornada publicó un extracto de reglamento, se han producido airadas reacciones entre académicos y legisladores que se oponen tajantemente a su aplicación. Pero aún falta la reacción popular, que será la única que logre detener este intento del gobierno empresarial de Fox para imponer una legislación que legalice lo que siempre han hecho, violando la ley, los cuerpos de represión y los órganos de inteligencia política: el espionaje sistemático a los opositores al régimen.

Para el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Guillermo Garduño, especialista en temas de seguridad nacional, antes que otorgar mayores facultades a los órganos de inteligencia el gobierno mexicano debe preocuparse por impulsar un debate amplio en el que se determinen cuestiones fundamentales que tienen que ver con el control y la eficacia de los órganos de inteligencia.
Ya que al autorizar facultades discrecionales CISEN, cuyo director, Jaime Domingo López Buitrón, ingeniero industrial, profesor de la Universidad Iberoamericana y amigo del secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, miembro de la organización de ultraderecha El Yunque, para que vigile sistemáticamente a todos los servidores públicos y pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda auditorias a cualquier persona física o moral, cuando existan ''indicios'' de amenaza a la seguridad nacional, “es sumamente grave porque ante la falta de un marco jurídico adecuado se corre el riesgo de que dicha información se maneje discrecionalmente para los fines políticos o económicos del gobierno en turno.”
Independientemente de que existen elementos para considerar que el reglamento que está por aprobarse viola una serie de garantías individuales contenidas en la Constitución, el catedrático consideró que hay aspectos esenciales que no se toman en cuenta, como qué hacer con la información y quiénes tendrán acceso a la misma. Y sobre todo, quiénes son los funcionarios encargados de custodiar, manejar o usar esos datos.
Qué va a pasar? Cuando un personaje de la ultraderecha como el secretario de Gobernación Carlos Abascal que recibe información valiosa, una vez que deje el puesto pondrá a disposición de su partido (PAN), o lo que es peor, de grupos económicos afines.
Por su parte diputados de PRI y PRD, integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, expresaron su rechazo al reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, porque ''es anticonstitucional, violatorio de los derechos humanos'' y legitimaría el espionaje político, excesos que la Cámara de Diputados eliminó al aprobar la legislación en enero pasado. Advirtieron, además, que si bien el Ejecutivo tiene facultades reglamentarias, al incluir medidas no aprobadas por el Legislativo invadiría atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión y éste podría interponer una controversia constitucional.
''No queremos un Estado fascista que dé facultades extralegales al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como si se tratara del KGB ruso o las SS alemanas'', expresó el diputado perredista Arturo Nhale.
Por su lado el diputado del PRI Jorge Uscanga Escobar negó haber sido consultado sobre el contenido del reglamento y señaló que las disposiciones definidas en éste rebasan lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional, porque viola los derechos de los funcionarios federales, y exhortó al gobierno federal a no utilizar la normatividad ''como instrumento para espiar a enemigos políticos de cualquier partido''.
Arturo Nhale refirió que el viernes pasado se reunió con el director del Cisen, Jaime Domingo López Buitrón, quien pretende ''comentar'' el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional con algunos legisladores.
Para la también perredista Eliana García Laguna el gobierno foxista busca arrogarse poderes ''propios de un Estado paranoico, y pondría en grave riesgo el respeto y protección de las garantías individuales y los derechos humanos, porque se podría vulnerar la intimidad de las personas de manera discrecional''.
Existe el riesgo de que la información recabada por el Cisen, dijo, se utilice para chantajear a los mexicanos perseguidos. ''Quizá los datos sean irrelevantes para el público, pero no para los interesados. Las escuchas ilegales pueden llegar a cualquier extremo y nadie está a salvo. El Cisen debe ser una institución de inteligencia y salvaguarda de los intereses nacionales, no un centro de espionaje político.''